El Gobierno se arriesga a incumplir el plazo fijado por Bruselas para implantar la nueva normativa de transparencia salarial. El Ministerio de Trabajo abrió el pasado 24 de abril el trámite de consulta pública previa para la futura ley que debe transponer la directiva europea sobre igualdad retributiva, cuyo límite expira el 5 de junio de 2026, sin que por ahora exista un borrador articulado ni un calendario claro de tramitación parlamentaria.

La futura norma adaptará al ordenamiento español la Directiva (UE) 2023/970, que obliga a reforzar los mecanismos para garantizar la igualdad salarial entre hombres y mujeres y a introducir nuevas exigencias de transparencia tanto en los procesos de selección como en la estructura retributiva de las empresas.

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