La Seguridad Social ingresará un total de 1.667 millones de euros adicionales por la subida de la base máxima y por otras medidas como el incremento de la cotización del 40% en los contratos de menos de cinco días.

Así se desprende la memoria económica del Real Decreto aprobado al pasado 28 de diciembre.

En concreto, con la subida de la base máxima de cotización de un 7% incluida en este ‘macrodecreto’ de medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo la Seguridad Social espera recaudar un total de 850 millones de euros en 2019.

En total, el incremento de la subida de la base máxima afectará a 1,02 millones de trabajadores. De estos, un 68% son hombres, mientras que solo un 32% son mujeres, según datos de la memoria a los que ha tenido acceso Europa Press.

La edad media de estos cotizantes es de 48 años en los hombres y de 46 años en las mujeres. Además, el tramo quinquenal de edad donde se sitúa el mayor número de cotizantes en base máxima es de los 45 a los 49 años en el caso de los hombres y de los 20 a los 44 años en el caso de las mujeres.

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El Gobierno ya ha escuchado al Pacto de Toledo y ha interpretado cómo deberán revalorizarse las pensiones a partir de ahora. Por ello, ha decidido incluir una reforma legal en el proyecto de Real Decreto-Ley de medidas urgentes del orden social, que prevé aprobar este viernes el Consejo de Ministros, para suprimir para siempre el actual factor de revalorización de las pensiones. Este factor fue aprobado en 2013 y limitaba la subida de las prestaciones a un 0,25% mientras la Seguridad Social estuvieran en déficit.

Los Presupuestos Generales de 2018 ya habían dejado en suspenso este factor para este año y el próximo e incluían una subida de pensiones del 1,6% para ambos ejercicios.

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El Gobierno está decidido a perseguir el abuso que hacen algunas empresas de los contratos de corta duración y de la figura del falso autónomo. Así se recoge en el Real Decreto-ley de Medidas Urgentes en el Orden Social que el Consejo de Ministros aprobará mañana viernes. La norma entrará en vigor inmediatamente.

Penalización a los contratos temporales de corta duración. El Gobierno subirá del 36% al 40% las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social de los contratos temporales cuya duración sea igual o inferior a los cinco días. Para los contratos de una duración igual a los siete días la cotización empresarial se mantiene en un 36%, frente al 23,3% del resto de los contratos. Con ello, el Gobierno pretende reducir la precariedad laboral que, sobre todo, afecta a los jóvenes. No obstante, el incremento de la cotización no afectará a los asalariados del campo por la corta duración de sus tareas.

Mejora del cómputo de la cotización para los contratos de corta duración. Por el contrario, quienes tengan estos contratos de una duración inferior o igual a cinco días, verán mejorada su cotización con vistas a su futura pensión. Así, cada día de trabajo se considerará como 1,4 días de cotización. Por ejemplo, cinco días de trabajo se convertirán en siete días de cotización.

Multa a las empresas por falsos autónomos. El Gobierno incorpora como infracción en el orden social la práctica habitual de algunas empresas de convertir en falsos autónomos a los que son trabajadores asalariados. Trata de frenar también esta práctica para evitar que muchas empresas se beneficien de la futura reforma de la cotización de los autónomos que permitirá a éstos cotizar muy poco, o no [...]

El Ministerio de Trabajo tiene previsto aprobar previsiblemente en el Consejo de Ministros del próximo viernes una convocatoria de subvenciones por valor de 350 millones de euros para formar a trabajadores ocupados, según ha anunciado hoy la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio.

Esta convocatoria, que acaba de ser aprobada en el patronato de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, tendrá como destinatarios las entidades y centros formativos acreditados, que solicitarán estas subvenciones en concurrencia competitiva. Esto es, una vez presentadas todas las solicitudes de estos centros –entre los que pueden estar entidades vinculadas a patronales y sindicatos—se evaluarán las ofertas formativas y se autorizarán las ayudas públicas.

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