La cuenta atrás ha comenzado. El próximo 1 de enero entrará en vigor la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a 900 euros mensuales. Para esa fecha el Gobierno debería haber aprobado el nuevo sistema de cotización de los autónomos que acordó con las asociaciones de autónomos y que desvincula el alza del SMI de las bases mínimas de cotización de los autónomos. Según fuentes cercanas a la negociación, la aprobación de este nuevo sistema -que estaba a la espera de aprobación por parte de la Mesa de Diálogo Social-, está prevista en los próximos días y que podría apuntar al Consejo de Ministros del 21 o el 28 de diciembre, como ha confirmado la secretarioa de Estado de Empleo, Yolanda Valdeolivas.

Todo apunta a esa fecha, si se tienen en cuenta las declaraciones del ministro de Fomento, José Luis Ábalos, que este fin de semana señaló esa fecha para aprobar el alza del SMI en Consejo de Ministros. El Gobierno, además, ya prepara los cambios legislativos necesarios que introducirá por Real Decreto si no consigue aprobar los Presupuestos Generales del Estado.

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Hasta julio de este año, para un autónomo era muy complicado cobrar una pensión equiparable a la que percibe un trabajador por cuenta ajena, pero esto ha cambiado. Gracias a la Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo y a una sentencia pionera en la aplicación e interpretación favorable de la misma para aquellos trabajadores autónomos que han constituido una empresa, el panorama ya no es el mismo.

Percibir el 100% de la pensión de jubilación activa es compatible con el mantenimiento del puesto de administrador único de una sociedad, siempre que ésta tenga contratado al menos a un trabajador por cuenta ajena. Así lo ha determinado el Juzgado de lo Social número 3 de Oviedo, en un caso en el que ha reconocido a un afiliado al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) su derecho a cobrar este subsidio íntegro a pesar de continuar regentando un negocioPUBLICIDAD

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Este derecho fue reconocido, por la Ley 6/2017, de 24 de octubre, de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo para aquellos autónomos que mantuvieran, al menos, a un trabajador en nómina. Sin embargo, desde el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) de forma recurrente se interpretaba que dicho trabajador o trabajadores debían estar contratados a nombre del autónomo y no de una sociedad.

En los hechos juzgados se describe como el INSS, llegada la edad de jubilación del autónomo asturiano, le deniega la pensión por no tener trabajadores contratados a su nombre.

Tras un primer recurso, la resolución administrativa emitida desde la Seguridad Social solo le reconoce una pensión de jubilación del 50% mientras fuera compatibilizada con el trabajo de gerente en su propia empresa.

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El recién elegido presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha afirmado este jueves que volver a introducir cláusulas de jubilación forzosa en los convenios colectivos ayudará a impulsar la contratación de jóvenes en las empresas. Garamendi, en declaraciones a la cadena SER recogidas por Europa Press, ha señalado que algunas personas, sobre todo de puestos directivos, «abusan» y aprovechan su libertad para jubilarse para intentar pactar con la empresa una indemnización elevada y, si no se la dan, se mantienen en el puesto, frenando la incorporación de jóvenes a la empresa.

Desde la reforma laboral de 2012 no es posible incluir en los convenios colectivos cláusulas de jubilación forzosa para aquellos trabajadores que llegasen a la edad ordinaria y cumpliesen las condiciones exigidas para acceder a la pensión. Esta obligatoriedad tenía por objetivo fomentar la contratación de trabajadores jóvenes para sustituir a los que se jubilan.
No obstante, en el marco del acuerdo de negociación colectiva pactado por sindicatos y empresarios, se apostó por la vuelta de estas cláusulas a los convenios colectivos. Garamendi espera que el Gobierno atienda lo acordado por los agentes sociales, dándole una traslación legal.
Por otro lado, el dirigente empresarial ha mostrado su compromiso por el trabajo digno y contra la precariedad, defendiendo las horas extra, siempre que sean remuneradas, y cree que no se debe meter a todos los empresarios en el mismo saco.

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El Tribunal Supremo ha validado los despidos que se fundamentan en los datos extraídos de los GPS de los coches de empresa, siempre que cumplan dos condiciones. En primer lugar, que el empleado conozca la instalación del dispositivo en su vehículo. Y, en segundo término, que sepa que la información que arroje puede ser utilizada para el control de su actividad.

Esta posición, sostenida por los órganos judiciales inferiores, es ahora respaldada por el alto tribunal, aunque de forma indirecta. En un auto (acceda aquí al texto de la resolución), por el que se rechaza el recurso de un empleado contra su despido, los magistrados argumentan que no existe vulneración del derecho a la intimidad del demandante puesto que este «conocía de sobra» la presencia del aparato en su furgoneta.

El trabajador, inspector-encargado de una contrata de limpieza, fue cesado disciplinariamente después de que el sistema informático detectara que había pasado al menos seis noches (turno que tenía asignado) en su domicilio, en lugar de en la localidad en la que se desarrollaban las labores contratadas.

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El Ejecutivo se ha propuesto poner patas arriba la legislación laboral y deshacer el camino andado por el anterior Gobierno. El Ministerio de Trabajo sigue negociando con los agentes sociales cambios normativos que persiguen descafeinar la reforma del mercado de trabajo, entre ellos volver a introducir cláusulas en la negociación colectiva que obliguen a la jubilación forzosa por edad. Un asunto en el que el acuerdo con los agentes sociales es total, dado que fueron empresarios y sindicatos los que reclamaron esta medidas al Ejecutivo el pasado julio cuando sellaron el IV acuerdo para el empleo y la negociación colectiva (AENC).

La reforma laboral que el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó en 2012 prohibió la inclusión de cláusulas de jubilación forzosa en los convenios en un contexto de fuerte crisis. Aquel año la destrucción de empleo se convirtió en una amenaza para la viabilidad del sistema de Seguridad Social, motivo por el que se buscaron medidas para favorecer el mantenimiento del empleo de los trabajadores de más edad, fomentando así la prolongación de la vida laboral como objetivo compartido por la mayoría de los países de la Unión Europea.

«Sin perjuicio de reconocer el carácter voluntario para el trabajar de la jubilación, la mesa del diálogo social ha considera oportuno permitir que la negociación colectiva disponga de esta causa de extinción del contrato de trabajo por cumplimiento de la edad ordinaria de jubilación», asegura la propuesta de acuerdo enviada por el Ejecutivo a los agentes sociales a la que ha tenido acceso ABC.

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