Des del 2011, el pes del treball autònom a Catalunya no ha parat de créixer, fins a suposar el 17,2% de l’ocupació total, amb 530.547 persones. Amb aquesta evolució s’ha situat entre els primers llocs europeus, només superada per Grècia, Portugal, Itàlia o Polònia. La mitjana de la Unió Europea (UE) és del 15% i hi ha països que es tenen com a referents, com ara Dinamarca (8,3%), Alemanya (10,3%) o Suècia (10%), que estan molt per sota. La mitjana comparable extreta de l’enquesta de població activa (EPA) situa en el 16,8% la proporció del treball autònom sobre el total a Catalunya i per a Espanya és la mateixa.

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Las compañías se exponen a tener que hacer frente al pago de las sanciones por infracciones de tráfico si el empleado niega haber estado al volante del vehículo corporativo en el momento del incidente.

¿Qué pasa si un trabajador comete una infracción de tráfico con un vehículo de empresa y cuando es identificado por la compañía, a requerimiento de Tráfico, niega haber sido él? Así ha sucedido en un caso estudiado en una sentencia del Tribunal Constitucional en el que la compañía acaba siendo sancionada por incumplir el deber de identificación del conductor.

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Hacienda llevará al Consejo de Ministros de mañana la recuperación del proyecto SII (Suministro Inmediato de Información), que estaba llamado a revolucionar la gestión del IVA. En concreto, este programa contemplaba la obligación para las empresas de remitir a Hacienda información del IVA de todas las facturas emitidas y recibidas en tiempo casi real. En concreto, en un plazo de cuatro días. La Agencia Tributaria anunció el proyecto SII en 2014 y estaba previsto que entrara en vigor en enero de 2017, sin embargo, las distintas convocatorias electorales y la ausencia de un Gobierno con plena competencia dejaron en el limbo esta medida.

Ahora, Cristóbal Montoro resucita el proyecto que, en principio, afectará a 62.000 compañías, que son aquellas que tienen la consideración de gran empresa, son un grupo societario o están adscritas al régimen de devolución mensual. Puede parecer un número menor si se tiene en cuenta que en España hay más de un millón de empresas. Sin embargo, las 62.000 sociedades afectadas por el proyecto SII intervienen en el 85% de la facturación del IVA. Ello da idea de la relevancia del proyecto que quedó suspendido.

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El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, avanzó este miércoles que el Gobierno llevará al Congreso de los Diputados un nuevo plan contra el fraude fiscal que endurecerá el acceso al aplazamiento del pago de impuestos, restringirá los pagos en efectivo y elevará el control sobre las liquidaciones del IVA. Aseguró que estas medidas servirán para elevar los ingresos y cumplir el objetivo de déficit público de 2017.

Uno de los efectos de la crisis económica ha sido el incremento sin precedentes de las solicitudes de aplazamiento de impuestos. El número de peticiones pasó de 501.336 en 2007 a más de dos millones en 2013. Y el importe que se pidió postergar superó los 17.000 millones, una cifra inédita. Cristóbal Montoro anunció ayer en un debate sobre la revisión de la amnistía fiscal que el Gobierno adoptará medidas para endurecer la concesión de los aplazamientos de impuestos. En este ámbito, Hacienda ha adoptado ya medidas, aunque en sentidos opuestos. Así, a finales de 2013, la Agencia Tributaria emitió una instrucción interna en la que instó a denegar con carácter general todas las solicitudes de las empresas para aplazar las retenciones del IRPF de sus empleadas. Por otro lado, en octubre del año pasado, el Ministerio de Hacienda elevó de 18.000 euros a 30.000 euros el límite para solicitar moratorias en el pago de impuestos sin necesidad de presentar aval. Ello ha permitido agilizar la concesión de prórrogas fiscales.

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