El calor sigue sin dar tregua y durante los próximos días España atravesará un episodio de altas temperaturas con avisos en varias comunidades autónomas, una situación que obliga a mirar con atención las condiciones de trabajo de los trabajadores que ejercen sus labores al aire libre.

El avance de los efectos del cambio climática conlleva episodios cada vez más recurrentes de climatología realmente adversa y que, en ocasiones, pone en riesgo a los trabajadores durante su jornada de trabajo. Por eso, la normativa laboral se ha adaptado y, desde hace algo más de un año, ofrece un permiso retribuido en situaciones graves.

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El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo; la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz; la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen; el ministro de Hacienda, Arcadi España; y la titular de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz; han mantenido esta mañana una reunión junto al diálogo social para realizar un seguimiento de las medidas para afrontar los efectos de la guerra en Irán. En la reunión, en la que han estado presentes el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi; la presidenta de Cepyme, Ángela de Miguel; y los secretarios generales de UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo, respectivamente; se han comprometido a reunirse de nuevo en las próximas semanas para evaluar qué medidas serán necesarias mantener más allá del 30 de junio.

«En las próximas semanas mantendrá reuniones con los agentes sociales y los sectores para compartir el diagnóstico y evolución del estado de situación de cara a calibrar las medidas de apoyo que puedan ser necesarias una vez finalice el plazo de las que están en vigor», ha asegurado Cuerpo.

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La normativa de la Seguridad Social establece que la incapacidad temporal tiene una duración ordinaria de 365 días. No obstante, puede ser prorrogada otros 180 días si se considera que el trabajador aún puede recuperarse.

Por tanto, el tiempo máximo de una baja es, de manera general, de 545 días, es decir, aproximadamente 18 meses. Sin embargo, existe una excepción que permite llegar a los 24 meses, aunque es poco frecuente.

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La Seguridad Social establece un nuevo criterio y obliga a las empresas a pagar la sanción por los accidentes laborales o enfermedades profesionales que sufran los becarios. Las compañías tendrán que asumir un recargo de entre el 30% y el 50% sobre la prestación por incapacidad temporal o incapacidad permanente que les reconozca la Administración.

Este porcentaje variará en función de la gravedad de la negligencia de la firma por no cumplir de forma adecuada con la prevención de riesgos laborales.

En la actualidad, la Ley General de Seguridad Social obliga a las empresas a asumir este recargo con sus trabajadores cuando la lesión se produzca por equipos de trabajo o en instalaciones que carezcan de los medios de protección reglamentaria, estén en malas condiciones o cuando la compañía no haya puesto las medidas adecuadas para garantizar la seguridad y salud de los empleados. La novedad está en que ahora la Seguridad Social ha establecido un nuevo criterio, comunicado el pasado 11 de mayo, en el que extiende esta sanción por la negligencia del empresario frente a los alumnos en prácticas, ya sean de FP o universitarios.

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El Gobierno se arriesga a incumplir el plazo fijado por Bruselas para implantar la nueva normativa de transparencia salarial. El Ministerio de Trabajo abrió el pasado 24 de abril el trámite de consulta pública previa para la futura ley que debe transponer la directiva europea sobre igualdad retributiva, cuyo límite expira el 5 de junio de 2026, sin que por ahora exista un borrador articulado ni un calendario claro de tramitación parlamentaria.

La futura norma adaptará al ordenamiento español la Directiva (UE) 2023/970, que obliga a reforzar los mecanismos para garantizar la igualdad salarial entre hombres y mujeres y a introducir nuevas exigencias de transparencia tanto en los procesos de selección como en la estructura retributiva de las empresas.

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