El Gobierno abordó ayer una obligación pendiente al impulsar la adaptación a la legislación española de la polémica Directiva europea sobre Intermediarios Fiscales, conocida como DAC 6, que limita el secreto profesional de los asesores tributarios obligándoles a denunciar las prácticas agresivas de sus clientes en el ámbito internacional.

La medida, en forma de proyecto de ley de modificación de la Ley General Tributaria, obligará a asesores, abogados, gestores administrativos o instituciones financieras que ejerzan como intermediarios fiscales a dar parte a la Agencia Tributaria de mecanismos transfronterizos internacionales (sean operaciones, negocios jurídicos, esquemas o acuerdos) que supongan una planificación fiscal agresiva. La UE reconoce como tal prácticas como la remuneración del intermediario en función del ahorro fiscal obtenido a través del mecanismo de planificación; la adquisición de empresas en pérdidas para aprovechar las mismas fiscalmente; o situaciones en donde pagos efectuados son gasto deducible para el pagador, pero no se gravan o se gravan de forma limitada en el perceptor existiendo vinculación entre pagador y perceptor. No es necesario que la práctica suponga fraude o elusión fiscal, basta con que concurran indicios. En caso de incumplimiento, el asesor se expone a multas de 2.000 euros por cada dato omitido o inexacto, por un mínimo de 4.000 euros.

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