Los empresarios han activado la maquinaria para tumbar la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media en el Congreso de los Diputados. Los contactos con los distintos grupos políticos ya se han iniciado y el objetivo último es convencerles de que voten en contra para que la medida no salga adelante. No obstante, fuentes de la CEOE admiten que el resultado de la negociación parlamentaria es en estos momentos una incógnita y que el Gobierno podría ganarse el voto decisivo de Junts a cambio de cesiones en otras materias, por lo que los esfuerzos se centran ahora en «amortiguar el daño» intentando, al menos, arrancar algunas flexibilizaciones sobre varios aspectos del texto pactado entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos.

Más allá del recorte de la jornada legal sin merma salarial, a la patronal hay un tema que le preocupa aún más, si cabe, del acuerdo que acaba de validar el Consejo de Ministros y que aterrizará en cuestión de semanas en el Parlamento. Se trata del endurecimiento del registro horario, que el Ejecutivo quiere hacer obligatoriamente digital e interoperable por la Inspección de Trabajo. Es decir, que las empresas ya no puedan apuntar la jornada de sus trabajadores a papel y boli y que pasen a contar con un registro de horas digitalizado al que puedan tener acceso los inspectores en tiempo real de forma remota. Su incumplimiento, según está establecido en el anteproyecto de Ley, se multará con una sanción por cada trabajador -y no por empresa, como hasta ahora- que en su grado máximo podrá alcanzar los 10.000 euros.

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El Gobierno aprobará una nueva subida del salario mínimo interprofesional (SMI) el martes que viene. El Consejo de Ministros sellará el alza de 1.134 a 1.184 euros, un incremento del 4,4% rechazado por las patronales pero avalado por los sindicatos. Uno de los firmantes, UGT, ha publicado esta semana un estudio sobre reducción de jornada que también incluye información valiosa sobre las retribuciones: el sindicato detalla cuál es el salario base en más de 200 convenios, en sectores como la hostelería, el campo, la industria del metal o la limpieza de edificios. A partir de esa cifra se puede extraer cuánto subirá el salario para los trabajadores situados en la peor categoría de esos convenios.

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La sentencia emitida, a la que ha tenido acceso Europa Press, recoge la ampliación del derecho de la empleada pública a gozar de las semanas previstas por la Ley para el progenitor diferente a la madre.

Esta decisión judicial llega tras el recurso interpuesto por la interesada, funcionaria de la Dirección Provincial de Educación de la Junta de Castilla y León, contra una resolución que desestimaba esta concesión.

Esta cuestión había sido resuelta por el Tribunal Supremo en una sentencia emitida el 15 de octubre el pasado año en la que se reconocía el derecho de las familias monoparentales a gozar de los permisos de maternidad del otro progenitor, con el «interés superior del menor» como principal argumento.

Según el alto tribunal, «no resultan entendibles las razones por las que unos menores recién nacidos puedan recibir durante más tiempo la atención y los cuidados de alguno de sus progenitores, empleados públicos y otros no».

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La Ley General de la Seguridad Social señala como beneficiarios del complemento de maternidad por aportación demográfica a los jubilados que hayan tenido uno o más hijos y que estén en determinadas situaciones, una de ellas, que su retiro no haya sido voluntario. En un reciente caso resuelto por el Juzgado de lo social número 37 de Madrid, se ha aclarado que una jubilación anticipada no siempre significa que sea voluntaria y, por tanto, no cierra la puerta a acceder a este complemento. La resolución corrige así el criterio que siguieron el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) al denegárselo.

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La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha dado ya sus primeros pasos con respecto al nuevo registro de Jornada planteado por el Ministerio de Trabajo. Unas objeciones de la CEOE que incluyen la creación de un despido disciplinario a aquellos trabajadores que no rellenen el registro tal y como pida la empresa. Planteamiento «legalmente viable«, pero que supone una nueva obligación sancionable para los empleados.

Subida del SMI hasta los 1.184 euros. Reducción de jornada. Desconexión digital. E, incluso, un registro de jornada telemático que pueda ser comprobado por Inspección de Trabajo de forma inmediata.

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