El ministro abre la puerta a plantear un mayor periodo transitorio de adaptación y a incrementar de forma selectiva las horas extraordinarias en los sectores más afectados

La patronal ve complicado que Trabajo recoja el guante de sus propuestas, aunque el ministro Carlos Cuerpo ve margen en la distinción sectorial

Yolanda Díaz hará una nueva oferta a CEOE y Cepyme para ablandar la postura de los empresarios y tratar de sumarles al acuerdo

Los empresarios dicen basta y exigen el cese de las injerencias del Gobierno

Pocas horas después de la publicación del duro manifiesto abanderado por Cepyme contra el «intervencionismo» del Gobierno en la empresa, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, salió al corte de la escalada dialéctica de las últimas horas con una exposición de motivos sobre algunos elementos cruciales de la negociación para la reducción de jornada que dista de las tesis que el Ministerio de Trabajo trata de implantar.

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El Tribunal Supremo (TS) concluye que el plazo que tiene un trabajador para reclamar el despido es hasta las 15 horas del día 21 desde que se produce el mismo.

El Alto Tribunal ratifica así su sentencia del 26 de mayo de 2015 y estima el recurso de una trabajadora a la que tanto el Juzgado de lo Social de Plasencia (Cáceres) como el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJE) impidieron la reclamación al considerar que la acción estaba caducada ya que se presentó 22 días después, cuando el Estatuto de los Trabajadores (ET) estipula que el ejercicio de la acción caducará a los 20 días del despido.

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Tras más de un año sin consensos en la mesa de diálogo social que congregaran a patronal y sindicatos, el Gobierno amarró recientemente una de los pocos acuerdos que contarán con la rúbrica tanto de las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme, como de UGT y CC.OO. Sin embargo, el éxito de la negociación que trata de escenificar el Ministerio de Trabajo con la rúbrica del protocolo que deberán tener los centros de trabajo para garantizar la igualdad LGTBI es diluido por la patronal que rebaja el pacto a un mero acuerdo de mínimos sobre una materia altamente sensible en la que todas las partes muestran compromiso.

De hecho, fuentes empresariales consultadas por ABC señalan que el problema sobre este acuerdo no es tanto de calado económico, aunque también implique un cierto coste armar las estructura negociadora en de los convenios colectivos para incorporar estos planes como conmina la norma sino que supone una nueva tarea en materia de negociación colectiva que se añade al abanico de aplicaciones legislativas que ha forzado el Gobierno en los últimos años con la aprobación de casi una treintena de modificaciones tras la reforma laboral.

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El Tribunal Supremo (TS) ya analiza la legalidad de la indemnización adicional por despido improcedente que cada vez más jueces otorgan a los trabajadores, amparados en el artículo 24 de la Carta Social Europea que defiende una compensación adecuada o que repare el daño.

El Alto Tribunal, en un auto del 21 de mayo, ha estimado parcialmente el recurso de una compañía contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que obligó a la empresa a indemnizar a una trabajadora por lucro cesante más allá de los 33 días de salario por año trabajado que establece el Estatuto de los Trabajadores (ET). Este fallo del TSJC del 30 de enero de 2023 ahora recurrido fue muy mediático al ser uno de los primeros en incrementar la indemnización en base a la Carta Social Europea, al considerar que la cifra pagada por el empresario era «insignificante», no compensaba el daño producido ni tampoco disuadía a la empresa de repetir su comportamiento.

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Más de ocho millones de bajas por enfermedad el pasado año y un coste de 14.000 millones de euros han convertido la gestión de las bajas laborales en el segundo gasto más elevado de la Seguridad Social y en el quebradero de cabeza de los gestores públicos. Fracasados los intentos de controlar los abonos, y cerrada la puerta a que las mutuas controlen las ausencias al trabajo en procesos traumatológico, los más largos y frecuentes, la nueva vía ahora es pedir datos complementarios de los trabajadores de baja a las empresa, según refleja la documentación a la que ha tenido acceso ABC.

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