Las empresas españolas aún presentan algunas carencias en la incorporación y desarrollo de sistemas de compliance en sus respectivos sectores de actividad. En un momento en el que es imprescindible contar con un sistema de gestión de cumplimiento penal con independencia del tamaño o de la actividad de una compañía, gran parte de los empresarios reconocen no contar con un modelo integrado conforme a la normativa española y demás estándares internacionales de referencia.
Así, según el informe de compliance penal Hacia sistemas de cumplimiento avanzados, elaborado y publicado por la firma de servicios profesionales Grant Thorton, un 45% de los directivos desconoce la responsabilidad legal que podría acarrearle no impulsar esta área. Además, en más de la mitad de las compañías que disponen de modelos de cumplimiento, el presupuesto destinado no supera los 10.000 euros.
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