El Ministerio de Trabajo ha puesto sobre la mesa, por primera vez por escrito, lo que ha bautizado como «Plan Pyme 375» o, en su versión larga, el «Plan de medidas de acompañamiento a la pequeña empresa en la implantación de la reducción y el registro de jornada». El documento, al que ha tenido acceso EL MUNDO, ha sido entregado este mismo viernes a los negociadores de la patronal y los sindicatos, que ahora tienen que analizar la letra pequeña.

A priori, el plan de acompañamiento para pymes del Gobierno limita considerablemente el alcance de las ayudas, ya que sólo se beneficiarán las empresas de hasta 10 trabajadores con un volumen de negocio inferior a 2 millones de euros al año y que tengan que implantar la reducción de jornada prevista legalmente (es decir, aquellas que no tengan ya una jornada efectiva por debajo de 37,5 horas semanales de promedio en cómputo anual).

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Las reuniones para negociar el recorte de la jornada máxima legal a 37,5 horas a partir de 2025 empiezan a agotar la paciencia, sobre todo, de los sindicatos. “No hay ningún avance de nada”, ha declarado este jueves la secretaria de Acción Sindical de CC OO, Maricruz Vicente, al término de un nuevo encuentro del Ministerio de Trabajo con los interlocutores sociales. Mientras que el vicesecretario general de política sindical de UGT, Fernando Lujan, ha añadido que “hay que empezar a trasladar a la opinión pública que esta negociación no puede durar eternamente”. Sin embargo, el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, es mucho más optimista y ha asegurado que “hay posibilidades de acuerdo”.

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El Tribunal Superior de Justicia de Aragón, en sentencia de 17 de mayo, ha confirmado que el despido de un directivo que durante la pandemia «hizo el paripé» y fingió trabajar debe ser catalogado de procedente. 

Fue una total dejación de su responsabilidad pese a lo cual siguió percibiendo su retribución, con autonomía y libertad que fue lo que le permitió su falta de actividad laboral.

El enjuiciamiento de todo despido debe abordarse de forma gradualista buscando la necesaria proporción ante la infracción y la sanción y aplicando un criterio individualizador que valore las peculiaridades de cada caso concreto, y en el caso, el Tribunal no duda de la gravedad de los hechos que se imputan en la carta de despido, cuya procedencia confirma.

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El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones está interesado en que los trabajadores alarguen su vida laboral más allá de la edad de jubilación, especialmente los trabajadores autónomos. Para conseguir ese fin, y de acuerdo con patronal y sindicatos, el departamento que dirige Elma Saiz cambiará la jubilación activa.

Entre los incentivos que planean para lograr su objetivo está el de establecer que quienes aplacen su retiro, una vez jubilados podrán seguir trabajando sumando a su salario normal un 45% de la pensión de jubilación que le corresponda. Este porcentaje iría aumentando progresivamente hasta poder recibir el 100% de su pensión a partir de los 11 años en estado de jubilación activa. Por cada año que pase en jubilación activa, el porcentaje de pensión que cobra aumentará en un 5%.

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Estar enfermo no es un motivo lícito para que la empresa le descuente a su empleado el complemento de asistencia o de puntualidad. Así lo ha estimado el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), en una reciente sentencia a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. En la misma, los magistrados consideran que las compañías que así lo hagan incurren en una práctica ilegal que supone una discriminación directa por motivos de salud. Es decir, las incapacidades temporales no computan a efectos de absentismo a la hora de calcular pluses.

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