El 7 de junio no será el apocalipsis normativo que muchas empresas temen. Pero tampoco será un día cualquiera.

Esa es, en síntesis, la tesis que Alfredo Aspra, socio director de Labormatters Abogados y uno de los abogados laboralistas más reputados del país, defendió este martes en Madrid en el marco de la jornada sobre transparencia retributiva organizada por su firma junto al Observatorio de Recursos Humanos (ORH), Peoplematters y la Mutualidad de la Abogacía.

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Dos mil setecientas cincuenta y tres horas y setenta y seis centésimas. Ese es el número exacto de horas extraordinarias que un capitán de buque realizó, durante el año 2020, para la empresa Rusa Santander, S.L.

La compañía, dedicada al remolque portuario de buques, es decir, a asistir a los barcos en sus maniobras dentro del puerto (entrada, salida, atraque o desatraque) en aguas cántabras, sostenía que ya las había pagado. Que el plus de actividad que abonaba mensualmente —más de 17.000 euros solo en ese ejercicio— absorbía cualquier exceso de jornada.

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Revés judicial para la Inspección de Trabajo. El Tribunal Supremo (TS) ha fijado doctrina al establecer que este órgano, dependiente del Ministerio de Trabajo, no puede acceder sin autorización judicial al domicilio social de una empresa, aunque no practique registro ni incautación de documentos.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo, en su sentencia nº 441/2026, concluye que la mera entrada ya vulnera el derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio, corrigiendo así el criterio del TSJ de la Comunidad Valenciana y reforzando las garantías constitucionales de las personas jurídicas frente a actuaciones inspectoras.

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2.000 euros de multa tendrá que pagar una empresa de automoción por el accidente laboral de uno de sus trabajadores. El empleado sufrió una caída en la rampa que normalmente se utiliza para el paso de los vehículos y se fracturó la muñeca.

Ahora un juzgado de lo Social de Murcia ha confirmado la sanción que le impuso la Comunidad Autónoma. En la sentencia, recogida por EFE, se indica que la responsabilidad de la caída es de la empresa ya que no adoptó las medidas necesarias para evitar el uso de la rampa por los trabajadores como peatones.

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El Tribunal Supremo (TS) ha flexibilizado el criterio por el que nace la prestación por cuidados de hijos enfermos a los padres.

La Sala de lo Social del Alto Tribunal en su sentencia 197/2026, de 24 de febrero, estima que lo determinante para que se conceda la prestación es que se requiera el cuidado «directo, continuo y permanente del menor durante el tratamiento de larga duración», sin que haya hospitalicio de larga duración y el hijo recibe tratamiento en casa o en el colegio.

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