La Ley 6/2017, de 24 de octubre, de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo, introduce la posibilidad de compatibilizar el trabajo por cuenta propia con el 100% de la pensión de jubilación si se contrata al menos a un trabajador por cuenta ajena.

Esta fue la novedad más destacada en la sesión técnica sobre la nueva ley de autónomos que impartió Eva María Blázquez, profesora titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Carlos III, en el Foro Asesores Wolters Kluwer. Eva Blázquez señaló que, sin duda, esta era la antesala para que esta medida se aplique, en un futuro, a todos los trabajadores por cuenta ajena.

En cuanto al análisis global de las repercusiones de la nueva ley de autónomos, indicó que se trata de una reforma que tiene como objetivo impulsar el empleo por cuenta propia a través de ayudas económicas y menos trámites burocráticos.

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El Tribunal Supremo avala que las empresas sancionen por hurtos cometidos por parte de un empleado, pese a que se hayan realizado fuera del horario y en otro centro de trabajo. La sentencia, de 21 de septiembre de 2017, aprueba, de este modo, el despido de una empleada de una cadena de supermercados que fue sorprendida realizando un hurto en un establecimiento de la empresa distinto al que ella prestaba sus servicios y fuera del horario de trabajo.

«En esa situación no se está ocasionando un perjuicio al empresario con ocasión del legítimo ejercicio de un derecho, sino mediante la comisión de un acto ilícito que puede revestir incluso características de infracción penal», señala el Supremo. «El trabajador comete una ilegalidad fuera de su jornada de trabajo, y lo hace precisamente contra intereses de su propia empresa, de manera voluntaria y deliberada, siendo plenamente consciente de que está causando un perjuicio a su empleadora», añade. El fallo concluye que  «aquí ya no se está ejercitando legítimamente un derecho, ni tampoco es el caso de una actuación ilícita que carezca de relevancia en el contrato de trabajo».

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La sentencia examina el caso de una taxista autónoma a quien el Ayuntamiento de Madrid revocó el permiso específico para prestar este servicio público, por entender que había perdido las aptitudes necesarias. La taxista, sobre esa base, solicitó al INSS que la declarase en situación de invalidez (incapacidad permanente total –IPT- para su profesión habitual).

Sin embargo, el INSS puso en marcha el procedimiento habitual de evaluación y concluyó desestimando la petición por considerar que la mujer no estaba impedida para ejercer su profesión habitual.

El tribunal señala que “la resolución del INSS no aparece como un acto debido o ancilar del que pueda emitir el órgano sectorial que conoce sobre las licencias para conducir vehículos. Es evidente que ese dato debe ser ponderado, al igual que el resto de los que consten en el expediente tramitado, pero concederle valor determinante comportaría contradecir el mandato de la Ley General de la Seguridad Social y trasladar a un tercero la facultad de decidir sobre la existencia de una IPT”.

“La decisión por órganos administrativos sobre la vigencia, renovación o extinción de autorizaciones para la conducción (o en supuestos análogos como pudiera ser la supervisión de las licencias de vuelo, necesarias para el desempeño de la profesión habitual de tripulante de cabina de pasajeros), no podemos entender que absorba o neutralice la competencia de la entidad gestora para el reconocimiento de una situación de IPT y las prestaciones de la modalidad contributiva”, añade la Sala.

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El miércoles 25 de octubre se publicó en el BOE la Ley 6/2017 de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo (nueva Ley de Autónomos), creada con la voluntad de actualizar la legislación española y equipararla al resto de regulaciones europeas.

Esta nueva Ley, que entra en vigor el jueves 25 de octubre, a excepción de ciertas disposiciones, incluye importantes novedades para los autónomos. Desde el bufete Jausas, enumeran y explican los cambios más relevantes:

Ampliación a 12 meses el período de duración de la «tarifa plana», frente a los 6 actuales, y se reduce a 2 años, frente a los 5 actuales, el requisito de no encontrarse previamente de alta en el sistema de Seguridad Social para aquellos trabajadores que reemprendan su actividad por cuenta propia.

Se rebaja a la mitad el recargo por retraso en el abono de las cuotas dentro del primer mes natural siguiente al del vencimiento del plazo.

En los supuestos de pluriactividad, la devolución del exceso de cotización realizado por el trabajador autónomo se realizará de oficio por la Tesorería General de la Seguridad Social.

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Empieza la cuenta atrás para que los trabajadores de cualquier país de la Unión Europea que se desplacen para trabajar temporalmente en otro Estado comunitario cobren lo mismo que los empleados del país que les acoge. Los Veintiocho ministros de Empleo de la UE acordaron ayer in extremis en Luxemburgo iniciar las negociaciones para reformar la directiva comunitaria de trabajadores desplazados.

El acuerdo llegó tras una larga jornada de intensas negociaciones que terminó bien pasada la madrugada y en la que la Ministra de Empleo, Fátima Báñez, tuvo un papel protagonista. Primero, España -junto a Irlanda y Portugal-, se alineó con el grupo de países del Este que más firmemente rechazaban esta equiparación de las remuneraciones, perseguida sobre todo por Francia, Bélgica, Alemania e Italia –los principales países que sufren el dumping salarial de trabajadores de otros Estados miembros que se desplazan a trabajar en sus mercados-. Si bien el motivo de que España se pusiera del lado del bloque del Este no fue porque rechazara la equiparación salarial sino que defendía que estas medidas no se aplicaran al sector del transporte.

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