La reducción de la jornada laboral tiene un futuro azaroso. Se ha entrado en la recta final de la negociación, con nueva reunión posible pero aún no confirmada este jueves, con la patronal resistiéndose a entrar en el fondo de la negociación, unos sindicatos ya inquietos y un futuro complejo en el pase por el Parlamento.

Los sindicatos temen que las primeras derrotas parlamentarias del Gobierno vayan a más y que, en un potencial bloqueo de la agenda legislativa, una de las víctimas sea la reducción de la jornada. Es una reforma que consideran estrella, no solo por los cuarenta años que lleva sin modificarse legalmente sino por la buena entrada que tiene entre los trabajadores. También para el Ministerio de Trabajo es un cambio fundamental. En cambio, la CEOE se resiste a tocar un tema considerado tabú en la patronal y además, con la convicción de que, sin su apoyo, será muy difícil que consiga pasar el trámite parlamentario.

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Una profesora que se encontraba de baja por incapacidad temporal ha llegado hasta el Tribunal Superior de Justicia de Madrid para defenderse de un correo electrónico que recibió de la empresa. Un correo masivo que, sin embargo, los tribunales han dictaminado que no vulnera su derecho a la desconexión digital. Ello, debido a su poder de decisión de si abrir el correo, o no hacerlo.

Brenda (nombre ficticio) trabajaba como profesora de Educación Secundaria Obligatoria en un instituto de Alcalá de Henares desde septiembre de 2020. Un empleo que, sin embargo, se truncaba en 2023, cuando la profesora se sintió acosada por uno de sus alumnos.

Así pues, tal y como ella misma denunció ante la Policía Nacional, uno de sus alumnos «iba al baño a masturbarse, regresando al aula sin lavarse las manos». Sucesos que se fueron repitiendo, incluso con masturbaciones en el aula. Hasta el punto en el que el alumno, tal y como explicó la profesora, llegaba a realizarle «miradas mientras se realizaba los tocamientos, y la esperaba al salir de clase o en los pasillos».

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El Gobierno ha aprobado este martes la extensión de la norma de prevención de riesgos laborales para los empleados del hogar (en su inmensa mayoría mujeres), lo que supone que sus empleadores (las familias) tendrán que hacer una evaluación de riesgos, que podrán dedicar parte de su jornada de trabajo a formarse y que tendrán derecho a someterse a exámenes médicos periódicos, según ha anunciado la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, al término de la reunión del Consejo de Ministros.

«Son las invisibles, sostienen nuestras vidas, nos cuidan y forman parte de nuestras familias (…) el Gobierno está comprometido con los derechos de las empleadas del hogar y es un Gobierno feminista», ha reivindicado Díaz en rueda de prensa.

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Los sindicatos mayoritarios UGT y CC OO han anunciado este miércoles que se movilizarán el próximo 26 de septiembre, dentro de dos semanas, delante de las sedes de la patronal de todas las capitales de provincia, para forzar a los empresarios a que se sumen al acuerdo para reducir la jornada laboral hasta las 37,5 horas semanales. Dos días después de que se retomase el diálogo social tras el parón de agosto, se confirma la amenaza que venían avanzando las centrales, como respuesta, en su opinión, a la inacción de las organizaciones empresariales. “Los partidos políticos tienen que saber que la inmensa mayoría de los ciudadanos quiere vivir mejor y eso redundará desde el punto de vista de la eficacia económica y de la creación de empleo”, ha sostenido Pepe Álvarez, secretario general de UGT.

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El Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) concluyó que la legislación española estaría vulnerando el artículo 24 de la Carta Social Europea que garantiza el derecho de los trabajadores a una protección adecuada en caso de despido improcedente. El organismo comunitario determinó, como respuesta a una demanda presentada por UGT, que la compensación nacional no es suficiente para cubrir los daños que sufren los trabajadores despedidos y, además, no tiene un efecto disuasorio para los empleadores. Esta resolución ha abierto un debate en el Gobierno de coalición, con el Ministerio de Trabajo considerando que sería oportuno dar otra vuelta a la reforma laboral del 2021, pero con el Ministerio de Justicia concluyendo que España ya cumple la carta europea.

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