La sima por la que se está precipitando la economía española como consecuencia de la pandemia del coronavirus Covid-19 no tiene precedentes por su verticalidad y profundidad. El Fondo Monetario Internacional (FMI) estimaba la pasada semana que el PIB se contraerá un 8% en este año, lo mismo que durante toda la crisis anterior. Para hacer frente a semejante debacle, todas las administraciones tributarias del país han puesto en marcha una respuesta, apenas coordinada pero sí muy generalizada, que tiene como eje central rebajar la presión fiscal sobre los contribuyentes, al menos temporalmente.

Así, de una parte, el Gobierno central ha sumado una ampliación de los plazos tributarios de abril a su plan inicial de aplazamientos mientras ultima una rebaja del IVA de las publicaciones electrónicas. Por su parte, las comunidades autónomas están ampliando los plazos de pago de impuestos cedidos o de su amplio abanico de tributos propios. Finalmente, a escala local, los ayuntamientos han suspendido el cobro de tasas que pierden sentido durante el confinamiento, como las que gravan las terrazas de bares y restaurantes, y algunos rebajan impuestos municipales.

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