Los pensionistas que en su día cotizaron a las mutualidades alternativas aún no lo tienen todo perdido. El Gobierno tiene la última palabra y podrá incorporar mejoras sobre su situación en el reglamento que apruebe para establecer las condiciones en las que los actuales mutualistas en activo podrán traspasar los fondos a la Seguridad Social.

El Congreso de los Diputados aprobó este jueves la ley para mejorar las pensiones de los actuales mutualistas, excluyendo a los ya jubilados. La norma crea una pasarela al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) de la Seguridad Social para que estos trabajadores puedan pasar a cotizar al sistema público y además, llevarse con ellos el dinero aportado a las mutualidades durante toda su carrera profesional. Desde que se apruebe la ley -al día siguiente de su publicación en el BOE-, el Gobierno tiene un plazo de tres meses para sacar adelante un reglamento que establezca los criterios técnicos para convertir estos fondos en meses cotizados al sistema público.

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El registro horario no se aprobará en julio, tal como había anunciado varias veces la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y como habían exigido los sindicatos. El último Consejo de Ministros de la temporada, el próximo martes, se centrará en la vivienda y el registro quedará para septiembre. Forma parte de un acuerdo al que han llegado los ministerios de Economía y de Trabajo de darse un margen de tiempo para terminar de pactar los cambios necesarios para responder a las recomendaciones que formuló el Consejo de Estado al proyecto. 

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Las organizaciones empresariales han situado el incremento de las bajas por incapacidad temporal en el centro de su agenda. El gasto de las empresas y la Seguridad Social en estos procesos no ha dejado de crecer desde 2019 y la patronal busca cerrar acuerdos en los convenios colectivos que contengan este coste a cambio de aplicar otras mejoras para los trabajadores. En este contexto, un convenio recoge por primera vez que las empresas aceptarán más solicitudes de jubilación parcial a medida que caiga la tasa de absentismo del sector.

Se trata del acuerdo firmado en el sector de la seguridad privada, entre APROSER, ASECOPS y FES y los sindicatos UGT, CCOO y USO a comienzos de abril. En él, se incluye esta solución, por la que las empresas se emplazan a aceptar un 10% de las solicitudes de jubilación parcial presentadas a lo largo del año si la tasa de absentismo por incapacidad temporal (IT) para el sector de seguridad publicada por Randstad baja del 8%. Un pacto sin precedentes y que los negociadores dudan que se pueda extrapolar a otras negociaciones colectivas.

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Es habitual que cuando se hace público un pronunciamiento de compatibilidad de prestaciones nos quedemos con la decisión final y enseguida la proyectemos a nuestro caso, sobre todo cuando hablamos de un beneficio que es la excepción a la regla general de incompatibilidad.

Desde nuestra firma estamos comprometidos con el rigor jurídico y por eso vamos a hacer un análisis más detenido del contenido de la sentencia para evitar confusiones y malentendidos.

Comenzaremos por afirmar que sí, que ambas prestaciones podrán ser compatibles pero, solo y exclusivamente; si se cumplen ciertos requisitos

¿Qué requisitos han de cumplirse para que sean compatibles la incapacidad permanente y el subsidio de desempleo para mayores de 52 años?

Hay dos requisitos básicos que deben cumplirse.

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