El Ministerio de Hacienda en funciones ultima el diseño de un borrador de la declaración del impuesto del IVA que se facilitará a las empresas a fin de que cuenten con ventajas similares a las del contribuyente particular, para el que ya se genera un borrador de la declaración de IRPF.

La medida forma parte del plan estratégico de la Agencia Tributaria 2019-2022, según ha avanzado este jueves la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, en la inauguración del XXIX Congreso de Inspectores de Hacienda del Estado, celebrado en Zaragoza, y que se centra este año en el control de grandes patrimonios.

Montero ha especificado que el fisco ultima ya una experiencia piloto del borrador del IVA que deberí afacilitar a las compañías la declaración recurrente de este impuesto. El plan, según figura en un avance oficial del mismo, pasa por arrancar la experiencia con ciertas compañías ya integradas en el Sistema de Información Inmediata del impuesto, el SII.

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El Tribunal Supremo asestó ayer el cuarto varapalo en lo que va de año a las reformas sobre el fisco que aprobó el exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en 2017, anulando ahora  la posibilidad de que la Agencia Tributaria denuncie a un contribuyente ante el juez o el fiscal después de haberle practicado la liquidación de la deuda o haberle impuesto una sanción. 

En concreto, la Sección Segunda de la Sala III del alto tribunal ha declarado nulo el apartado 2 del artículo 197.bis del Real Decreto 1070/2017, de 29 de diciembre, que modificó el Reglamento General de gestión e inspección tributaria. La Sala considera rechaza que la Administración Tributaria comunique al juez o al fiscal la existencia de indicios de delito contra la Hacienda Pública “en cualquier momento, con independencia de que se hubiera dictado liquidación administrativa o, incluso, impuesto sanción”.

El articulado de es norma, dice la Sala, “no es ya solo (…) que carezca de habilitación legal suficiente, sino que se opone de manera radical a los preceptos legales que disciplinan la forma en que debe conducirse la Administración Tributaria cuando aprecia que un contribuyente ha podido cometer un delito contra la Hacienda Pública”.

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Una tarifa plana de 60 euros mensuales durante dos años prorrogables a otros dos para aquellos autónomos cuyos ingresos sean inferiores al salario mínimo interprofesional. Esa es la principal exigencia de la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA), dentro de un paquete de 40 propuestas que la organización plantea para 2019-2020 a fin de mejorar la situación del colectivo en un periodo que se presenta complejo para el empleo y la economía española y que, en opinión de ATA, requiere de un Gobierno estable para afrontar las reformas estructurales que necesita el país.

La organización que preside Lorenzo Amor pide en sus propuestas establecer la obligatoriedad de darse de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) a todos los trabajadores autónomos, sea su actividad habitual o no.

Para aquellos que no sean autónomos habituales y cuyos ingresos no superen la mitad del SMI anual, ATA propone una tarifa de cero euros, de forma que no tengan que cotizar a la Seguridad Social. Para ello deben demostrar que no han realizado la actividad de forma continuada durante dos meses en un periodo de 12 meses o periódica y discontinua durante cuatro meses en un periodo de 12 meses.

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Los empresarios y trabajadores autónomos dan la bienvenida a octubre con la certeza de que el último trimestre del año marcará, en buena medida, el resultado de su balance contable. Pero también lo hacen sabiendo que el décimo mes del año es uno de los más ajetreados a nivel de obligaciones fiscales.

El calendario tiene varias fechas con obligaciones para ellos, empezando por este mismo martes, último día para presentar la autoliquidación del IVA (modelo 303) correspondiente con el mes de agosto. Para el mes de septiembre, el último día será el 30 de octubre.

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La Dirección General de Tributos ha respondido recientemente a una consulta sobre el tratamiento fiscal de las ayudas percibidas tras las inundaciones (accede aquí a la consulta). En ella explica, que la disposición adicional 5ª de la Ley de la Renta de las Personas Físicas establece que las ayudas y/o subvenciones recibidas por distintas Administraciones Públicas tras los daños sufridos en la vivienda habitual por una inundación – prestaciones económicas satisfechas por el Ayuntamiento por razones de urgencia social con el fin de sustituir el ajuar doméstico destruido, y ayudas para la reparación o sustitución de los elementos patrimoniales afectados – están exentas de tributación en el IRPF, como también lo están las ayudas públicas percibidas para compensar el desalojo temporal o definitivo por inundación de la vivienda habitual. 

En el supuesto de que las ayudas del Ayuntamiento, el Consell de Mallorca y la Comunidad Autónoma no estuvieran incluidas en esta exención, se les podrí aplicar la exención establecida en el artículo 7 y) de la Ley del IRPF, pasando a ser consideradas como prestaciones económicas establecidas por las Comunidades Autónomas en concepto de renta mínima de inserción para garantizar recursos económicos de subsistencia a las personas que carezcan de ellos.

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