El Gobierno ha aprobado este martes la extensión de la norma de prevención de riesgos laborales para los empleados del hogar (en su inmensa mayoría mujeres), lo que supone que sus empleadores (las familias) tendrán que hacer una evaluación de riesgos, que podrán dedicar parte de su jornada de trabajo a formarse y que tendrán derecho a someterse a exámenes médicos periódicos, según ha anunciado la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, al término de la reunión del Consejo de Ministros.

«Son las invisibles, sostienen nuestras vidas, nos cuidan y forman parte de nuestras familias (…) el Gobierno está comprometido con los derechos de las empleadas del hogar y es un Gobierno feminista», ha reivindicado Díaz en rueda de prensa.

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Los sindicatos mayoritarios UGT y CC OO han anunciado este miércoles que se movilizarán el próximo 26 de septiembre, dentro de dos semanas, delante de las sedes de la patronal de todas las capitales de provincia, para forzar a los empresarios a que se sumen al acuerdo para reducir la jornada laboral hasta las 37,5 horas semanales. Dos días después de que se retomase el diálogo social tras el parón de agosto, se confirma la amenaza que venían avanzando las centrales, como respuesta, en su opinión, a la inacción de las organizaciones empresariales. “Los partidos políticos tienen que saber que la inmensa mayoría de los ciudadanos quiere vivir mejor y eso redundará desde el punto de vista de la eficacia económica y de la creación de empleo”, ha sostenido Pepe Álvarez, secretario general de UGT.

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El Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) concluyó que la legislación española estaría vulnerando el artículo 24 de la Carta Social Europea que garantiza el derecho de los trabajadores a una protección adecuada en caso de despido improcedente. El organismo comunitario determinó, como respuesta a una demanda presentada por UGT, que la compensación nacional no es suficiente para cubrir los daños que sufren los trabajadores despedidos y, además, no tiene un efecto disuasorio para los empleadores. Esta resolución ha abierto un debate en el Gobierno de coalición, con el Ministerio de Trabajo considerando que sería oportuno dar otra vuelta a la reforma laboral del 2021, pero con el Ministerio de Justicia concluyendo que España ya cumple la carta europea.

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El Gobierno continúa labrando el terreno para lograr un acuerdo amplio, incluyendo a patronal y sindicatos, para la reducción de jornada laboral a las 37,5 horas semanales. Tras haber realizado un primer guiño a los empresarios en el último borrador trasladado a los negociadores hace una semana, el Ministerio de Trabajo confirmó este miércoles que ya se trabaja en la estipulación de un periodo transitorio para la incorporación de la ley en las empresas, si bien queda para siguientes encuentros el desarrollo de esta vía de flexibilización de la aplicación de la ley, sobre la que el gabinete de la vicepresidenta Yolanda Díaz se ha comprometido a plasmar en un documento, por escrito.

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La justicia europea ha aclarado las dudas sobre qué pasa cuando los trabajadores de una compañía son despedidos como consecuencia de la jubilación del empresario. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dictado una sentencia este jueves en la que ha determinado que esta situación debe ser tramitada como los despidos colectivos y, por tanto, es necesario que se abra un periodo de consultas para intentar, al menos, atenuar las consecuencias de la extinción de los contratos de trabajo. En este sentido, indica que la legislación española es contraria a la normativa europea porque limita los despidos colectivos a aquellos que se dan por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción y no a los que tienen lugar por iniciativa del empleador y por causas ajenas a la voluntad de los trabajadores.

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