El Ministerio de Empleo está inmerso en una negociación a tres bandas para reordenar las ayudas que se dan actualmente a los desempleados que agotan sus prestaciones contributivas por desempleo. Las dos principales negociaciones están siendo con los agentes sociales y con las comunidades autónomas. Si bien hay una tercera vía para esta reordenación en sede parlamentaria, que se encuentra en vía muerta por la complejidad del reparto de fuerzas en el Congreso.

Pero al margen de dicha tercera vía parlamentaria, el Ministerio de Empleo está intentando que las comunidades y los interlocutores sociales acepten su propuesta para unificar los actuales subsidios asistenciales y los programas de la Renta Activa de Inserción (RAI), Plan Prepara y Programa de Activación por el Empleo (PAE) en una nueva renta que se enmarcaría en la órbita del sistema de Seguridad Social y que se denominaría Renta Complementaria de Desempleo (RED).

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El mundo laboral está en constante movimiento. Empleados de unas y otras empresas cambian de puesto de trabajo y saltan de unas empresas a otras del mismo sector. A veces, son los propios trabajadores los que buscan oportunidades laborales, y, otras, son las empresas las que captan y contratan nuevos empleados. En este contexto es habitual encontrarse con trabajadores que mantienen con las empresas cláusulas de no competencia, mediante las cuales se comprometen, a cambio de una contraprestación abonada por la empresa, a no trabajar para la competencia en un periodo de hasta dos años. Si, finalizada la relación con esa empresa por cualquier motivo, el empleado pasa a prestar sus servicios para la competencia, estas non-compete clauses llevan aparejada una indemnización por daños y perjuicios a favor de la empresa inicial con motivo del incumplimiento por parte del empleado.

Así, en caso de incumplimiento, la Empresa para la que prestaba sus servicios podrá reclamar al trabajador por vía laboral la citada cantidad, pero, ¿es la nueva Empresa responsable de ese incumplimiento? Y si el trabajador ha abandonado la empresa inicial por una oferta de esta nueva empresa, ¿la nueva empresa tiene algún tipo de responsabilidad?

En caso de que la empresa de la que proviene el empleado (en adelante inicial o de origen) demandase a este último por incumplimiento del pacto de no competencia, desde un punto de vista laboral y dentro de esta acción/procedimiento, la nueva empresa contratante (o nueva empresa) a la que se incorpora el Empleado no tendría ningún tipo de responsabilidad, dado que el único responsable titular de la obligación de no competencia es el empleado que la pacta y asume.

Dentro de las conductas de contratación por parte de las empresas [...]

Actualmente existen más de 200.000 personas que desarrollan su actividad profesional en España bajo la figura del falso autónomo, según datos de la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (UATAE). Cabe aclarar que se entiende por falso autónomo aquella persona que trabaja para una empresa pero que está dado de alta como profesional por cuenta propia.

De esta manera, el empresario se ahorra costes y trata al profesional como cualquier otro empleado por cuenta ajena. Desde el marketplace de abogados Easyoffer insisten en que un autónomo no puede recibir órdenes de otra persona ni estar sujeto a un horario fijo de trabajo.

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UGT y CC.OO. consideran que la propuesta del Gobierno de fusionar los actuales plan Prepara, el Programa de Activación para el Empleo (PAE) y la Renta Activa de Inserción (RAI), en la nueva Renta complementaria de Desempleo (RED), «no da respuesta a la necesaria reforma de la protección por desempleo, ya que tan solo aborda, y parcialmente, la protección asistencial.

La RED es una ayuda de 430 euros mensuales para los desempleados que han agotado todas sus prestaciones y entrará en vigor el 1 de mayo. Sin embargo, los cálculos realizados por los sindicatos señalan que el 59% de los beneficiarios saldría perdiendo. Actualmente, por ejemplo, el plan Prepara abona entre 400 y 450 euros mensuales durante seis meses.

Así lo han planteado los sindicatos en la mesa de Diálogo Social para un plan de choque por el empleo. «Ante la inminente finalización de estos programas, es urgente tomar medidas que impidan dejar sin protección a las personas que hasta ahora pueden tener acceso a estos programas. Además, la reforma resultante, la RED, no puede derivar en una reducción de la cobertura ni en un recorte de gasto respecto a la situación previa, perjudicando a la mayoría de los beneficiarios».

Estas organizaciones señalan también que el Gobierno «no ha incorporado ninguna medida que aborde la situación de los parados de larga duración que agotan sus prestaciones. Con la desaparición de la RAI quedan sin cobertura, o al menos esta disminuye, las personas en paro de larga duración mayores de 45 años, las personas con discapacidad y los emigrantes retornados».

Y piden que, «teniendo en cuenta que la modificación y puesta en marcha de la RED será compleja, y ante la finalización inminente de la vigencia del PAE y [...]