Las organizaciones empresariales han situado el incremento de las bajas por incapacidad temporal en el centro de su agenda. El gasto de las empresas y la Seguridad Social en estos procesos no ha dejado de crecer desde 2019 y la patronal busca cerrar acuerdos en los convenios colectivos que contengan este coste a cambio de aplicar otras mejoras para los trabajadores. En este contexto, un convenio recoge por primera vez que las empresas aceptarán más solicitudes de jubilación parcial a medida que caiga la tasa de absentismo del sector.

Se trata del acuerdo firmado en el sector de la seguridad privada, entre APROSER, ASECOPS y FES y los sindicatos UGT, CCOO y USO a comienzos de abril. En él, se incluye esta solución, por la que las empresas se emplazan a aceptar un 10% de las solicitudes de jubilación parcial presentadas a lo largo del año si la tasa de absentismo por incapacidad temporal (IT) para el sector de seguridad publicada por Randstad baja del 8%. Un pacto sin precedentes y que los negociadores dudan que se pueda extrapolar a otras negociaciones colectivas.

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Es habitual que cuando se hace público un pronunciamiento de compatibilidad de prestaciones nos quedemos con la decisión final y enseguida la proyectemos a nuestro caso, sobre todo cuando hablamos de un beneficio que es la excepción a la regla general de incompatibilidad.

Desde nuestra firma estamos comprometidos con el rigor jurídico y por eso vamos a hacer un análisis más detenido del contenido de la sentencia para evitar confusiones y malentendidos.

Comenzaremos por afirmar que sí, que ambas prestaciones podrán ser compatibles pero, solo y exclusivamente; si se cumplen ciertos requisitos

¿Qué requisitos han de cumplirse para que sean compatibles la incapacidad permanente y el subsidio de desempleo para mayores de 52 años?

Hay dos requisitos básicos que deben cumplirse.

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La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG) ha elevado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) una cuestión prejudicial que pone en tela de juicio uno de los requisitos tradicionales de acceso a la pensión contributiva de jubilación: acreditar dos años cotizados dentro de los quince anteriores al hecho causante.

Los magistrados aprecian indicios de que esta exigencia podría perjudicar especialmente a las mujeres, debido a las mayores dificultades que presentan este segmento de la población para mantenerse en el mercado laboral en el tramo final de su carrera profesional (por la persistencia de las responsabilidades de cuidados, entre otros factores).

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A pesar de que la transposición de la Directiva (UE) 2023/970 del Parlamento Europeo y del Consejo de 10 de mayo de 2023 sobre transparencia retributiva no se transponga en España antes de la fecha límite (este 7 de junio) en España, la justicia no hace oídos sordos a lo que resuena en el viejo continente.

De este modo, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), en su sentencia nº 228/2026, de 27 de febrero, ha declarado la improcedencia del despido de un trabajador que descargó las nóminas de su empresa y más tarde comentó con algunos compañeros al ver que cobraba menos.

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La Inspección de Trabajo dejará de entrar sin autorización judicial a los despachos de los directivos, salas de reuniones del consejo de administración y espacios en los que haya archivos confidenciales.

La Dirección del Organismo Estatal de Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha emitido una instrucción para marcar el camino a los inspectores, a la que ha tenido acceso elEconomista.es, después de la sentencia del Tribunal Supremo del 14 de abril que dio un vuelco a las entradas y registros en las compañías.

El tribunal estableció que la inspección no puede entrar al domicilio social de una compañía sin orden judicial. Por tanto, concluyó que cuando coincida en una misma ubicación el domicilio social con el centro de trabajo se necesita autorización judicial previa. «La única excepción podría venir dada, una vez valoradas las específicas circunstancias de cada caso, cuando entre la zona de oficinas del domicilio social y la zona de centro de trabajo exista una separación física apreciable y, además, la autoridad o sus agentes informen de que su propósito es únicamente acceder a la primera», puntualizó.

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