La iniciativa legislativa será remitida a comisión para debatir y votar las enmiendas al articulado que presenten los grupos parlamentarios. El dictamen de la Comisión será remitido al Senado para continuar su tramitación

El grupo proponente, que ha sido el grupo Socialista, denuncia que la desregulación y la falta de control en el tiempo de trabajo provocan jornadas fuera de lo pactado, donde la extralimitación del horario establecido se convierte en regla general y el empleo a tiempo parcial, por mandato legal, se transforma en un tiempo completo.

Asimismo, sostiene que estas prácticas inciden en la precarización del mercado laboral, ya que afectan al tiempo de trabajo y al salario, con una «relevante influencia» en la vida personal y emocional de los empleados, al dificultar la conciliación familiar.

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NO es fácil contestar a la pregunta de si está en riesgo el futuro de las pensiones en España sin que se genere alarma a toda la población. A quienes ya cobran estas prestaciones porque enseguida interpretan que son las suyas las primeras que se recortarán y al resto de la ciudadanía que comienza a ver con escepticismo la posibilidad de poder jubilarse y cobrar una pensión como en el sistema actual.

Los más de 350 expertos, directivos y empresarios con los que la consultora PwC elabora su Consenso Económico han contestado en esta ocasión a las preguntas referidas a qué se puede hacer para garantizar el sistema público de pensiones en España. En lo que todos los encuestados están de acuerdo es en que el problema demográfico español es una bomba de relojería de efecto retardado, “que exige atraer mano de obra inmigrante (para el 45,2% de los participantes es “muy importante”) o aplicar nuevos incentivos a la entrada en el mercado laboral de la mano de obra femenina (iniciativa que respalda el 52,9%). Pero al margen de estas dos propuestas, las iniciativas más respaldadas siguen siendo las de siempre.

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Ante un cambio de la sede de la empresa que suponga traslados puntuales de trabajadores, un empleado puede aceptar el cambio, rechazarlo y pedir la extinción del contrato, o impugnar la decisión. Si hay un traslado masivo, se producirán formalidades adicionales con los representantes de los trabajadores.

Los cambios de sede de diversas empresas catalanas a otras comunidades autónomas está generando desconcierto en los trabajadores. Para los casos en los que este cambio implique movimiento de trabajadores, Legálitas ha preparado una guía para conocer los derechos de los trabajadores ante esta circunstancia.

El artículo 40 del Estatuto de los trabajadores regula la movilidad geográfica de los trabajadores. De acuerdo con este artículo, el traslado de un trabajador a un centro de trabajo distinto de la misma empresa que exija cambio de residencia requerirá que existan razones que lo justifiquen que deben ser de carácter económico, técnico, organizativo o de producción. Esto no se aplicará, lógicamente, a trabajadores contratados específicamente para prestar sus servicios en empresas con centros de trabajo móviles o itinerantes

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I. Introducción.

La remuneración de los administradores sociales es cuestión espinosa en el seno de la vida societaria. En principio, plantea una contraposición de intereses entre el administrador (que aspirará a obtener la mayor retribución posible), la sociedad (que pretenderá reducir sus gastos) y los socios o accionistas (que querrán maximizar el valor de lo invertido y los beneficios a obtener).

Esta materia lleva años situándose en el punto de mira del legislador (comunitario y nacional), así como de diferentes comisiones de expertos, a fin de evitar abusos, siendo la finalidad primordial de esta regulación la de fomentar la transparencia y lo que se ha venido a llamar una “gobernanza empresarial sana”[1], como se puede observar en las Recomendaciones 2004/913/CE, 2005/162/CE y 2009/385/CE de la Comisión Europea y en los códigos de buen gobierno elaborados por las autoridades reguladoras.

El Preámbulo de la Ley 31/2014, de 3 de diciembre -EDL 2014/202806-, comienza recordando la importancia creciente de contar con un buen gobierno corporativo, especialmente, en las sociedades cotizadas, siendo el diseño de los sistemas de retribución de los administradores elemento esencial que incide en la responsabilidad social corporativa.

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La diferencia entre las pensiones de jubilación de los trabajadores autónomos sobre los asalariados son más que relevanes. Según un informe de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos, realizado a mediados de año, dicha diferencia era de 500 euros al mes. Sin embargo, si analizamos únicamente los datos del colectivo autónomo encontramos una grave brecha de género.

Así lo corrobora un informe de principios de año, elaborado por el sindicato UGT, donde se refleja que la pensión que percibe una jubilada autónoma es, de media, 200 euros inferior a la de un jubilado que haya cotizado en el mismo régimen.

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