La creciente presión sobre el Ministerio de Hacienda para ampliar la duración de la campaña de la renta ante la pandemia del coronavirus ha comenzado a provenir ya desde el interior del departamento que dirige la ministra María Jesús Montero. La asociación de técnicos de Hacienda, Gestha, ha solicitado este jueves a la Agencia Tributaria (AEAT) que extienda hasta finales de septiembre la campaña de la Renta, que arranca el próximo 1 de abril.

Hacienda ya informó hace unos días de que mantendría los plazos previstos para la campaña, que arranca el próximo miércoles, y a priori culminaría, como es habitual, el próximo 30 de junio.

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La Agencia Tributaria (Aeat) ultima estos días la orden ministerial que regirá la declaración del Impuesto sobre la Renta 2019, cuya campaña se iniciará el próximo 2 de abril de 2020 con la posibilidad de solicitar el borrador y concluirá el 30 de junio.

La principal novedad en esta ocasión se centra en el capítulo de los rendimientos de capital inmobiliario y en los rendimientos de actividades económicas.

Sobre las rentas inmobiliarias, se ha consolidado en un único apartado. En él se ha agrupado toda la información relacionada con los inmuebles de los que es titular el contribuyente bien como propietario o usufructuario. Con ello, se busca mejorar el proceso de generación de los datos fiscales.

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La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo ha fijado doctrina sobre quién responde sobre la veracidad de las dietas de los trabajadores en la declaración del IRPF. El alto tribunal, en sentencia de 29 de enero de 2020 (cuyo texto íntegro puede consultar aquí) establece que no es al empleado al que corresponde probar la realidad de los desplazamientos y gastos de manutención y estancia a los efectos de su no sujeción al IRPF. La  Administración, en cambio, debe dirigirse al empleador en cuanto obligado a acreditar que las cantidades abonadas por aquellos conceptos responden a desplazamientos realizados en determinado día y lugar, por motivo o por razón del desarrollo de su actividad laboral.

Fundamentos jurídicos

Tras delimitar el Supremo que es la Administración quien ostenta facultades para proceder a la regularización y que como no puede ser de otro modo, no está no obligada a acoger acríticamente los datos aportados por el contribuyente, declara que no es este contribuyente quien está obligado a aportar documentos relativos a dietas, sino que es su retenedor, – la empresa para la que trabaja-. Al contribuyente no le puede exigir la aportación de datos que ya deben constar documentalmente a la propia Administración. Es el retenedor-pagador a quien legalmente se le imponen los deberes formales para que la Administración posea todos los datos al efecto sobre dietas y asignaciones pagadas a los trabajadores del empleador; no puede la Administración hacer recaer sobre el contribuyente un deber que le resulta ajeno, pues por mandato legal se le impone al retenedor-pagador ex artículo 9 del RIRPF.

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Hace tiempo anunciábamos que pocas sorpresas habría en materia de fiscalidad en el IRPF de las indemnizaciones por cese o despido a directivos.

Y pocas ha habido; las indemnizaciones por desistimiento deben quedar exentas del IRPF tal y como ha establecido la Sección 2ª de la Sala Tercera (Contencioso Administrativo) del Tribunal Supremo en su Sentencia 1528/2019, de 5 de noviembre.

La Sentencia enlaza con el criterio que en materia laboral estableció en 2014 el Pleno de la Sala de lo Social del mismo Tribunal Supremo en unificación de doctrina, que consideró que los directivos tienen derecho a una indemnización mínima obligatoria en casos de desistimiento.

Y siendo esto así, como adelantábamos hace unos años (Expansión, 26 de junio 2015), el Tribunal Supremo elegantemente establece que no debe adoptar un criterio reduccionista puesto que «(…) la invocación de una jurisprudencia procedente de otros órdenes jurisdiccionales (…) proyecta una clara incidencia en la decisión de las cuestiones planteadas en el seno del proceso contencioso-administrativo.»

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El traje, la camisa, la corbata, los zapatos y poco más. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Cataluña determina que un abogado únicamente podrá deducirse en el IVA la «vestimenta formal», quedando fuera de esta opción, por lo tanto, «los gastos por vestuario informal», como serían unos pantalones de sport o unos vaqueros «cuya no exclusiva afectación a la actividad [de los letrados] es palmaria», apunta la sentencia, que, en todo caso, no ofrece más ejemplos de qué puede considerarse en una u otra categoría.

Asimismo, los magistrados rechazan que puedan considerarse deducibles las facturas «en las que no existe una descripción clara del vestuario adquirido», como serían aquellos recibos en los que se utilizan conceptos indeterminados como uniforme, uniforme laboral, vestuario profesional o artículos varios. «La genérica definición de estas facturas, con alusión a su carácter profesional o uniforme laboral por parte del emisor no otorga ninguna naturaleza a las prendas y, por tanto, no puede, sin más, tomarse como prueba irrefutable de su utilización en la actividad, de su correlación con los ingresos o, en definitiva, de su necesariedad a estos efectos», apuntan. Se trata de un incumplimiento o un cumplimiento defectuoso de los requisitos formales del documento y, además, dificulta la prueba de la existencia de la operación facturada.

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