El pleno del Congreso avala hoy el techo de gasto de 2018 y unos nuevos objetivos de déficit y deuda pública que darán más margen para el gasto social y que conllevará una rebaja del IRPF para las rentas más vulnerables el próximo año.

El Gobierno ha conseguido el apoyo suficiente, con 175 votos a favor procedentes del PP, de Ciudadanos, del PNV, UPN, Foro Asturias y Coalición Canaria para que, junto con la abstención de Nueva Canarias, puedan empezar a tramitarse los Presupuestos Generales del Estado de 2018 a partir de septiembre.

El pleno del Congreso ha debatido el Acuerdo sobre los Objetivos de Estabilidad Presupuestaria y de Deuda Pública para 2018-2020 y el límite de gasto no financiero de 2018 que, a falta de la votación, saldrá adelante con apoyos suficientes, pese a los votos en contra del PSOE, Unidos Podemos, ERC, el PDeCAT, Compromís y EH Bildu.

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La Seguridad Social abona ya 240.000 complementos de pensión a las mujeres que tuvieron o adoptaron hijos durante su carrera laboral. Así lo adelantó ayer la ministra de Empleo, Fátima Báñez, quien quiso lanzar un mensaje de «tranquilidad» a los pensionistas en un momento en que el sistema afronta un déficit presupuestario de más de 17.000 millones de euros.
«La garantía del sistema de pensiones, que es el empleo, avanza con vigor», aseguró ayer la ministra. Sin embargo, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha advertido de que los ingresos están creciendo por debajo de lo previsto por el Gobierno y en sus estimaciones dibujan una desviación de dos décimas sobre el objetivo de déficit del 1,4% comprometido para este año.
Aún así, Báñez insistió en que»tenemos un modelo de pensiones que va a ser sostenible en el tiempo hoy y también mañana, porque la garantía de nuestro modelo de pensiones es el empleo y es la productividad», dijo la ministra, quien también afirmó que 9 de cada 10 euros que se pagan en pensiones en España se sufragan con empleo.
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La devolución del exceso de cotización se realizará de oficio, sin necesidad de que el afectado reclame sus derechos.

La entrada en vigor de esta medida permitirá que la Seguridad Social devuelva automáticamente los cobros extra que hace a algunas personas que trabajan simultáneamente como asalariados y como autónomos. Los afectados son únicamente aquellos que en su empleo habitual ya cotizan sobre la base máxima. Esto implica que si por ejemplo tienen un salario de 6.000 euros, únicamente cotizarán por los primeros 3.751 euros, pues es la cantidad en la que se establece el límite, teniendo en cuenta la pensión máxima que se puede recibir.

Por tanto, no tiene sentido que una persona que ya alcanza el tope máximo en su cotización de asalariado tenga que pagar además como autónomo. Aunque la medida no ataja el problema de raíz -la Seguridad Social seguirá realizando los cobros-, permitirá que la devolución se efectúe de oficio, sin que el afectado tenga que reclamar sus derechos. Los numerosos trámites burocráticos que implica la solicitud de la devolución provoca que, actualmente, muchos autónomos se resignen a no recuperar su dinero.

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De este modo, solo se pagará por los días que haya cotizado, en vez de por el mes completo.
Hasta ahora, si un autónomo se daba de alta por ejemplo un 25 de mayo y de baja el 12 de julio, estaba obligado a pagar a la Seguridad Social la cotización completa correspondiente a ambos meses, aunque en realidad sólo había trabajado durante 20 días. Esto es especialmente frecuente entre aquellas personas que no tienen una relación estable con sus clientes, sino que trabajan principalmente en proyectos puntuales, limitados en el tiempo.

La nueva medida proporciona flexibilidad para que los autónomos se puedan dar de alta y de baja de la Seguridad Social hasta tres veces al año con derecho a empezar a pagar desde el mismo día en que realizan el trámite. Esto es, una persona que se inscriba el 15 de junio únicamente tendrá que abonar la mitad de la cuota. Pero a partir de la cuarta vez que vuelva a darse de alta -lo que sucede sólo en casos excepcionales de una volatilidad muy alta-; volverá al sistema anterior y tendrá que cotizar por el mes íntegro.

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La Sala de lo Social del TSJ Murcia, en sentencia 360/2017, de 29 de marzo (Recurso 1026/2016), establece que la conducta de la trabajadora supone una falta muy grave que justifica la sanción de despido, proporcional a la gravedad de estar un año cobrando más sueldo del que le correspondía a sabiendas porque ella misma había pedido la reducción de jornada.

La trabajadora, que se encontraba disfrutando de una reducción de jornada y siendo plenamente conocedora de que la misma llevaba aparejada una reducción salarial, por un error de la empresa estuvo percibiendo el salario correspondiente a la jornada ordinaria. Pese a ello no informó a la empresa durante un año, lo que sin duda supone una grave transgresión de la buena fe contractual y un abuso de confianza, merecedor de la sanción de despido cuya procedencia fue fallada en la instancia y que ahora el TSJ confirma.

Según el tribunal, es indudable que la trabajadora obró de forma premeditada y no «accidental». Era sabedora de que la reducción de su jornada implicaba la reducción de su salario, incluso propuso que la jornada que ella había reducido fuera cubierta por su pareja, lo que la empresa aceptó, contratando a la pareja por 20 horas en virtud de un contrato de interinidad, y pese a ello la trabajadora nunca comunicó a su empresa que estaba percibiendo un salario que no era acorde a su jornada reducida. Mantuvo silencio voluntaria y conscientemente.

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