Mejorar la gestión y los procesos de incapacidad temporal(IT), las denominadas bajas laborales. Con este objetivo el Gobierno suprimirá la confirmación de los partes de baja semanales para aquellos trabajadores que padezcan una enfermedad de larga duración, de forma que los médicos de familia emitan esos partes de confirmación según la duración prevista de la enfermedad, sin necesidad de acudir al centro de salud, tal y como ya informó ABC.

El Ministerio de Empleo ha trasladado a los agentes sociales su intención de distinguir cuatro grupos de procesos, en atención a su duración prevista, con distinta periodicidad en la expedición de los indicados partes. Para ello se tomará como referencia una tabla orientativa de duración estimada de la IT del trabajador en función de su patología, edad, la repercusión de la dolencia que causó la baja sobre su puesto de trabajo, etc.Esta información no será vinculante, solo informativa.

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El Defensor del Pueblo reconoce en una resolución que aquellos desempleados que se vean obligados a realizar una prestación de trabajos de colaboración social deberán dirigirse al organismo de forma individual para denunciar esta situación. Además, asegura en esta contestación que los tribunales serán los encargados de determinar si esta situación encubre una relación laboral.

Esta contestación llega después de que algunos ayuntamientos de la Comunidad de Madrid obligaran a desempleados que estaban cobrando el paro fueran llamados para trabajos de colaboración social. La Asociación Nacional para la Defensa Efectiva del Trabajador (ANDET) presentó un escrito al Defensor del Pueblo en la que denunciaba que esta práctica incurría en una relación laboral.
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El Ministerio de Empleo ha remitido a los agentes sociales el borrador del futuro Real Decreto sobre Incapacidad Temporal (IT), en el que se plantea sustituir el actual sistema de expedición de los partes médicos de confirmación de bajas, de periodicidad semanal, por otro basado en la distinción de cuatro grupos de procesos, en función de la duración prevista, con distinta periodicidad en la expedición de los indicados partes.

Para ello, se tomará como referencia una tabla orientativa de duración estimada de la IT del trabajador en función de su patología, edad, la repercusión de la dolencia que causó la IT sobre su puesto de trabajo, etc. Empleo aclara que esta información no es vinculante.
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Las empresas y los trabajadores deben cotizar desde el pasado 22 de diciembre más a la Seguridad Social por conceptos hasta ahora exentos como son el plus de transporte, las ayudas a la comida, los vales para guardería o los seguros médicos y planes de pensiones, entre otros. Eso fue lo que aprobó el Gobierno el pasado 20 de diciembre en el Real Decreto-Ley 16/2013 de medidas urgentes para favorecer la contratación estable y mejorar la empleabilidad de los trabajadores, en el que se establece que esta decisión responde a la “necesidad de actuar para potenciar la contratación estable y para acabar con el ciclo de destrucción de empleo”.

Pues bien, la iniciativa, aprobada sin apenas publicidad por parte del Ministerio de Empleo, pilló completamente desprevenidos a empresas y trabajadores, ya que además coincidió con el inicio de las vacaciones de Navidad. La reunión celebrada ayer en la sede de CEOE estuvo marcada casi íntegramente por este asunto y transcurrió en un clima de fuerte indignación y enfado por el fondo y la forma en la que se ha adoptado esta medida.

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Un total de 93.781 empresas iniciaron su actividad en 2013, lo que representa un incremento del 5,65% respecto al año anterior, según los datos del Radar Empresarial de Axesor, que indica que, no obstante, supone una caída del 12,6% respecto a 2008, año del inicio de la crisis económica.

Madrid, Cataluña, Andalucía y Valencia son las cuatro comunidades donde más sociedades se registraron, con un total de 64.072. Así, si en 2008 estas cuatro regiones acaparaban el 64% del total de las empresas, el año pasado su representatividad alcanzó el 68,3%.

A pesar del incremento del número de empresas creadas, el capital suscrito para las nuevas altas societarias se situó en 2013 en 6.442,88 millones de euros, un 17% menos que en 2012.

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