El Gobierno y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) tienen previsto mantener mañana martes una reunión crucial para cerrar ya cuanto antes la reforma del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, más conocido popularmente como plusvalía municipal. Se trata de una de las tareas pendientes más importantes del departamento que dirige Cristóbal Montoro desde que el pasado mes de mayo el Tribunal Constitucional declarara contrarios a la Carta Magna varios artículos de la Ley de Haciendas Locales.

El alto tribunal se sumó así a las tesis defendidas por miles de contribuyentes que han estado recriminando a los ayuntamientos la aplicación de este impuesto incluso en transacciones inmobiliarias donde no ha existido ningún beneficio o plusvalía. Con un mercado de precios inmobiliarios a la baja durante más de cinco años, numerosas transacciones se han cerrado por precios inferiores a los de adquisición del inmueble, por lo que muchos ciudadanos recurrieron a los tribunales para defender que tributar por plusvalía en esos casos contradecía el espíritu del propio impuesto. Las últimas cifras oficiales disponibles calculan que las casas acumulan hoy todavía una depreciación superior al 22% de media, respecto a los máximos alcanzados en 2008.

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