La consulta vinculante de la Dirección General de Tributos V0179-17, de 25 de enero, en la que, dando un giro al criterio seguido hasta ahora, se establece la sujeción al IVA de las prestaciones que perciben los abogados y procuradores de turno de oficio, ha generado confusión acerca de la incidencia de este cambio de postura en los obligados tributarios.Una de las principales dudas que se ha planteado sobre este tema es a quién corresponde el pago de ese 21% de IVA. Incluso se inició una campaña de recogida de firmas en change.org con el fin de evitar que los beneficiarios de justicia gratuita (aquellos que no tienen capacidad económica para costearse un abogado) tuvieran que hacer frente a esta cuantía.

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El Ministerio de Hacienda se pronuncia oficialmente a través de la Agencia Tributaria y anula la exención fiscal de abogados y procuradores cuyos servicios estén destinados al derecho de asistencia jurídica gratuita. La Resolución de la Dirección General de Tributos (DGT) en base a la consulta DGT V0179-17, de 25 de enero de 2017 es vinculante para Hacienda por lo que la Agencia Tributaria resuelve repercutir el IVA del turno de oficio desde el 26 de enero.

Según la Agencia Tributaria www.agenciatributaria.es , los servicios prestados por el turno de oficio se encuentran sujetos al tipo impositivo general del 21 % en relación con todas las operaciones cuyo devengo se haya producido a partir del 26 de enero de 2017.

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El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha asegurado hoy que trabajará para que el Ministerio de Hacienda reconsidere su decisión de aplicar el IVA a los abogados y procuradores del turno de oficio.

En declaraciones a los medios, recogidas por Efe, Catalá se ha referido así a la decisión de la Dirección General de Tributos de la Secretaría de Estado de Hacienda de considerar que los servicios que prestan los abogados y procuradores a los beneficiarios de la asistencia jurídica gratuita no están exentos del IVA, debiendo repercutir en factura el IVA al tipo impositivo del 21% a su beneficiario.

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El alud de críticas que ha recibido el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, por la subida de impuestos a las grandes empresas y la inseguridad jurídica que ha generado entre esas empresas no va a provocar un cambio en los impuestos. Nada más lejos de la realidad. Montoro ha recordado en su comparecencia en el Congreso que las medidas adoptadas durante el pasado ejercicio promueven que la tributación efectiva se aproxime a la nominal. «No se entiende que una pyme tribute al 18% y un grupo consolidado un 7%. No se entiende y no se puede aceptar. Hemos cambiado las condiciones, pero eso no se puede calificar de inseguridad jurídica», señaló.

El titular de Hacienda recordó que ya se hicieron cambios en 2011. «Les han venido bien para reducir su endeudamiento. Hemos hecho política por el interés general. A ustedes [refiriéndose a las granees empresas] les corresponde pagar más. No vamos a bajar más el gasto social tal y como piden. Hemos reducido el gasto público en 15.000 millones y hemos subido el gasto social, que es lo que promueve la cohesión social en España».

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Los autónomos y pymes no tendrán que justificar ante la Agencia Tributaria que no han cobrado el IVA cuando pidan un aplazamiento de una deuda tributaria si ésta es inferior a los 30.000 euros.

Una instrucción interna de este organismo dependiente del Ministerio de Hacienda, establece este criterio pues entiende que cuando un autónomo tiene una deuda por esta cantidad es que no se ha cobrado dicho impuesto. Por ello le permite el aplazamiento del pago de la deuda durante un periodo de seis meses si se trata de una persona física y de 12 si es jurídica.

La institución que dirige Santiago Menéndez publicó este viernes una nota aclaratoria sobre las normas de estos aplazamientos ante la confusión originada por el real decreto-ley, de 2 de diciembre, de medidas tributarias, que permitirá a Hacienda ingresar unos 1.500 millones de euros adicionales.

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