Una de las barreras que deberá sortear la ley de reducción de jornada que el Gobierno quiere implantar a partir del próximo año con el máximo de 37,5 horas semanales es la propia composición del tejido productivo. El hecho de que el 99% sean pymes configura un obstáculo difícilmente cuantificable, toda vez que en la incorporación de la normativa no sólo el coste asociado determina el impacto sobre la actividad, sino la capacidad de reorganización de los recursos humanos o de redistribución de horarios también supone un elemento diferencial a la hora de poder ingerir la medida con el menor daño posible.

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