La Generalitat es la única comunidad que no ha modificado su escala impositiva para adecuarse a la reforma fiscal que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy y ello provoca que Cataluña se mantenga en 2017 como la comunidad autónoma que exige un esfuerzo fiscal mayor a las rentas bajas. Un contribuyente que gana 16.000 euros pagará en Cataluña 1.611 euros por IRPF, un 10% más que la media y un 12% más que Madrid, la región con menor presión fiscal sobre el trabajo. Para las rentas medias-altas y altas, Extremadura y Valencia son las comunidades que exigen un mayor esfuerzo fiscal.

Cataluña es la comunidad autónoma que mantiene una mayor presión fiscal para los salarios hasta 30.000 euros. Dentro de este límite se encuentran prácticamente ocho de cada diez declarantes del impuesto, según datos oficiales de la Agencia Tributaria. La mayor presión fiscal en Cataluña se explica porque es la única comunidad autónoma que no ha modificado su escala impositiva para adaptarse a la reforma fiscal que aprobó el Gobierno para 2015 y 2016 y que supuso una reducción de los tipos y los tramos impositivos. El IRPF es un tributo que está cedido al 50% a las comunidades autónomas, que tienen competencia para modificar la escala y los gravámenes. Con mayor o menor fidelidad, todas las autonomías han emulado en los últimos años la estructura estatal. Cataluña, en cambio, mantiene la escala anterior y, por ello, aunque no haya elevado el impuesto, su presión fiscal es superior.

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La Comisión Europea (CE) envió este miércoles un dictamen motivado a España pidiendo que modifique la normativa que obliga a los contribuyentes a declarar los bienes en el extranjero cuando superan los 50.000 euros. Se trata de la medida estrella que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy contra el fraude fiscal y que entró en vigor por primera vez en 2013. Los españoles han declarado hasta la fecha tener en el exterior más de 97.700 millones de euros.

Bruselas no critica que exista la obligación de informar sobre los bienes en el extranjero, pero ataca el duro régimen sancionador que lo acompaña. Las rentas en el exterior no declaradas –o declaradas fuera de plazo– se imputan como una ganancia patrimonial no justificada y reciben una sanción del 150%. Ello es así, incluso, si los bienes proceden de períodos ya prescritos. Es decir, la legislación establece una suerte de imprescriptibilidad que ha levantado muchas críticas.

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Los contribuyentes obligados a remitir los registros de facturación del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) en la Sede Electrónica de la Agencia Tributaria (AEAT) mediante el nuevo sistema de Información Inmediata (SII), que entra en vigor el 1 de julio de este año, deberán incluir la información de las operaciones realizadas durante el primer semestre del 2017.

Esta información deberá realizarse del mismo modo que el suministro de los registros de facturación, según se establece en el proyecto de orden por la que se regulan las especificaciones técnicas de SII, que la AEAT ha publicado en trámite de información pública.

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El sector óptico se enfrenta a una regularización fiscal masiva en el pago del IVA de las monturas de las gafas entre los años 2015 y 2016. La Agencia Tributaria comunicó el pasado lunes a la patronal sectorial Fedao que las 700 empresas de óptica que operan en España están obligadas a poner al día sus pagos en el IVA de este producto tras detectar que el sector no ha aplicado en los dos últimos años la subida del tipo del 10% al 21% aprobada en el año 2014, según explican a ELMUNDO fuentes conocedoras del proceso.

El departamento que dirige Cristóbal Montoro descarta lanzar en un primer momento una «inspección masiva» sobre el sector, según ha comunicado Fedao a sus asociados. No obstante, Hacienda va a recomendar por carta la regularización bajo la amenaza de sanciones. La patronal recomienda, en este sentido, que sus asociados acometan una liquidación complementaria a la mayor brevedad con el consiguiente recargo por intereses de demora. No obstante, la Agencia Tributaria estudia eliminar los recargos complementarios y limitar el pago a la regularización. La segunda opción pasaría por ponerse al corriente de pagos en la siguiente liquidación del IVA a presentar, si bien esta modalidad puede dar lugar a sanción.

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Terremoto fiscal para los abogados y procuradores de oficio. Hasta ahora, los servicios que prestaba este colectivo no estaban sujetos a IVA en la medida en que se entendía que eran obligatorios y gratuitos. Una interpretación que acaba de cambiar. Una reciente consulta vinculante de la Dirección General de Tributos (DGT) establece que los honorarios en los turnos de oficio, que son abonados a cargo de los presupuestos públicos, deberán gravarse al tipo del 21%. El cambio afecta a 44.000 abogados y ha generado una enorme incertidumbre en el colectivo.

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