El ministerio que dirige Fátima Báñez investiga la legalidad de las cooperativas que ofrecen servicios para que un ‘freelance’ pueda facturar a una empresa sin darse de alta en el régimen de autónomos.

«Bienvenido al mundo de los emprendedores felices y relajados. Un mundo donde es posible trabajar legalmente, cotizando a la Seguridad Social. Un mundo donde es posible facturar sin ser una empresa y sin realizar declaraciones de IVA e IRPF cada trimestre». Así se presenta en su web Factoo, una plataforma online que, tal y como se anuncia, ofrece la posibilidad a los freelance de facturar sin tener que darse de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).

Algunas plataformas van más lejos, e incluso llegan a afirmar que es una fórmula que permite facturar por trabajos esporádicos y cobrar el paro a la vez. El funcionamiento es sencillo. Estas entidades están constituidas como cooperativas, de las que el freelance tiene que hacerse socio, generalmente, a cambio de una cuota de entrada. A partir de ahí, la cooperativa le da de alta en la Seguridad Social como si fuera un trabajador durante unos días, el tiempo que dure el proyecto que necesite facturar.

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Ministerio de Empleo y Seguridad Social está ultimando un real decreto-ley que quiere aprobar en el próximo Consejo de Ministros del viernes o en el de la semana siguiente, como muy tarde, en el que se incluye una batería de bonificaciones empresariales y ayudas a la contratación de jóvenes parados. Estas medidas “de choque” han sido pactadas con las patronales CEOE-Cepyme y con los sindicatos CC OO y UGT.

La novedad más esperada consiste en la creación de un complemento salarial para jóvenes parados que consigan un contrato formativo. Empleo, que denomina esta ayuda Bono Garantía Juvenil, pactó su creación conCiudadanos dentro del acuerdo de investidura.

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Congreso de los Diputados discute desde el pasado miércoles una reforma del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social –conocido por sus siglas RETA–. La intención de los partidos es, entre otras cosas, consensuar en los próximos meses una reforma del actual sistema de cotizaciones de los trabajadores para adecuar mejor sus aportaciones a la Seguridad Social a sus ingresos reales.

En este contexto, la asociación mayoritaria de trabajadores autónomos ATA, ha elaborado junto con un grupo de expertos una serie de propuestas para que se debatan en el Parlamento.

La primera conclusión a la que han llegado en ATA es que descartan por completo que el sistema de cotizaciones pueda reformarse para que todos los autónomos coticen cada mes en función de sus ingresos reales. Las dificultades para que Hacienda y la Seguridad Social accedan a los ingresos reales en tiempo real para poder calcular al cotización mensual les han hecho rechazar esta posibilidad.

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Una modificación sustancial de las condiciones esenciales de trabajo impuesta unilateralmente por el empresario y que sea perjudicial para los empleados tiene la consideración de despido de acuerdo con el Derecho europeo. Ello, siempre que dichas modificaciones se produzcan por motivos no inherentes a la persona del trabajador -la situación económica de la empresa, por ejemplo-. En consecuencia, cuando la empresa impulse un cambio sustancial de estos elementos del contrato que afecte a amplio número trabajadores -los definidos en los umbrales de la legislación-, ésta deberá tramitarse como despido colectivo.

En sentido inverso, tal y como determina el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) en dos sentencias de 21 de septiembre -de las que ha sido ponente el magistrado Biltgen-, una modificación no sustancial de elementos no esenciales del contrato no podrá calificarse como despido y, en consecuencia, su tramitación no deberá seguir el procedimiento fijado para los ceses de carácter colectivo.

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