El Gobierno ha tomado la decisión, con el visto bueno de los sindicatos, pero no de las patronales, de aumentar el salario mínimo interprofesional (SMI) para 2025 en 50 euros, lo que eleva su cuantía un 4,41%, hasta los 1.184 euros brutos mensuales repartidos en 14 pagas (16.576 euros al año). Así lo ha anunciado este miércoles la vicepresidenta segunda y Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, una vez finalizada la que ha resultado la última mesa de negociación con los agentes sociales, pese a que la potestad de determinar el sueldo base recae exclusivamente sobre el Gobierno. De esta forma, el departamento que dirige Díaz, que ha capitaneado de nuevo las conversaciones, se ha decantado finalmente por el extremo más elevado de la horquilla que planteaba en su informe el comité de expertos para equiparar así el SMI con el 60% del salario medio.

“El diálogo social funciona en nuestro país, y damos un paso adelante dando una buena noticia a los trabajadores. Quiero agradecer a los agentes sociales su participación, también a la patronal, que esta vez ha presentado propuestas concretas pese a que no ha sido posible alcanzar un acuerdo a tres”, ha señalado Díaz.

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Choque total en el Gobierno por la reducción de jornada. Las diferencias internas entre los socios han ido escalando durante las últimas semanas y este miércoles han alcanzado un nuevo pico, con la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, acusando al Ministerio de Economía de bloquear la tramitación por la via de «urgencia» del anteproyecto ley y el ministro Carlos Cuerpo desminiento a su vicepresidenta.

La líder de Sumar ha concedido una entrevista este miércoles a primera hora en ‘Telecinco’ en la que ha acusado a su socio de Gobierno de impedir las gestiones para que el próximo Consejo de Ministros valide el anteproyecto de ley de reducción de jornada. Para que la norma avance, primero debe ser aprobada en el cónclave ministerial, para luego ser remitida al Congreso, negociada allí con los grupos parlamentarios y, si reúne las mayorías necesarias, entrar ya en vigor.

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El Tribunal Supremo ha denegado la jubilación anticipada a una empleada de Banco Mare Nostrum que, tras casi cuarenta años de servicios, dimitió por negarse a aceptar una decisión de traslado. La resolución aclara en este caso que, para anticipar la fecha de jubilación, la finalización del contrato debe obedecer a una causa involuntaria, y la operaria cesó libremente.

Así lo establece una reciente sentencia del Alto Tribunal (cuyo texto puede consultar aquí). La decisión tiene en cuenta la normativa aplicable en el momento de la solicitud, anterior a la Ley 21/2021, de 28 de febrero, de garantía del poder adquisitivo de las pensiones. Esta norma incorporó “la extinción del contrato por voluntad del trabajador” a las causas que permiten la jubilación antes de tiempo. Por tanto, hoy el fallo habría sido distinto.

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La Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) ha avisado de que el Gobierno no podrá reducir la jornada laboral hasta las 37,5 horas de manera efectiva si no la refuerza a nivel operativo y a nivel de recursos, dado que es la encargada de hacer cumplir la normativa social.

Así lo ha trasladado la presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, Ana Ercoreca de la Cruz, en la Comisión de Trabajo y Economía Social del Senado, donde ha comparecido para informar de la labor de los inspectores y de las necesidades y retos actuales de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

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