El Congreso ha aprobado el proyecto de ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo, que tiene como base las propuestas de reforma sugeridas en el Informe de la Comisión de Expertos presentadas al Consejo de Ministros el pasado 23 de mayo de 2014.

Este Proyecto supone la reforma del texto refundido por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, siendo clave por lo que a su contenido se refiere ya que, se han revisado y aprobado aspectos fundamentales del gobierno de las grandes empresas españolas y de los derechos de sus accionistas.

El gobierno corporativo o gobernanza es un concepto que ha ido adquiriendo una creciente importancia tanto desde una perspectiva económica como jurídica, promoviéndose las buenas prácticas o el “buen gobierno” por las incidencias positivas que éste puede tener en los distintos ámbitos. Se ha consolidado como un factor esencial para la generación de valor en la empresa, la mejora de la eficiencia económica y el refuerzo de la confianza de los inversores. Tal es la transcendencia, que se ha incorporado ya con carácter estructural y permanente a la agenda regulatoria de las autoridades y a los planes estratégicos de actuación de las instituciones privadas. Se trata, pues, de exigir más transparencia, más información por parte de las entidades, sobre su estructura corporativa, su forma de proceder, etc., que, si bien no garantiza completamente la no existencia de abusos, sí consigue un mayor control sobre estas entidades.

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Los ministros de Economía de los 28 han alcanzado este martes un acuerdo político para ampliar a todos los tipos de ingresos el intercambio automático obligatorio de información tributaria entre los Estados miembros. El objetivo de esta iniciativa, que se aplicará a partir de 2017, es reforzar la lucha contra el fraude y la evasión fiscal.

El compromiso, alcanzado por unanimidad como exigen las cuestiones fiscales, ha sido posible después de que Luxemburgo y Austria, los dos únicos países de la UE que mantienen el secreto bancario, levantaran sus reservas. El Ecofin ha aceptado darle un año extra de plazo a Austria para hacer los ajustes técnicos necesarios para implantar el intercambio automático.

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La Comisión de Hacienda del Congreso dio ayer el visto bueno a los tres proyectos de ley que integran la reforma fiscal con el único voto favorable del PP. CiU y PNVse abstuvieron después de pactar enmiendas transaccionales y el resto de la oposición voto en contra. Los acuerdos cerrados a última hora supondrán una mejora para pensionistas, autónomos y reducirá el IVA de los comedores escolares. En un primer momento, la reforma fiscal contemplaba que las personas que se hubieran jubilado antes de 2011 tendrían derecho a aplicar una reducción del 30% -antes era del 40%-  si rescataban su plan de pensiones en forma de capital (de golpe) antes del 31 de diciembre de 2016. Fecha que finalmente se amplía hasta el mismo día de 2018. La reducción se aplica sobre las aportaciones realizadas antes de 2006. En cualquier caso, este beneficio fiscal se mantiene siempre que el partícipe rescate de golpe su plan de pensiones en el momento de la jubilación o en los dos ejercicios siguientes.

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Las entidades de crédito españolas deberán ofrecer preavisos de al menos tres meses a aquellas pymes cuya financiación vaya a ser cancelada o notablemente reducida -un 35 % o más-. Esta es una de las medidas que se incluyen en el Proyecto de Ley de Fomento de la Financiación Empresarial, aprobado este viernes en Consejo de Ministros, cuyo objetivo es mejorar los canales de financiación de las empresas, en especial, las pymes, según ha asegurado el Ejecutivo.
De esta manera, las pymes que se vean afectadas por una reducción o cancelación de su financiación deberán recibir por parte de las entidadesun preaviso de tres meses, en tanto que también podrá pedir a la banca informes sobre su situación, o incluso su calificación crediticia, según ha explicado el ministro de Economía, Luis de Guindos, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
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El campo de la financiación para las pequeñas y medianas empresas españolas está viviendo una cierta revolución. Aunque el momento dista de ser dulce, la situación va tomando otro cariz. El volumen de nuevos préstamos concedidos por la banca a las pymes creció en el primer semestre del año por primera vez desde hace seis años, mientras que el coste de los créditos de menos de un millón de euros baja de media al 4,58% de interés, su mínimo desde 2011.
En paralelo, ayer entró en vigor la nueva ley de refinanciación de deuda empresarial, ideada para salvar a empresas altamente endeudadas, pero viables, flexibilizando los trámites del preconcurso de acreedores, por ejemplo. Hoy mismo, sin ir más lejos, el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar una nueva ley financiera que regule el crowdfunding, o micromecenazgo a través de plataformas de internet, y obligue a la banca a preavisar a las empresas cuando vaya a recortarles la financiación.
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