La suavización de las trabas a la prejubilación en las grandes compañías es un cambio más que Empleo introdujo en el real decreto del 21 de diciembre último y que acompaña a la obligación de cotización del salario en especie (vales de comida o los seguros médicos).

A partir del 23 de diciembre pasado (fecha de entrada en vigor del citado real decreto) las empresas pertenecientes a grupos multinacionales que tengan pérdidas en España y beneficios en el exterior con más de 100 empleados en España e incluyan en sus expedientes de despido a mayores de 50 años, no estarán obligadas a abonar sus costes de cotización ni sus prestaciones por desempleo, como hasta ahora.

Hasta esa fecha, la ley incluía la citada penalización, siempre que “las empresas o el grupo de empresas del que formen parte hubieran tenido beneficios” en los dos ejercicios económicos anteriores al ERE; o en dos años consecutivos tomando como plazo el año anterior al despido colectivo y los cuatro siguientes.

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La CEOE está a favor de la decisión del Gobierno de incluir en el anteproyecto de ley de mutuas la ampliación de las facultades de gestión de estas entidades para que puedan dar altas médicas a los trabajadores en los procesos de incapacidad temporal derivados de enfermedades comunes porque, según sus cálculos, esta medida supondrá un ahorro de 1.625 millones de euros para la Seguridad Social y de 4.973 millones de euros para las empresas, en total 6.625 millones de euros.

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Después de una concentración de dos días con todos sus ministros en el palacete de Meseberg, Merkel tragó ayer saliva e inspiró profundamente al anunciar la primera medida de la gran coalición alemana: rebajar la jubilación a los 63 años.

El mismo país que ha presionado al resto de sus socios europeos a no permitir por más tiempo las jubilaciones antes de los 67 años realiza ahora una reforma de sus propias pensiones que reabre la jubilación a los 63 años y que será aprobada en el Consejo de Ministros del próximo 29 de febrero para inmediatamente ser redirigida al Parlamento en forma de proyecto de ley.

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El Pleno del Consejo Económico y Social (CES), integrado por sindicatos, empresarios y organizaciones del tercer sector, ha aprobado el dictamen sobre el anteproyecto de ley de mutuas, con numerosas objeciones al texto que le fue enviado por el Gobierno, entre ellas la posibilidad de que estas entidades puedan dar altas médicas en procesos de incapacidad temporal si los Servicios Públicos de Salud no responden en un plazo de cinco días, según ha informado este jueves el organismo.

En concreto, el CES no comparte que la norma amplíe las facultades de las mutuas en la gestión de la incapacidad temporal al permitirles realizar a sus médicos propuestas de altas «presuntas». «No resulta admisible legalmente que como consecuencia de la inactividad de la Administración, es decir, de su falta de respuesta en cinco días, resulte perjudicado el trabajador con la retirada de la prestación económica», alega.

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La moderación salarial debe continuar. La patronal asegura que el crecimiento de los sueldos no debe superar el 0,6% este año. Es la recomendación que la organización empresarial realizará a las empresas para este año en aplicación del II acuerdo de convenios firmado en 2012 con UGT y CC.OO. Este pacto preveía para 2012 y 2013 subidas del 0,5% y para 2014 un incremento 0,6% si la economía crecía menos del 1%, del 1% para el caso de crecimiento entre el 1 y el 2% y, si superaba el 2%, la revisión se situaría en el 1,5%.

El acuerdo sellado con los sindicatos también recoge quela inflación influya en los sueldos.Así, al final de cada ejercicio al que hace referencia el acuerdo los sueldos se actualizarán en función de la desviación del IPC sobre el objetivo oficial del 2%. Eso sí, si la tasa de inflación española supera a la que registre la eurozona, se tendrá en cuenta esta última. Sin embargo, para saber si se rebasa el tope del 2% no se tendrá en cuenta el potencial encarecimiento de los carburantes en caso de que el precio del petróleo Brent suba más de un 10%. El alza, en cualquier caso, no supondría asumir toda la inflación, ya que solo se contaría con la desviación sobre el 2%.

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