La Agencia Tributaria parece conocer solo a las empresas por las inspecciones que realiza en ellas, pero parece desconocer la operativa interna de ellas. Si bien enviar la información de las facturas emitidas a la Agencia Tributaria en dicho plazo parece algo relativamente posible, enviar a Hacienda las facturas recibidas en un plazo máximo de cuatro días parece más una quimera que algo que se pueda cumplir.

La Real Academia Española define una quimera como aquello que se propone a la imaginación como posible o verdadero, no siéndolo. Y aún en el caso de ser posible obligar a las empresas a comunicar la información de las facturas recibidas en un plazo de cuatro días, parece más que una medida de control tributario, un castigo a las empresas y una injerencia en los sistemas de control administrativo.

Según la Agencia Tributaria el nuevo sistema de Suministro Inmediato de Información (SII) que entrará en vigor el 1 de enero de 2017, será obligatorio para un colectivo de unos 62.000 contribuyentes, formado por grandes empresas, grupos societarios a efectos de IVA e inscritos en el régimen de devolución mensual del impuesto (‘Redeme’), pudiendo el resto de las empresas acogerse voluntariamente si así lo desean.

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El régimen de IVA de caja, que entró en vigor este año, iba a ser el instrumento que dotaría de liquidez a los proveedores que se veían doblemente castigados por el fenómeno de la morosidad empresarial. Desde el inicio de la crisis, los impagos a pymes y autónomos se han disparado y los plazos de pago se estiraron más allá del período establecido por ley (60 días a partir del 1 de enero de 2013). Al mismo tiempo, las pymes y autónomos estaban obligados a pagar religiosamente el IVA de las facturas emitidas, aunque no hubieran sido cobradas. El sistema ideado por Hacienda permitiría a las empresas abonar el impuesto al cobrar la factura y no cuando se emitía. Sin embargo, tan solo 22.000 pymes y autónomos (apenas del 0,9% de los 2,3 millones de potenciales beneficiarios) se acogieron al nuevo sistema.
Una de las razones del fracaso ha sido la prohibición a que las grandes empresas pudieran establecer sus reglas a las pequeñas. Estas últimas se beneficiaban de la exención de abonar el IVA si no habían cobrado la factura, mientras que las primeras se veían perjudicadas ya que no podían deducirse los gastos fiscales derivados de las facturas hasta que las abonaran. Fuera del sistema de IVA de caja, el funcionamiento tradicional era que las grandes empresas difirieran el pago a los proveedores, lo que no era obstáculo para que se dedujeran esos gastos. Con el nuevo esquema, las grandes no podían hacer ingeniería financiera y ello llevó a algunas a amenazar a sus proveedores con romper los contratos si se acogían al sistema de caja.
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El Servicio Público de Empleo (SEPE) acaba de adjudicar a seis agencias privadas de colocación la tarea de intentar encontrar empleo a parados. Se trata de la primera acción de colaboración público-privada en materia de intermediación laboral en España. El SEPE había sacado a concurso seis lotes de intermediación que se correspondían con la posibilidad de que estas agencias privadas optaran a intermediar en otras tantas zonas españolas.

Los primeros parados que podrán ser colocados por empresas privadas serán aquellos beneficiarios del Plan Prepara, según uno de los requisitos que ha impuesto el SEPE a las adjudicatarias de este primer concurso. Este colectivo está formado por aquellos parados de larga duración que ya han agotado todas las ayudas por estar en desempleo y que demuestran que han buscado activamente un empleo en el último mes. Reciben 426 euros durante seis meses improrrogables y solo se puede optar a esta ayuda una sola vez.

Así, según fuentes de la Administración, las adjudicaciones, aún provisionales, han sido las siguientes: la empresa FSC Discapacidad buscará empleo a parados beneficiarios del Prepara en Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco. El segundo lote se lo ha adjudicado Adecco Trabajo Temporal y operará en Valencia, Murcia y Baleares. El tercero será para Manpower, que trabajará en Aragón y Cataluña. La Asociación Salesiana de Tecnología e Innovación intermediará en Madrid y Castilla-La Mancha. El quinto lote se ha adjudicado a Telefónica Learning Services para hacer colocaciones en Extremadura, Castilla y León, Canarias, La Rioja y Navarra. Y finalmente, el sexto lote ha ido a parar a Eulen que operará en Andalucía, Ceuta y Melilla.

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El Congreso ha aprobado el proyecto de ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo, que tiene como base las propuestas de reforma sugeridas en el Informe de la Comisión de Expertos presentadas al Consejo de Ministros el pasado 23 de mayo de 2014.

Este Proyecto supone la reforma del texto refundido por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, siendo clave por lo que a su contenido se refiere ya que, se han revisado y aprobado aspectos fundamentales del gobierno de las grandes empresas españolas y de los derechos de sus accionistas.

El gobierno corporativo o gobernanza es un concepto que ha ido adquiriendo una creciente importancia tanto desde una perspectiva económica como jurídica, promoviéndose las buenas prácticas o el “buen gobierno” por las incidencias positivas que éste puede tener en los distintos ámbitos. Se ha consolidado como un factor esencial para la generación de valor en la empresa, la mejora de la eficiencia económica y el refuerzo de la confianza de los inversores. Tal es la transcendencia, que se ha incorporado ya con carácter estructural y permanente a la agenda regulatoria de las autoridades y a los planes estratégicos de actuación de las instituciones privadas. Se trata, pues, de exigir más transparencia, más información por parte de las entidades, sobre su estructura corporativa, su forma de proceder, etc., que, si bien no garantiza completamente la no existencia de abusos, sí consigue un mayor control sobre estas entidades.

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Los ministros de Economía de los 28 han alcanzado este martes un acuerdo político para ampliar a todos los tipos de ingresos el intercambio automático obligatorio de información tributaria entre los Estados miembros. El objetivo de esta iniciativa, que se aplicará a partir de 2017, es reforzar la lucha contra el fraude y la evasión fiscal.

El compromiso, alcanzado por unanimidad como exigen las cuestiones fiscales, ha sido posible después de que Luxemburgo y Austria, los dos únicos países de la UE que mantienen el secreto bancario, levantaran sus reservas. El Ecofin ha aceptado darle un año extra de plazo a Austria para hacer los ajustes técnicos necesarios para implantar el intercambio automático.

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