El Ministerio de Empleo negocia con empresarios y sindicatos la puesta en marcha de un nuevo subsidio para hogares sin ingresos, respondiendo así al compromiso adquirido el pasado mes de julio por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, con los agentes sociales. El objetivo, apuntan fuentes cercanas a la negociación, es «proteger a los más vulnerables y que nadie se quede desatendido».
Según ha podido saber ABC, se tratará de una paga de entre 400 y 450 euros -la cuantía definitiva todavía no está decidida- pero se prevé que sea similar a la que ahora reciben durante seis meses los parados que agotan las prestaciones (426 euros).
Según el Instituto Nacional de Estadística, en España hay cerca de 750.000 hogares que no reciben ingresos (rentas del trabajo, subsidios, o pensiones), el colectivo susceptible de beneficiarse de esta medida.
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La reforma fiscal acabará con la discriminación que sufren los no residentes en el impuesto sobre sucesiones y donaciones. Así figura en una enmienda presentada por el PP en el Congreso. El cambio normativo propuesto y que tiene el visto bueno de Hacienda recoge la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que dictaminó que la legislación española era contraria a la normativa comunitaria. El impuesto sobre sucesiones y donaciones es un tributo sobre el que las comunidades tienen amplia competencia y han establecido bonificaciones y deducciones. Sin embargo, cuando el contribuyente es un no residente, su factura fiscal es superior porque aplica la legislación estatal, que cuenta con menos beneficios tributarios. Para Bruselas, esta discriminación no tiene justificación y, por lo tanto, ordena que los no residentes apliquen la legislación de la comunidad autónoma correspondiente. Es decir, si un alemán hereda una vivienda en Baleares tributará como lo hacen los residentes en esa autonomía. La medida también beneficia a aquellos contribuyentes residentes que, por ejemplo, heredan un bien situado en el extranjero.

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El régimen de IVA de caja, que permite a las empresas abonar el impuesto al cobrar la factura y no cuando se emite no ha funcionado. Como ya adelantó Cinco Días en abril, solo 21.569 pymes y autónomos se acogieron al nuevo sistema que entró en vigor este año. Supone una cifra muy baja que representa el 0,9% de los 2,3 millones de potenciales beneficiarios. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, reconoció hoy en el Congreso que el modelo que con tanta insistencia habían reclamado las empresas no ha funcionado y avanzó que estudiarán fórmulas de mejora.
Los motivos del fracaso son variados. En primer lugar, hay que tener en cuenta que las empresas que facturan por encima de los dos millones de euros no pueden acogerse al IVA de caja. Y existe constancia de que grandes empresas presionaron a sus proveedores para que no se adhirieran al nuevo régimen. Y esto es así porque para sus cuentas resultaba perjudicial tratar con empresas que aplicarán el IVA de caja.
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La reducción de tipos en el impuesto sobre sociedades que incorpora la reforma fiscal penaliza, paradójicamente, a las empresas que se acogieron al proceso extraordinario de actualización de balances que impulsó Hacienda en diciembre de 2012. Ello es así porque la rebaja tributaria también reduce los gastos deducibles por la amortización de los activos actualizados. El PNV confirmó a CincoDías que presentará en el Congreso una enmienda a la reforma fiscal para eliminar este efecto fiscal. Hacienda baraja aceptar esta propuesta o buscar soluciones alternativas.
El proceso de actualización de balances, al que se adhirieron muchas sociedades cotizadas, implica recalcular el valor contable de los activos de una compañía para corregir el efecto de la inflación y acercarlos al valor real. Se trata de una medida extraordinaria y que los sucesivos Gobiernos adoptan cada cierto tiempo. La última vez que se produjo una actualización de balances fue en 1996. Las empresas que ajustan el valor contable de sus activos asumen un coste tributario en un primer momento y generan un ahorro fiscal a futuro en el impuesto sobre sociedades.
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Las empresas son las encargadas de aplicar en las nóminas de sus empleados la rebaja fiscal del IRPF y los múltiples cambios incluidos en la reforma que actualmente se está tramitando en el Congreso. Las compañías ya han advertido que precisan de margen para adaptar sus sistemas informáticos a la nueva normativa y aplicar así ya desde enero las nuevas escalas de retenciones y las modificaciones introducidas en, por ejemplo, la reducción por rendimientos del trabajo.
La idea de Hacienda es ofrecer un plazo suficiente para que las compañías reflejen en la nómina de enero de sus trabajadores la rebaja fiscal que supondrá un incremento del sueldo neto mensual. Altos funcionarios del Ministerio de Hacienda ya han comunicado a organizaciones de asesores fiscales que la idea es aprobar en noviembre la reforma fiscal y con mínimos cambios. Es decir, las posibles modificaciones no afectarán a aspectos fundamentales como el número de tramos, los tipos impositivos, la reducción por rendimientos del trabajo o los mínimos personales. Estas son las principales variables que influyen a la hora de determinar el tipo de retención que sufren los asalariados en su nómina.
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