La reducción de tipos en el impuesto sobre sociedades que incorpora la reforma fiscal penaliza, paradójicamente, a las empresas que se acogieron al proceso extraordinario de actualización de balances que impulsó Hacienda en diciembre de 2012. Ello es así porque la rebaja tributaria también reduce los gastos deducibles por la amortización de los activos actualizados. El PNV confirmó a CincoDías que presentará en el Congreso una enmienda a la reforma fiscal para eliminar este efecto fiscal. Hacienda baraja aceptar esta propuesta o buscar soluciones alternativas.
El proceso de actualización de balances, al que se adhirieron muchas sociedades cotizadas, implica recalcular el valor contable de los activos de una compañía para corregir el efecto de la inflación y acercarlos al valor real. Se trata de una medida extraordinaria y que los sucesivos Gobiernos adoptan cada cierto tiempo. La última vez que se produjo una actualización de balances fue en 1996. Las empresas que ajustan el valor contable de sus activos asumen un coste tributario en un primer momento y generan un ahorro fiscal a futuro en el impuesto sobre sociedades.
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Las empresas son las encargadas de aplicar en las nóminas de sus empleados la rebaja fiscal del IRPF y los múltiples cambios incluidos en la reforma que actualmente se está tramitando en el Congreso. Las compañías ya han advertido que precisan de margen para adaptar sus sistemas informáticos a la nueva normativa y aplicar así ya desde enero las nuevas escalas de retenciones y las modificaciones introducidas en, por ejemplo, la reducción por rendimientos del trabajo.
La idea de Hacienda es ofrecer un plazo suficiente para que las compañías reflejen en la nómina de enero de sus trabajadores la rebaja fiscal que supondrá un incremento del sueldo neto mensual. Altos funcionarios del Ministerio de Hacienda ya han comunicado a organizaciones de asesores fiscales que la idea es aprobar en noviembre la reforma fiscal y con mínimos cambios. Es decir, las posibles modificaciones no afectarán a aspectos fundamentales como el número de tramos, los tipos impositivos, la reducción por rendimientos del trabajo o los mínimos personales. Estas son las principales variables que influyen a la hora de determinar el tipo de retención que sufren los asalariados en su nómina.
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El conseller de Economía y Conocimiento de la Generalitat de Cataluña, Andreu Mas-Colell, ha asegurado este lunes que la Generalitat no se puede permitir rebajar el tramo autonómico del IRPF, un impuesto del que el Estado anunció una rebaja en agosto y que algunas comunidades estudian también reducir.

«No nos lo podemos permitir dada la situación de las finanzas de la Generalitat, ya que la mejora de la economía no se refleja en el dinero que se transfiere de Madrid», ha afirmado el conseller en la Seu Vella de Lleida, al término de la inauguración oficial del curso académico 2014-2015.

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El borrador de reforma fiscal que presentó el Gobierno en junio estableció que las rentas cobradas por los propietarios de viviendas en alquiler tendrían una reducción fiscal del 50% en el IRPF. Sin embargo, el texto definitivo que aprobará el Gobierno incrementará ese porcentaje hasta el 60%. Es uno de las mejoras decididas en las últimas horas que se une al incremento del mínimo exento de las indemnizaciones por despido y a los nuevos incentivos fiscales en el caso de las plusvalías obtenidas por mayores de 65 años.
El cambio en la tributación del alquiler supone una mejora respecto al borrador de la reforma fiscal, aunque no respecto a la situación actual. Hoy, un contribuyente cuenta con una exención del 60% y solo tributa por el 40% de los beneficios logrados por al alquiler de una vivienda. Y si el inquilino tiene menos de 35 años, el casero tiene derecho a una exención fiscal del 100%. El borrador de reforma fiscal estableció una deducción única del 50%, diez puntos por debajo de beneficio fiscal actual. Finalmente, Hacienda ha rectificado y la reducción se quedará en el 60%. Sin embargo, la legislación que entrará en vigor en 2015 mantiene la idea original de no discriminar en función de la edad del contribuyente y, por lo tanto, desaparece la exención del 100% para los arrendadores con inquilinos menores de 35 años.
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La ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha avanzado que el Gobierno prevé poner en marcha en octubre un Plan de Empleo e Impulso a la Activación con especial atención a los parados de larga duración en situación de «especial necesidad», y que de momento se encuentra trazando el «mapa» entre el Estado y las comunidades autónomas para conocer el universo de personas a atender.
 Este plan se recoge en un documento de 21 páginas acordado con patronal con sindicatos, que Báñez ha presentado tras la reunión mantenida con los agentes sociales en el Palacio de la Moncloa, que ha estado presidida por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.
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