A partir de ahora, el Catastro determinará el valor de mercado de los pisos para usarlo como referencia en la valoración catastral, en un momento de fuerte alza de precios.
La letra pequeña de los Presupuestos Generales del Estado para 2018 (PGE) alberga un nuevo golpe al bolsillo de los españoles. La disposición final décimo octava del proyecto de ley estipula que, a partir de ahora, el Catastro determinará el «valor de mercado» de la vivienda para usarlo como referencia en la valoración catastral, que es la base para el pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y para el impuesto de la plusvalía local.

Esto es algo que el Gobierno debería haber hecho durante la crisis, ya que, además de exigirlo la Ley del Catastro, habría sido más beneficioso para el bolsillo de los propietarios de vivienda. Esta valoración se hace para cumplir con lo exigido por parte del artículo 23.2 del Texto Refundido de la Ley de Catastro. Lo que ocurre es que, en los años del pinchazo inmobiliario el precio de la vivienda caía con fuerza y ahora el ladrillo se revaloriza de forma notable. Por eso, el Ministerio de Hacienda ha decidido aplicar este criterio, que puede ser más favorable para las arcas de los ayuntamientos.

Los Presupuestos modifican el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario en varios puntos. El principal es que se introduce una nueva disposición final tercera en la que se establece que «la Dirección General del Catastro estimará de forma objetiva, para cada bien inmueble y a partir de los datos obrantes en el Catastro, su valor de referencia de mercado, entendiendo por tal el resultante del análisis de los precios comunicados por los fedatarios públicos [...]

Las pensiones mínimas y no contributivas subirán un 3% con efectos retroactivos, pero el ahorro en el IRPF para las rentas más bajas sólo se aplicará en el segundo semestre del año, una vez se hayan aprobado los Presupuestos Generales del Estado de 2018, algo que, si se consigue, no será antes del mes de julio.

Es decir, los 2,5 millones de trabajadores y el millón de pensionistas que ganan entre 12.000 y 18.000 euros se ahorrarán de media 220 euros este año, frente a los 440 euros anuales que les hubiera correspondido si la deducción por las rentas del trabajo se hubiese aplicado desde el 1 de enero.

Más suerte tendrá la nómina de los funcionarios, que cobrarán un 1,75% más este año, una subida que sí se aplicará con carácter retroactivo, aunque los Presupuestos se aprueben a finales del mes de junio. Lo mismo ocurrirá con la equiparación salarial de las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado.

Con este calendario de ejecución, los pensionistas más beneficiados por unas Cuentas que nacen heridas de gravedad son aquellos que ganan menos de 860 euros al mes. Aunque estos suponen más de la mitad de los beneficiarios de prestaciones de jubilación, unos 5,7 millones de pensionistas, se queda fuera el millón de pensionistas que ingresa entre 12.000 y 18.000 euros al año, según los cálculos del Ministerio de Hacienda.

En el caso de las pensiones mínimas y no contributivas, la subida será del 3%. Para las pensiones de viudedad, el alza es del 2%. El incremento se limita al 1,5% para quienes no llegan a 9.800 euros anuales (700 euros al mes) y al 1% para quienes cobran prestaciones de entre 9.800 y 12.040 euros al año [...]

Los ingresos obtenidos por un abogado, en el ejercicio de su profesión, por su actuación de defensa procesal en un litigio cuya duración se haya extendido más de dos años, cuando se perciban de una sola vez o en varias en el mismo ejercicio, se consideran generados en un periodo superior a dos años a los efectos de acogerse a la reducción de los rendimientos netos prevista al efecto en el artículo 32.1, párrafo primero, de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Así, lo determina el Tribunal Supremo en una sentencia, de 19 de marzo de 2018, que establece que a efectos de la excepción, la regularidad o habitualidad de los ingresos cuya concurrencia descarta Hacienda, la reducción ha de referirse al profesional y a los ingresos obtenidos individualmente en su IRPF, no a la actividad de la abogacía o a características propias de ésta, globales o abstractos.
El ponente, el magistrado Navarro Sanchís, concluye que la carga de la prueba de que concurre el presupuesto de hecho que habilita la excepción incumbe a la Administración, que deberá afrontar los efectos desfavorables de su falta de prueba. Esta carga impone justificar y motivar las razones por las que dice que la reducción debe excluirse.
El artículo 32.1 de la Ley del IRPF, dispone que los rendimientos netos con un periodo de generación superior a dos años y los que se califiquen reglamentariamente como obtenidos de forma notoriamente irregular en el tiempo, se reducen en un 40 por ciento. Añade, que no es de aplicación la reducción a los rendimientos que, aún cuando individualmente puedan derivar de actuaciones desarrolladas a lo largo de un periodo que cumpla los establecidos, procedan del [...]