El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, ha avanzado hoy que el Gobierno planea reforzar el control de las liquidaciones del IVA y poner en marcha medidas para reducir los pagos en efectivo.

En respuesta a una interpelación del diputado de Ciudadanos Francisco de la Torre, Montoro ha explicado que estos planteamientos se enmarcan en un paquete de medidas, promovidas por la Agencia Tributaria, que el Gobierno está preparando para la lucha contra el fraude y que «pueden reportar importantes ingresos» a partir de 2017.

Entre estas medidas, figuran algunas «relativas al control de las liquidaciones del IVA», lo que no implicará la subida del impuesto, ha insistido Montoro, al tiempo que se abogará por «reducir los pagos en efectivo», una cuestión que no ha detallado.

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La carta de Hacienda a los amnistiados
«En fecha de 27 de septiembre de 2016 el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó, a propuesta del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, Proposición No de Ley por la que se instaba al Gobierno a “realizar con carácter urgente una revisión para garantizar que los sujetos pasivos beneficiados por la regularización fiscal del año 2012 tributen según el tipo del 10% por las cantidades afloradas previsto en la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo, dentro de los límites de la normativa tributaria”. Se adjunta el texto de la citada Proposición No de Ley para su conocimiento.

En relación con la revisión de estos contribuyentes, la Agencia Tributaria, desde la finalización del plazo de presentación del modelo 750, ha desarrollado, hasta la fecha, más de 3.400 actuaciones respecto de contribuyentes presentadores de dicho modelo, atendiendo a procesos masivos de análisis de riesgo que pudieran poner de manifiesto la existencia de rentas no declaradas en periodos impositivos no prescritos, ya fueran anteriores o posteriores a la presentación de la Declaración Tributaria Especial, así como la posible utilización improcedente de dicho modelo.

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Una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha declarado que la prestación por maternidad que abona la Seguridad Social está exenta del IRPF. La decisión contradice el criterio de la Agencia Tributaria. El efecto de la sentencia se circunscribe al caso en litigio y no genera jurisprudencia, pero abre la puerta a que las contribuyentes que han cobrado la prestación por maternidad desde 2012 reclamen la devolución del IRPF.

Cuando una trabajadora da a luz tiene derecho a 16 semanas de baja, que puede compartir en parte con el padre. Durante este período, la Seguridad Social es quien abona el sueldo a través de la prestación de maternidad, que equivale a la base de cotización. La Agencia Tributaria siempre ha defendido que esta ayuda debe tributar en el IRPF como un rendimiento del trabajo. Una postura que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid acaba de tumbar en una reciente sentencia. En ella, el TSJ considera que la prestación por maternidad entra dentro de las rentas exentas que contempla la ley del IRPF.

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El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña exige la cuota al trabajador, aunque le indica que puede repercutir sanción e intereses de demora a la empresa.

El TribunalSuperior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha establecido que el trabajador tiene responsabilidad si la empresa le ha efectuado una retención incorrecta en el IRPF, con lo que cargará con el pago de la cuota, aunque estipula que podrá repercutir a la empresa la sanción y los intereses de demora.

En una sentencia, considera que el trabajador es el sujeto pasivo de la deuda tributaria, pero que siendo del empresario la obligación de retener y efectuar el ingreso a cuenta, el empleado puede repercutir sobre el empresario las cantidades abonadas a la Agencia Tributaria en concepto de sanción e intereses por la demora.

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La tributación de la compra de oro por parte de empresas o profesionales ha desembocado en un largo conflicto entre las Haciendas autonómicas y las empresas del sector. Este tipo de negocios, que proliferaron durante la crisis en las grandes y medianas ciudades, se dedica a comprar oro y joyas a particulares para posteriormente revenderlos. En el proceso de adquisición, surge la duda de si la operación debe estar gravada y qué impuestos intervienen. Hay tres posibilidades: que la compra tribute por IVA, por transmisiones patrimoniales (ITP) o que esté no sujeta a ninguno de los dos tributos.

El socio del despacho Ático Jurídico, José María Salcedo, señala que la tributación por IVA no corresponde porque en la operación participa una persona física. Así, la duda se encuentra en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales, un tributo que recaudan las comunidades autónomas y sobre el que tienen amplia competencia. Como explica Salcedo, el criterio seguido por el Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) fue el de considerar que la compra de oro por parte de una empresa sí debía tributar. Un criterio que contradecía el fijado por el Tribunal Supremo en distintas sentencias y que han seguido los Tribunales Superiores de Justicia. “La situación era absurda”, resume Salcedo. La Administración tributaria exigía el pago del impuesto sobre transmisiones patrimoniales, practicaba liquidaciones e imponía sanciones a los negocios dedicados a la compra de oro que, posteriormente, los tribunales de justicia anulaban.

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