La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG) ha elevado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) una cuestión prejudicial que pone en tela de juicio uno de los requisitos tradicionales de acceso a la pensión contributiva de jubilación: acreditar dos años cotizados dentro de los quince anteriores al hecho causante.

Los magistrados aprecian indicios de que esta exigencia podría perjudicar especialmente a las mujeres, debido a las mayores dificultades que presentan este segmento de la población para mantenerse en el mercado laboral en el tramo final de su carrera profesional (por la persistencia de las responsabilidades de cuidados, entre otros factores).

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A pesar de que la transposición de la Directiva (UE) 2023/970 del Parlamento Europeo y del Consejo de 10 de mayo de 2023 sobre transparencia retributiva no se transponga en España antes de la fecha límite (este 7 de junio) en España, la justicia no hace oídos sordos a lo que resuena en el viejo continente.

De este modo, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), en su sentencia nº 228/2026, de 27 de febrero, ha declarado la improcedencia del despido de un trabajador que descargó las nóminas de su empresa y más tarde comentó con algunos compañeros al ver que cobraba menos.

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La Inspección de Trabajo dejará de entrar sin autorización judicial a los despachos de los directivos, salas de reuniones del consejo de administración y espacios en los que haya archivos confidenciales.

La Dirección del Organismo Estatal de Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha emitido una instrucción para marcar el camino a los inspectores, a la que ha tenido acceso elEconomista.es, después de la sentencia del Tribunal Supremo del 14 de abril que dio un vuelco a las entradas y registros en las compañías.

El tribunal estableció que la inspección no puede entrar al domicilio social de una compañía sin orden judicial. Por tanto, concluyó que cuando coincida en una misma ubicación el domicilio social con el centro de trabajo se necesita autorización judicial previa. «La única excepción podría venir dada, una vez valoradas las específicas circunstancias de cada caso, cuando entre la zona de oficinas del domicilio social y la zona de centro de trabajo exista una separación física apreciable y, además, la autoridad o sus agentes informen de que su propósito es únicamente acceder a la primera», puntualizó.

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Una empresa que, durante el juicio, adelanta que pagará la indemnización por despido improcedente en lugar de readmitir al trabajador no está obligada por ello a abonar también los llamados salarios de tramitación. Lo ha establecido con claridad el Tribunal Supremo en una sentencia dictada el 11 de marzo de 2026.

El fallo resuelve el litigio entre la Cooperativa Agrícola San Isidro (CASI) y una trabajadora del sector hortofrutícola almeriense que había sido omitida en el llamamiento de campaña pese a tener más antigüedad que otras contratadas.

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La Audiencia Nacional ha fijado que los festivos que coincidan con el descanso semanal en sábado tienen que ser compensados y dan derecho a disfrutar de un día adicional de descanso, en una sentencia que responde al conflicto colectivo planteado contra el convenio del sector de los centros de atención al cliente («contact center»).

La Audiencia Nacional da así la razón a los sindicatos USO, CGT, UGT y CCOO en las diferentes demandas interpuestas contra la Asociación de Compañías de Experiencia con Cliente (CEX), a las que se adhirieron los sindicatos CIG, CSIF y STC.

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