La modificación del artículo 86.3 del Estatuto de los Trabajadores llevada a cabo por la reforma laboral con el fin de limitar la denominada «ultraactividad» de los convenios colectivos, ha venido -y continuará- siendo materia de confrontación entre trabajadores, sindicatos y empresas. Muchas de estas controversias, derivadas de una regulación confusa o cuanto menos abierta, han terminado siendo dilucidadas por el Tribunal Supremo en sentencias aparentemente contradictorias y no exentas de debate jurídico.

Así, la primera cuestión que se planteó a nivel doctrinal era qué pasaba si, en ausencia de pacto, transcurría el año de ultraactividad sin acuerdo para la renovación del convenio y sin que existiera un convenio colectivo de ámbito superior. ¿Se aplicaba entonces la normativa del Estatuto de los Trabajadores con carácter de mínimos – con las consecuencias que ello conllevaba de minoración de los derechos de los trabajadores – o, por el contrario, se mantenían sine die las condiciones del convenio colectivo expirado en virtud de una «contractualización» de dichas condiciones?

La cuestión fue resuelta por el Tribunal Supremo en sentencia de 22 de diciembre de 2014 en la que, no sin polémica y con diversos votos particulares, se adoptó la teoría de la «contractualización» en virtud de la cual las condiciones establecidas por el convenio colectivo se contractualizan desde el nacimiento mismo de la relación laboral («esas condiciones estaban ya contractualizadas desde el momento mismo (el primer minuto, podríamos decir) en que se creó la relación jurídico-laboral») y, por tanto, aunque el convenio haya expirado y perdido vigencia y no sea aplicable ni siquiera en régimen de ultraactividad, las condiciones establecidas en dicho convenio carente de efecto siguen rigiendo las relaciones laborales de los trabajadores como parte de sus condiciones contractuales.

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La prestación por cese de actividad es lo más parecido que tiene un autónomo al paro por desempleo. Es una prestación que trata de proteger al profesional por cuenta propia, en el caso de que se vea obligado a cerrar el negocio que regenta. El problema está en el acceso a dicha prestación. Si un asalariado es despedido, tiene derecho a cobrar la prestación por desempleo en el momento en el que lo solicite. En autónomos no funciona así. Se puede dar el caso de haber estado cotizando por esta prestación, y que a la hora de cobrarla, la Seguridad Social nos deniegue el acceso. De este modo, el autónomo puede quedar completamente desamparado.

Una situación que ha denunciado el presidente de ATA, Lorenzo Amor, en el acto de entrega de los premios que su asociación ha otorgado a diferentes organizaciones por su labor de apoyo al colectivo. En pleno debate sobre cómo deben cotizar este tipo de profesionales, Amor ha denunciado que con la prestación por cese de actividad se está cometiendo «un fraude de ley». «Se está permitiendo cotizar cuando las instituciones saben que no van a poder cobrar», ha aseverado en el acto.

Un recordatorio con sentido, si tenemos en cuenta que una de las propuestas que se han barajado es obligar a los autónomos a cotizar por estas coberturas, así como por contingencias profesionales, lo que elevaría la cuota que pagan mensualmente. En la actualidad, dichas aportaciones son opcionales.

Amor ha demandado que se resuelvan antes este tipo de problemáticas. «Querer obligar a cotizar, sin solucionar antes cómo obtenerla es algo que no tiene sentido», ha asegurado. El líder de ATA ha insistido en que los autónomos no están ahora mismo para una [...]

Los técnicos de Hacienda calculan que las retenciones en el IRPF sólo se les van a devolver a menos de 200.000 madres y padres (un 17% del total), lo que supone 266 millones de euros.

La razón principal de que el 83% de las madres y padres no vaya a obtener la devolución es que sus sueldos fueron bajos y no superaron el nivel que está exento de IRPF y, por lo tanto, no sufrieron las retenciones en su momento.

«El motivo fundamental por el que tan pocas madres recibirán la devolución de las retenciones es el bajo sueldo que, en líneas generales, obtienen las mujeres, especialmente cuando están en edad de maternidad, pues a la brecha salarial y al techo de cristal se une la mayor ocupación de la mujer en trabajos a tiempo parcial, la menor retribución inherente a las jóvenes que aún no han atesorado una experiencia y promoción profesional así como a la drástica reducción en el cálculo de las retenciones que realizan las empresas al descontar una cuarta parte del sueldo por la baja maternal», ha explicado Gestha.

De hecho, el 83% de las madres trabajadoras perciben salarios inferiores a los 18.400 euros anuales. «Y como las empresas calculan las retenciones sobre los ingresos que realmente prevén pagar en esos 8 meses, esa cantidad se reduce hasta los 12.300 euros, una cuantía por la que, en líneas generales, no se realizan retenciones», ha añadido en una nota.

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España se sitúa en el puesto número 32 entre 34 países de todo el mundo si se analiza la sostenibilidad del sistema de pensiones, según el informe de Melbourne Mercer Global Pension Index, que analiza distintos aspectos para afrontar los problemas demográficos de la población.
El envejecimiento de la población es un reto para los gobiernos a nivel mundial y España es uno de los países que tiene que trabajar más para afrontar este problema. Es una de la conclusiones del informe Melbourne Mercer Global Pension Index, que revela qué países están mejor preparados y cuáles están en peor posición para superar este desafío.

Por primera vez nuestro país ha sido incluido en este estudio, que desde hace diez años analiza aspectos como la suficiencia del sistema de pensiones, el buen gobierno y la comunicación así como la sostenibilidad de las pensiones.

En su debut en el ránking, España ha logrado una puntuación total de 54,4 puntos, cifra que la sitúa en el puesto número 23 entre los 34 países analizados de todo el mundo. Se sitúa así al mismo nivel que países como Italia, Polonia, Austria, Brasil o EEUU.

Actualmente, las pensiones en España se componen de un sistema público contributivo y otro asistencial no contributivo. Los planes de pensiones tanto privados como de empleo son voluntarios y su participación y nivel de prestaciones es muy reducida comparada con las otorgadas por parte del sistema público, según el informe.

«El sistema de pensiones en España ocupa una buena posición en los indicadores de suficiencia, buen gobierno y comunicación, pero es mejorable en el indicador de sostenibilidad, lo que ha provocado que el país se sitúe en el puesto 23 de 34 países», explica Miguel Ángel Menéndez, director [...]

La venta de la maquinaria dedicada a la producción, sin que exista una necesidad económica para ello, no puede ser utilizada por la empresa como una «causa organizativa» que valide un despido objetivo. Así lo determina el Tribunal Supremo, en una sentencia en la que confirma la improcedencia del cese de un operario, justificado por su compañía por la necesidad de ajustar el número de empleados y grúas disponibles. Meses antes de enviarle la carta de despido, la sociedad había procedido a la venta de una decena de vehículos.

«En el presente caso, la empresa hace surgir, por su sola voluntad, la causa organizativa invocada», asevera la resolución, «sin que el hecho que la motiva (la venta de parte de la maquinaria) aparezca justificado por la necesidad». En este sentido, y a juicio de los magistrados, admitir que la causa justa de un despido (ya sea objetivo o colectivo) pueda partir de «actos unilaterales acordados por la empleadora» haría caer, «por su base, toda la arquitectura» de esta figura.

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