La Seguridad Social establece un nuevo criterio y obliga a las empresas a pagar la sanción por los accidentes laborales o enfermedades profesionales que sufran los becarios. Las compañías tendrán que asumir un recargo de entre el 30% y el 50% sobre la prestación por incapacidad temporal o incapacidad permanente que les reconozca la Administración.

Este porcentaje variará en función de la gravedad de la negligencia de la firma por no cumplir de forma adecuada con la prevención de riesgos laborales.

En la actualidad, la Ley General de Seguridad Social obliga a las empresas a asumir este recargo con sus trabajadores cuando la lesión se produzca por equipos de trabajo o en instalaciones que carezcan de los medios de protección reglamentaria, estén en malas condiciones o cuando la compañía no haya puesto las medidas adecuadas para garantizar la seguridad y salud de los empleados. La novedad está en que ahora la Seguridad Social ha establecido un nuevo criterio, comunicado el pasado 11 de mayo, en el que extiende esta sanción por la negligencia del empresario frente a los alumnos en prácticas, ya sean de FP o universitarios.

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Las empresas comienzan a gastar en tokens por encima de sus posibilidades. A este ritmo, el presupuesto en suscripciones de Inteligencia Artificial (IA) podría superar al destinado a personal. Ese inminente escenario formará parte de la normalidad de miles de empresas en cuanto el coste medio en tokens de un desarrollador supere su propio salario. De hecho, algunas compañías interpretan ingenuamente que el consumo de estos recursos algorítmicos es directamente proporcional al incremento de productividad. Pero esa regla no siempre es de fiar. Los empleados más activos de la IA, capaces de secar embalses con sus peticiones, amenazan con convertirse en la magnitud a vigilar por las áreas financieras. A modo de ejemplo, los 10.000 millones de tokens que alegremente consumió un trabajador de Meta en apenas un mes representan un coste próximo a los 50.000 dólares… o 600.000 dólares al año.

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El 7 de junio no será el apocalipsis normativo que muchas empresas temen. Pero tampoco será un día cualquiera.

Esa es, en síntesis, la tesis que Alfredo Aspra, socio director de Labormatters Abogados y uno de los abogados laboralistas más reputados del país, defendió este martes en Madrid en el marco de la jornada sobre transparencia retributiva organizada por su firma junto al Observatorio de Recursos Humanos (ORH), Peoplematters y la Mutualidad de la Abogacía.

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El Tribunal Supremo ha fijado para el próximo 13 de mayo varias vistas para estudiar si paraliza la regularización extraordinaria de inmigrantes impulsada por el Gobierno. La Sala de lo Contencioso Administrativo determinará si acuerda la suspensión del proceso mientras se resuelve el fondo del asunto.

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