El Tribunal Supremo (TS) ha flexibilizado el criterio por el que nace la prestación por cuidados de hijos enfermos a los padres.

La Sala de lo Social del Alto Tribunal en su sentencia 197/2026, de 24 de febrero, estima que lo determinante para que se conceda la prestación es que se requiera el cuidado «directo, continuo y permanente del menor durante el tratamiento de larga duración», sin que haya hospitalicio de larga duración y el hijo recibe tratamiento en casa o en el colegio.

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El Ministerio de Seguridad Social corrige el error por el que había aplicado una penalización excesiva a las nóminas de los jubilados que se habían retirado anticipadamente desde el 1 de enero y tenían derecho a la pensión más alta. Así consta en una nota interna a la que ha tenido acceso elEconomista.es y en la que se recoge la resolución del secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez, que deja sin efecto la resolución emitida a finales de diciembre por la que se había aplicado la penalización acordada para el año 2033 en 2026.

Esta decisión tiene efectos retroactivos al 1 de enero, por lo que se compensará a los jubilados afectados de manera automática, por lo que no hará falta solicitarla, según confirman fuentes de Seguridad Social a este periódico.

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El Ministerio de Trabajo confía en que el dictamen negativo emitido por el Consejo de Estado no retrasará la entrada en vigor del nuevo registro de jornada. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, anunció hace medio año la puesta en marcha por la via reglamentaria de una batería de cambios para endurecer el control horario y facilitar el control de la Inspección de Trabajo de los excesos temporales. No obstante, las desavenencias en el interno de la coalición sobre esta materia y los informes negativos remitidos desde el Ministerio de Economía han desencadenado un nuevo choque y queda en el aire la fecha exacta de cuándo empezarán a regir las nuevas condiciones de fichaje.

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La Inspección de Trabajo y Seguridad Social tiene previsto realizar este año un total de 14.425 actuaciones inspectoras en materia de tiempo de trabajo y horas extraordinarias, un 61% menos de las que realizó el año pasado (37.386), según ha admitido el Gobierno en respuesta por escrito a una pregunta parlamentaria planteada por dos diputados de ERC en el Congreso.

«¿Cree el Gobierno que se están llevando a cabo las inspecciones necesarias ante los incumplimientos de las empresas en materia laboral que denuncia el sector?», cuestionan Inés Granollers y Jordi Salvador i Duch, diputados de ERC, en una pregunta fechada el 16 de diciembre en la que se interesan por las condiciones de trabajo del colectivo de conductores profesionales. En una respuesta por escrito de tres páginas del día 24 de febrero, a la que ha tenido acceso EL MUNDO, el Ejecutivo expone las actuaciones realizadas hasta la fecha y las previstas para este ejercicio, lo que permite constatar una reducción de la actividad inspectora en esta materia.

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El uso de sistemas biométricos para el control de jornada laboral sigue siendo uno de los focos de mayor conflicto en materia de protección de datos.

Sin embargo, una reciente resolución de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) aclara que no todo uso de la huella dactilar, per se, es contrario a la normativa.

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