El Ministerio de Seguridad Social corrige el error por el que había aplicado una penalización excesiva a las nóminas de los jubilados que se habían retirado anticipadamente desde el 1 de enero y tenían derecho a la pensión más alta. Así consta en una nota interna a la que ha tenido acceso elEconomista.es y en la que se recoge la resolución del secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez, que deja sin efecto la resolución emitida a finales de diciembre por la que se había aplicado la penalización acordada para el año 2033 en 2026.

Esta decisión tiene efectos retroactivos al 1 de enero, por lo que se compensará a los jubilados afectados de manera automática, por lo que no hará falta solicitarla, según confirman fuentes de Seguridad Social a este periódico.

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El Ministerio de Trabajo confía en que el dictamen negativo emitido por el Consejo de Estado no retrasará la entrada en vigor del nuevo registro de jornada. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, anunció hace medio año la puesta en marcha por la via reglamentaria de una batería de cambios para endurecer el control horario y facilitar el control de la Inspección de Trabajo de los excesos temporales. No obstante, las desavenencias en el interno de la coalición sobre esta materia y los informes negativos remitidos desde el Ministerio de Economía han desencadenado un nuevo choque y queda en el aire la fecha exacta de cuándo empezarán a regir las nuevas condiciones de fichaje.

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Una vez que el trabajador reciba la notificación de la resolución que califica la incapacidad permanente, ya sea en grado total, absoluta o gran invalidez, debe actuar con celeridad y comunicar en un plazo máximo de 10 días naturales a la empresa su voluntad de continuar. De lo contrario, el silencio se interpreta legalmente como una renuncia y la empresa podrá finalizar la relación laboral sin derecho a adaptación.

Es decir, tal y como señala el Estatuto de los Trabajadores, la responsabilidad recae sobre el trabajador, que tiene un plazo determinado y corto para comunicar sus intenciones cuando recibe la resolución de la incapacidad.

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El uso de sistemas biométricos para el control de jornada laboral sigue siendo uno de los focos de mayor conflicto en materia de protección de datos.

Sin embargo, una reciente resolución de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) aclara que no todo uso de la huella dactilar, per se, es contrario a la normativa.

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El uso de sistemas biométricos para el control de jornada laboral sigue siendo uno de los focos de mayor conflicto en materia de protección de datos.

Sin embargo, una reciente resolución de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) aclara que no todo uso de la huella dactilar, per se, es contrario a la normativa.

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