La sorpresa ha sido generalizada. Las empresas conocían desde hace meses la intención del Gobierno de recuperar un tipo mínimo en los pagos fraccionados del impuesto sobre sociedades que se movería entre el 20% y el 25%. Sin embargo, no estaba previsto que se rebajara el umbral a partir del cual entra en acción la subida fiscal. Durante su vigente entre 2012 y 2015, el tipo mínimo afectaba a empresas con una cifra de negocio superior a 20 millones. Ahora, el Consejo de Ministros aprobará hoy un tipo mínimo del 23% que se aplicará a compañías que facturan más de 10 millones. Ello significa que la medida recaerá sobre unas 9.000 sociedades, más del doble de las inicialmente previstas. Para la banca, el gravamen mínimo será del 25%.

Establecer un tipo predeterminado en los pagos fraccionados implica que las empresas deben adelantar a Hacienda en el año en curso el pago del impuesto sobre sociedades que se liquida el ejercicio siguiente. Así, cuando se presente la declaración anual, a las empresas les saldrá una cuota a pagar menor o tendrán derecho a devolución. La decisión de Hacienda implica que el sector privado pierde liquidez a favor de la Administración.

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El Gobierno tiene previsto aprobar este viernes la reforma del pago fraccionado del Impuesto sobre Sociedades, con el fin de aumentar la recaudación y poder cumplir con el objetivo de déficit público comprometido con Bruselas para 2016, fijado en el 4,6% del PIB.

Fuentes de Hacienda han confirmado que el próximo Consejo de Ministros previsiblemente dará luz verde a esta reforma, que se hará mediante decreto ley, lo que permitirá que se aplique en el pago fraccionado que las grandes empresas tienen que liquidar en octubre.

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El próximo 3 de octubre entra en vigor la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy al final de la anterior legislatura y que modifica aspectos importantes en la relación de los ciudadanos con el sector público. Por ejemplo, la norma reformula las notificaciones administrativas. Hasta ahora, cuando un organismo público como Hacienda remitía un aviso a un ciudadano y no lo encontraba en casa, debía repetir el intento nuevamente en los tres días siguientes. Si resultaba infructuoso, el cartero dejaba un aviso en el buzón informando que la notificación se encontraba en la oficina de Correos.

A partir de ahora, cuando se produzca esta situación, la administración enviará un aviso al dispositivo electrónico o al correo electrónico del interesado informándole de la notificación y dando la posibilidad de descargarla por medios electrónicos. Este protocolo se realizará incluso cuando el ciudadano no haya expresado su preferencia por la notificación electrónica. Hacienda entiende que la medida ahorrará tiempo y dinero a los ciudadanos, que no deberán desplazarse para recoger la notificación. Y, en caso de que quieran acceder al aviso presencialmente, la normativa establece que podrán recoger el aviso en cualquier oficina de asistencia de las distintas administraciones.

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El IVA va camino de propiciar la única buena noticia para las finanzas públicas este año -con permiso de los 2.000 millones menos que gastaremos en el pago de intereses de la deuda-. La recaudación por este tributo se incrementó hasta finales de julio el 4,5% y apunta a récord histórico: a finales de año, y según estimaciones de este periódico, el impuesto indirecto más popular dejará en las arcas públicas cerca de 64.000 millones de euros, cifra que supera en casi 4.000 millones la del año anterior, que fue de 60.305 millones y constituyó ya de por sí un récord.

Este año será, de hecho, el octavo consecutivo de incremento recaudatorio por IVA. 2009 constituyó el annus horribilis para este impuesto, ya que por efecto de la recesión (el PIB cayó el 3,6%) y de la brutal caída del consumo de los hogares y las empresas, apenas dejó 33.567 millones al fisco. Desde entonces, la mejora supera el 90%, merced a las dos subidas del impuesto acometidas en 2010 y 2012 y a la recuperación, que han catapultado los ingresos por este concepto por encima de los 60.000 millones. El incremento global en este periodo supera el 90%, una mejora histórica que contribuye a aliviar el elevado déficit fiscal. Ahora se recauda un 3% más del PIB sólo por este concepto.

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En plena resaca de los gastos extra de las vacaciones y la vuelta al cole, la cuesta de septiembre puede ser para algunos mucho más empinada de lo esperado.

La inclinación extra puede venir marcada por una desagradable carta de la Agencia Tributaria: la notificación de que Hacienda le ha practicado una paralela en la declaración del IRPF, esto es, que se ha revisado su liquidación y se han detectado errores o discrepancias en los datos proporcionados. Es lo que técnicamente se denomina «propuesta de liquidación provisional», cuyo nombre popular responde a la configuración del documento, dividido en dos columnas paralelas para mostrar en la primera la información aportada por el ciudadano y, en la segunda, la que Hacienda considera correcta.

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