El secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre, ha recalcado que la rebaja de impuestos incluida entre los cambios tributarios supondrá poner 9.000 millones de euros en los bolsillos de los contribuyentes, a partir del próximo mes de enero.

La rebaja media en el IRPF será del 12,5%, pero afectará más a las rentas bajas y medias. El 72% de los declarantes, que cuentan con rentas inferiores a 24.000 euros al año, contarán con una rebaja media del 23,5%. Ello contribuirá a dinamizar el consumo interno, generando un crecimiento adicional del PIB de 0,55 puntos, según un comunicado del Ministerio de Hacienda.

Ferre ha subrayado que el Gobierno ha iniciado ya los trámites de información pública de un real decreto para facilitar que las empresas rebajen las retenciones a sus trabajadores desde el inicio del año. El objetivo es que el decreto de retenciones, ahora en fase de borrador, pueda estar aprobado pocos días después de que las Cortes den el visto bueno definitivo a la reforma fiscal, trámite previsto para finales de noviembre.

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Cuando faltan pocas semanas para la aprobación definitiva de la reforma fiscal, el secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre, ha sugerido hoy que el Ejecutivo reformulará su propuesta inicial de eliminar a partir de 2015 los coeficientes de abatimiento y las actualizaciones monetarias que permiten rebajar el IRPF cuando se logran plusvalías por la venta de una vivienda. Durante su intervención en el Foro CincoDías patrocinado por Accenture y Banco Sabadell, Ferre defendió la idoneidad de la medida, aunque a renglón seguido abrió la puerta a realizar modificaciones en el proyecto de ley que actualmente se tramita en el Senado y cuyo plazo de enmiendas termina mañana.

Actualmente, cuando un contribuyente vende una vivienda usada, la plusvalía generada se corrige por los coeficientes de actualización monetaria, que recogen el efecto de la inflación. Y, si la casa fue adquirida antes de 1994, también se aplican los coeficientes de abatimiento que generan una rebaja adicional de la cuota a pagar. Por lo tanto, la supresión de ambos beneficios fiscales supondría un castigo tributario muy relevante, especialmente en el caso de ventas de viviendas muy antiguas. El secretario de Estado de Hacienda señaló que la medida se suavizará, aunque sugirió que se mantendrá una cierta penalización para este tipo de operaciones. Ferre argumentó que los coeficientes de abatimiento se aprobaron en 1991, cuando las plusvalías tributaban a la tarifa general y no, como sucede ahora, en el tramo del ahorro, que cuenta con tipos inferiores. Además, se restringió su aplicación en 1996 y 2006, de tal forma que hoy los coeficientes de abatimiento se aplican para casas compradas antes de 1994 y por la plusvalía obtenida desde la fecha de adquisición hasta el 19 de enero [...]

La Agencia Tributaria parece conocer solo a las empresas por las inspecciones que realiza en ellas, pero parece desconocer la operativa interna de ellas. Si bien enviar la información de las facturas emitidas a la Agencia Tributaria en dicho plazo parece algo relativamente posible, enviar a Hacienda las facturas recibidas en un plazo máximo de cuatro días parece más una quimera que algo que se pueda cumplir.

La Real Academia Española define una quimera como aquello que se propone a la imaginación como posible o verdadero, no siéndolo. Y aún en el caso de ser posible obligar a las empresas a comunicar la información de las facturas recibidas en un plazo de cuatro días, parece más que una medida de control tributario, un castigo a las empresas y una injerencia en los sistemas de control administrativo.

Según la Agencia Tributaria el nuevo sistema de Suministro Inmediato de Información (SII) que entrará en vigor el 1 de enero de 2017, será obligatorio para un colectivo de unos 62.000 contribuyentes, formado por grandes empresas, grupos societarios a efectos de IVA e inscritos en el régimen de devolución mensual del impuesto (‘Redeme’), pudiendo el resto de las empresas acogerse voluntariamente si así lo desean.

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El régimen de IVA de caja, que entró en vigor este año, iba a ser el instrumento que dotaría de liquidez a los proveedores que se veían doblemente castigados por el fenómeno de la morosidad empresarial. Desde el inicio de la crisis, los impagos a pymes y autónomos se han disparado y los plazos de pago se estiraron más allá del período establecido por ley (60 días a partir del 1 de enero de 2013). Al mismo tiempo, las pymes y autónomos estaban obligados a pagar religiosamente el IVA de las facturas emitidas, aunque no hubieran sido cobradas. El sistema ideado por Hacienda permitiría a las empresas abonar el impuesto al cobrar la factura y no cuando se emitía. Sin embargo, tan solo 22.000 pymes y autónomos (apenas del 0,9% de los 2,3 millones de potenciales beneficiarios) se acogieron al nuevo sistema.
Una de las razones del fracaso ha sido la prohibición a que las grandes empresas pudieran establecer sus reglas a las pequeñas. Estas últimas se beneficiaban de la exención de abonar el IVA si no habían cobrado la factura, mientras que las primeras se veían perjudicadas ya que no podían deducirse los gastos fiscales derivados de las facturas hasta que las abonaran. Fuera del sistema de IVA de caja, el funcionamiento tradicional era que las grandes empresas difirieran el pago a los proveedores, lo que no era obstáculo para que se dedujeran esos gastos. Con el nuevo esquema, las grandes no podían hacer ingeniería financiera y ello llevó a algunas a amenazar a sus proveedores con romper los contratos si se acogían al sistema de caja.
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El Servicio Público de Empleo (SEPE) acaba de adjudicar a seis agencias privadas de colocación la tarea de intentar encontrar empleo a parados. Se trata de la primera acción de colaboración público-privada en materia de intermediación laboral en España. El SEPE había sacado a concurso seis lotes de intermediación que se correspondían con la posibilidad de que estas agencias privadas optaran a intermediar en otras tantas zonas españolas.

Los primeros parados que podrán ser colocados por empresas privadas serán aquellos beneficiarios del Plan Prepara, según uno de los requisitos que ha impuesto el SEPE a las adjudicatarias de este primer concurso. Este colectivo está formado por aquellos parados de larga duración que ya han agotado todas las ayudas por estar en desempleo y que demuestran que han buscado activamente un empleo en el último mes. Reciben 426 euros durante seis meses improrrogables y solo se puede optar a esta ayuda una sola vez.

Así, según fuentes de la Administración, las adjudicaciones, aún provisionales, han sido las siguientes: la empresa FSC Discapacidad buscará empleo a parados beneficiarios del Prepara en Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco. El segundo lote se lo ha adjudicado Adecco Trabajo Temporal y operará en Valencia, Murcia y Baleares. El tercero será para Manpower, que trabajará en Aragón y Cataluña. La Asociación Salesiana de Tecnología e Innovación intermediará en Madrid y Castilla-La Mancha. El quinto lote se ha adjudicado a Telefónica Learning Services para hacer colocaciones en Extremadura, Castilla y León, Canarias, La Rioja y Navarra. Y finalmente, el sexto lote ha ido a parar a Eulen que operará en Andalucía, Ceuta y Melilla.

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