La sentencia del Tribunal Supremo de 16 de junio 2017 ha establecido que a pesar del carácter extrasalarial de la dieta, su abono no está supeditado a que el trabajador justifique el gasto, si esta condición fue impuesta por la empresa de manera unilateral. El alto tribunal rechaza por tanto, la práctica empresarial de exigirles la liquidación del gasto realizado en lugar de proceder al pago automático de la dieta.

En este caso los tripulantes de las lanchas de salvamento de una entidad pública empresarial de salvamento marítimo siempre que embarcaban fuera del puerto base y no pudieran pernoctar en su domicilio, debían liquidar el gasto realizado, en vez de que la empresa procediera al pago automático de la dieta prevista en el convenio colectivo aplicable, como hacía antes. Este nuevo sistema impuesto por la empresa según el cual la reserva hotelera debía hacerse por la propia empresa, siempre que fuera posible, y si no lo fuera, el trabajador debía aportar en la liquidación la factura del alojamiento cuyo importe no podía superar un límite establecido. Antes de este nuevo procedimiento, la empresa nunca había exigido a los trabajadores la justificación de ese gasto, era suficiente con que el trabajador hubiera pernoctado fuera del domicilio por razón del servicio para que la dieta le fuera abonada.

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Los falsos autónomos hacen que la Seguridad Social deje de ingresar una cantidad aproximada a los 562,3 millones de euros al año, según datos recopilados por la Unión de Autónomos Uatae a partir de las últimas Encuestas de Población Activa (EPA) publicadas por el INE.

La organización ha puesto de relieve que este tipo de fraude ha proliferado en los últimos años de crisis porque reduce notablemente los gastos de empleabilidad de las empresas defraudadoras. Además, según las estimaciones de Uatae, cotejados con los datos del INE, en España existen unos 210.000 falsos autónomos.

La cantidad final de dinero que pierde la Seguridad Social supera los 500 millones por la tarifa plana de cotización

La pérdida de más de 500 millones que sufre la Seguridad Social la obtiene Uatae cruzando la cantidad de falsos autónomos que existen en España con los datos oficiales del salario más frecuente en España (16.498,47 euros), los tipos de cotización estipulados para la Seguridad Social y la cotización mínima de los autónomos (275 euros).

No obstante, la secretaria general de Uatae, María José Landaburu, cree que la cantidad final de dinero que pierden las arcas de la Seguridad Social es “mayor”, porque una gran cantidad de los falsos trabajadores por cuenta propia se acogen a la tarifa plana de cotización de 50 euros.

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La percepción indebida de salarios por una trabajadora que cobra la totalidad cuando se encuentra en situación de jornada reducida, pero que cuando la empresa descubre el error reconoce que lo sabía desde el segundo mes, pero no devuelve el dinero, se considera una transgresión de la buena fe contractual que justifica el despido disciplinario.

Así, lo determina el Tribunal Superior de Justicia de Murcia, en una sentencia de 29 de marzo de 2017, en la que se dictamina la existencia de un abuso de confianza prohibido por el artículo 54.2.d) del Estatuto de los Trabajadores (ET) que en relación a las faltas muy graves incluidas en el Convenio, justifica la sanción.

El ponente, el magistrado De Domingo Martínez, concluye que el despido, es una sanción proporcional a la gravedad de los hechos acreditados y que constan en la carta de despido remitida por la empresa. La trabajadora consideraba que era un problema de la empresa el haberle pagado de más.

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La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) ha vuelto a solicitar un régimen sancionador para Administraciones y empresas que paguen con retraso a los profesionales por cuenta propia.

Mientras que el margen legal para pagar, una vez se recibe la mercancía y se da el visto bueno, es de 30 días (para la Administración), los retrasos siguen alargándose a los 71 día de media, o 54 en el caso de las comunidades Autónomas. Se ha llegado incluso a los 161 días de media para pagar una factura, en el año 2009. Y el problema, tal y como destaca el presidente de ATA ya no es este retraso, que impide el desarrollo de una empresa o de un autónomo. Según denuncian, si una pyme so un trabajador por cuenta propia se retrasan en un pago, se le sanciona, mientras que una gran empresa o una Administración Pública que se retrasa, no tienen que enfrentarse a ninguna multa. Pagando a 115 días de media, cuando la ley lo fija en un máximo de 60.

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