El Gobierno ha vuelto a tirar este martes de la palanca fiscal para dar algo de aire a las pymes y autónomos ante las tensiones de liquidez que provoca la crisis desatada por la crisis del coronavirus Covid-19.

En concreto, el Consejo de Ministros ha ampliado en 30 días la moratoria del pago de impuestos ya en marcha para los pequeños empresarios, que pasa de tener tres a cuatro meses de aplazamiento sin coste para los contribuyentes.

La medida fue aprobada el 12 de marzo, dos días antes del decreto del estado de alarma y permite a pymes autónomos aplazar el pago de hasta 30.000 euros en impuestos como IRPF, Sociedades o IVA durante un periodo máximo de seis meses con tres de carencia, en los que no se aplica ningún coste o interés, que ahora pasan a cuatro meses.

Leer la noticia completa – click aquí

El Gobierno abordó ayer una obligación pendiente al impulsar la adaptación a la legislación española de la polémica Directiva europea sobre Intermediarios Fiscales, conocida como DAC 6, que limita el secreto profesional de los asesores tributarios obligándoles a denunciar las prácticas agresivas de sus clientes en el ámbito internacional.

La medida, en forma de proyecto de ley de modificación de la Ley General Tributaria, obligará a asesores, abogados, gestores administrativos o instituciones financieras que ejerzan como intermediarios fiscales a dar parte a la Agencia Tributaria de mecanismos transfronterizos internacionales (sean operaciones, negocios jurídicos, esquemas o acuerdos) que supongan una planificación fiscal agresiva. La UE reconoce como tal prácticas como la remuneración del intermediario en función del ahorro fiscal obtenido a través del mecanismo de planificación; la adquisición de empresas en pérdidas para aprovechar las mismas fiscalmente; o situaciones en donde pagos efectuados son gasto deducible para el pagador, pero no se gravan o se gravan de forma limitada en el perceptor existiendo vinculación entre pagador y perceptor. No es necesario que la práctica suponga fraude o elusión fiscal, basta con que concurran indicios. En caso de incumplimiento, el asesor se expone a multas de 2.000 euros por cada dato omitido o inexacto, por un mínimo de 4.000 euros.

Leer la noticia completa – click aquí

La sima por la que se está precipitando la economía española como consecuencia de la pandemia del coronavirus Covid-19 no tiene precedentes por su verticalidad y profundidad. El Fondo Monetario Internacional (FMI) estimaba la pasada semana que el PIB se contraerá un 8% en este año, lo mismo que durante toda la crisis anterior. Para hacer frente a semejante debacle, todas las administraciones tributarias del país han puesto en marcha una respuesta, apenas coordinada pero sí muy generalizada, que tiene como eje central rebajar la presión fiscal sobre los contribuyentes, al menos temporalmente.

Así, de una parte, el Gobierno central ha sumado una ampliación de los plazos tributarios de abril a su plan inicial de aplazamientos mientras ultima una rebaja del IVA de las publicaciones electrónicas. Por su parte, las comunidades autónomas están ampliando los plazos de pago de impuestos cedidos o de su amplio abanico de tributos propios. Finalmente, a escala local, los ayuntamientos han suspendido el cobro de tasas que pierden sentido durante el confinamiento, como las que gravan las terrazas de bares y restaurantes, y algunos rebajan impuestos municipales.

Leer la noticia completa – click aquí

El Gobierno está ultimando los detalles de una nueva renta para “familias que tienen serias dificultades para afrontar sus gastos básicos”. Así definió ayer el Gobierno el colectivo al que estará destinado el denominado ingreso mínimo vital (IMV), una nueva prestación de la Seguridad Social, que es el proyecto estrella del actual ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. El Ejecutivo ha acelerado el diseño y aprobación de esta nueva ayuda a instancias de la vicepresidencia de Derechos Sociales, dirigida por Pablo Iglesias, quien en los últimos días ha presionado para que este ingreso mínimo saliera adelante antes de lo previsto en el programa de Gobierno.

Leer la noticia completa – click aquí

Los economistas y asesores fiscales han vuelto a reclarmar hoy al Gobierno un aplazamiento de algunas obligaciones tributarias. El Consejo General de Economistas (CGE) ha enviado una carta a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la que, una vez más, le vuelven a exigir la «inmediata» ampliación de los plazos de ingreso de las autoliquidaciones cuyo vencimiento seproduzca a partir de la entrada en vigor de la norma que fije dicha medida y que, a la vez, se establezca un segundo vencimiento hasta el 1 de junio. Asimismo reclaman que el pago delImpuesto de Sociedades puedan adecuar sus pagos fraccionados.En la carta a Montero, firmada por el presidente del CGE  Valentín Pich, y el presidente del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF-CGE); Jesús Sanmartín, los economistas afirman no querer ser «reiterativos» ante el momento «crítico» de la economía derivado de la crisis sanitaria, pero por «responsabilidad» piden dar «un paso más» en algunos aspectos.

Leer la noticia completa – click aquí