El BOE publica este sábado el real decreto-ley, aprobado este viernes en Consejo de Ministros, con medidas de urgencia sobre la creación artística, como que puedan compatibilizar la pensión de jubilación con creación artística y cotizar en periodos inactivos, y que son reflejo de las recomendaciones del informe de la Subcomisión de Cultura para la elaboración del Estatuto del Artista, aprobado por unanimidad por el Congreso de los Diputados el pasado mes de septiembre.

El real decreto-ley fue aprobado a propuesta de los Ministerios de Cultura y Deporte, Hacienda, Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, y tiene como objetivo «garantizar un adecuado desempeño de la actividad artística, sobre la base de la consideración de sus peculiaridades características que la hacen merecedora de un régimen fiscal, laboral y de la Seguridad Social que garantice su desarrollo adecuado, tal y como sucede respecto a otros sectores profesionales».

Las medidas que recoge la norma se centran en los tres principales problemas que los representantes de la cultura trasladaron a la Subcomisión del Congreso: la fiscalidad del sector; la protección laboral y de Seguridad Laboral, y la compatibilidad entre prestaciones por jubilación e ingresos por derechos de autor. «Es una reivindicación histórica para que tengan una situación digna», ha dicho el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras el Consejo de Ministros.

En materia de fiscalidad, el real decreto-ley baja el Impuesto sobre Valor Añadido (IVA) del 21% al 10% aplicable a los servicios prestados por intérpretes, artistas, directores, técnicos que sean personas físicas, a los productores y organizadores de obras y espectáculos culturales. Se recupera de este modo, con efectos desde el 1 de enero de 2019, la aplicación del tipo reducido de IVA a estos servicios esenciales de la industria cultural, [...]

El último Consejo de Ministros del año celebrado este viernes ha sido uno de esos denominados escoba por las numerosas medidas aprobadas a través de varios Reales Decretos-Leyes que sobre distintas materias que van desde cuestiones que afectan a la Seguridad Social, los autónomos, la fiscalidad del sector de la cultura, o los subsidios a desempleados entre otros muchos asuntos.

Junto a lo aprobado este viernes, el año 2019 viene cargado de otras novedades que también afectarán al bolsillo de ciudadanos y empresas. Los contribuyentes con menos ingresos verán como se eleva el mínimo exento de ingresos por debajo del cual no es necesario pagar IRPF en la declaración de la renta. Además, las prestaciones por maternidad y paternidad han quedado exentas de tributar por IRPF para todos, incluidos los empleados públicos.

Unos 2,5 millones de trabajadores se beneficiarán directa o indirectamente de una fuerte subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) que pasa de 735,90 a 900 euros al mes en 14 pagas. Esto supone un 22,3% más de un año para otro, el mayor incremento de la historia de esta renta mínima.

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La Seguridad Social ingresará un total de 1.667 millones de euros adicionales por la subida de la base máxima y por otras medidas como el incremento de la cotización del 40% en los contratos de menos de cinco días.

Así se desprende la memoria económica del Real Decreto aprobado al pasado 28 de diciembre.

En concreto, con la subida de la base máxima de cotización de un 7% incluida en este ‘macrodecreto’ de medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo la Seguridad Social espera recaudar un total de 850 millones de euros en 2019.

En total, el incremento de la subida de la base máxima afectará a 1,02 millones de trabajadores. De estos, un 68% son hombres, mientras que solo un 32% son mujeres, según datos de la memoria a los que ha tenido acceso Europa Press.

La edad media de estos cotizantes es de 48 años en los hombres y de 46 años en las mujeres. Además, el tramo quinquenal de edad donde se sitúa el mayor número de cotizantes en base máxima es de los 45 a los 49 años en el caso de los hombres y de los 20 a los 44 años en el caso de las mujeres.

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El Gobierno ha aprobado un Real Decreto por el que se incrementa un 22,3% el salario mínimo interprofesional (SMI) para el año 2019, la mayor subida en cuatro décadas.
Portada
El citado incremento tiene como objetivo prevenir la pobreza en el trabajo, aumentar el nivel de vida de las personas peor retribuidas, como mujeres y jóvenes, y fomentar un crecimiento salarial más dinámico, en línea con las recomendaciones internacionales y con el incremento mínimo de convenio pactado por los interlocutores sociales en el IV Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva.

El alza del salario mínimo, el mayor de las últimas cuatro décadas, contribuye a garantizar la sostenibilidad del Sistema de la Seguridad Social y reduce, además, la brecha salarial de género, -ya que afecta a un 56,74% de mujeres frente a un 43,26% de hombres-, y en consecuencia, la brecha de género en pensiones.

Las cuantías que tendrá el SMI para el año 2019 son las siguientes:

SMI día: 30 euros

SMI mes: 900 euros

SMI año: 12.600 euros

SMI eventuales y temporeros:

SMI día: 42,62 euros

SMI empleados de hogar:

SMI hora: 7,04 euros

Impacto en 2,5 millones de personas

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El Supremo se ha pronunciado de nuevo y reitera que la cesta de Navidad no puede suprimirse si se ha venido entregando de forma reiterada. Tampoco se puede cambiar por otro tipo de compensación.

El Supremo considera la cesta de Navidad como una condición más beneficiosa (C+B), para el empleado. Y como tal, pudiera convertirse en derecho adquirido. Éstos no pueden suprimirse unilateralmente por el empresario y son inatacables por las leyes o convenios colectivos posteriores a aquel durante cuya vigencia se configuraron.

No siempre resulta tarea sencilla determinar si nos hallamos en presencia de una condición más beneficiosa, pues es necesario analizar todos los factores y elementos para saber, en primer lugar, si existe la sucesión de actos o situaciones en la que se quiere basar el derecho, y en segundo lugar, si realmente es la voluntad de las partes, en este caso de la empresa, el origen de tales situaciones. De hecho, esta figura se fundamenta en el artículo 9.2 de la Ley de Contrato de Trabajo relativo a la validez del contrato.

Aquí se determina que si «el trabajador tuviera asignadas condiciones o retribuciones especiales en virtud de contraprestaciones establecidas en la parte no válida del contrato, el órgano de la jurisdicción social será el encargado del pronunciamiento sobre la subsistencia o supresión en todo o en parte de dichas condiciones o retribuciones». Y eso es lo que han dictado tanto el Tribunal Supremo como la Audiencia Nacional.

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