Los empresarios pusieron ayer sobre la mesa del diálogo social para modernizar el mercado de trabajo su propia propuesta para la reforma que pide Bruselas antes de fin de año. Lejos de suponer un acercamiento de posturas, el texto de las organizaciones empresariales se aleja bastante de la última propuesta del Gobierno, que ya incluía cesiones a las partes patronales y sindicales.
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El dato adelantado del IPC de noviembre permite hacer el cálculo ya de cuánto se revalorizarán los 9,8 millones de pensiones en 2022. Siempre teniendo en cuenta que la confirmación no será publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) hasta el 15 de diciembre, si se confirma que la inflación de noviembre se situó en el 5,6%, las nóminas de los pensionistas subirán un 2,5% el año que viene, cuando empieza a aplicarse la nueva fórmula de revalorización acordada por el Pacto de Toledo y que utiliza el IPC interanual promedio de doce meses para calcular el alza.
La media de los 12 meses (diciembre 2020-noviembre de 2021) es del 2,5%. Es el dato que le faltaba al Gobierno y por el que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2022 aprobados en el Congreso no contemplaban la cifra concreta. Sí recogían ya las cuentas públicas la subida de las mínimas y no contributivas, acordada en un 3%.
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El Estatuto de los Trabajadores permite a las trabajadoras víctimas de violencia de género que suspendan su contrato de trabajo, si así lo deciden, cuando se vean obligadas a abandonar su puesto de trabajo como consecuencia de ser víctimas de violencia de género. También permite que el contrato se extinga por el mismo motivo.
Suspensión del contrato
Desde el 8 de marzo de 2019 la situación de violencia de género interrumpe el cómputo de la duración de:
– los contratos en prácticas; y
– para la formación y el aprendizaje.
También puede pactarse que interrumpa el cómputo del periodo de prueba.
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Cuando una persona trabajadora, víctima de violencia de género, se ve obligada a abandonar el puesto de trabajo en la localidad donde venía prestando sus servicios, tiene derecho preferente a ocupar otro puesto de trabajo, del mismo grupo profesional, que la empresa tenga vacante en cualquier otro de sus centros de trabajo. Para ello, la empresa debe comunicar las vacantes existentes en ese momento o las que se puedan producir en el futuro.
La duración inicial de este traslado o cambio de centro es de 6 meses, durante los que la empresa está obligada a reservar el anterior puesto de trabajo. Una vez terminado este periodo, al trabajador afectado tiene la opción de regresar a dicho puesto o continuar en el nuevo, en cuyo caso decae la obligación de reserva.
Las empresas que formalicen contratos de interinidad para sustituir a estos trabajadores que ejerciten su derecho a la movilidad geográfica o al cambio de centro de trabajo, tienen derecho a una bonificación.
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En la relación laboral que mantiene con su empresa cuando firma un contrato de trabajo, el trabajador tiene una serie de derechos a los que se suman también ciertas responsabilidad obligaciones que, de incumplirse, pueden conllevar incluso un despido y la finalización de la relación y la extinción de contrato correspondiente.
En estos procesos la empresa puede decantarse por un despido disciplinario, regulado en el Estatuto de los Trabajadores, que lo define como el que está basado «en un incumplimiento grave y culpable del trabajador».
En el artículo 54 del Estatuto de los Trabajadores se recogen las causas por las que el empresario puede iniciar ese despido: faltas repetidas e injustificadas o impuntualidad en el trabajo, indisciplina o desobediencia, ofensas verbales o físicas al empresario, compañeros o sus familiares, la transgresión de la buena fe contractual, el abuso de confianza, la embriaguez, la toxicomanía, la disminución del rendimiento deliberada o el acoso por causas de origen étnico, racial, de religión, orientación sexual, convicciones, edad, discapacidad…
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El Gobierno aprobó ayer en el Consejo de Ministros el primer informe del anteproyecto de ley de fondos de pensiones de promoción pública y planes simplificados, diseñado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en colaboración con el resto de ministerios económicos. El texto recoge la arquitectura básica de una de las medidas estrella de este Ejecutivo en materia de previsión social complementaria, que ahora se someterá a los informes pertinentes para ser aprobado en una segunda lectura por el Gobierno antes de final de año y para que este vigente antes de que acabe de junio de 2022.
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En buena parte de los casos, los trabajadores tienen derecho a cobrar el paro, la prestación contributiva por desempleo, cuando se quedan sin trabajo. Sin embargo, lo que ya depende de cada situación es el tiempo durante el cual se puede cobrar esta ayuda.
El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha recordado en su perfil de la red social Twitter que la duración del paro depende de la cotización previa que el trabajador realizó en concepto de desempleo. En su página web, el organismo detalla esta explicación: «Se calcula teniendo en cuenta el tiempo de ocupación cotizado a desempleo durante los seis años anteriores a la situación legal de desempleo o al momento en que terminó la obligación de cotizar, o en su caso, desde el nacimiento del derecho a la prestación de desempleo anterior».
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Comenzar una actividad como autónomo supone sumergirse en un mundo con no pocas particularidades. En el momento del alta inicial en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), el ciudadano asume las obligaciones que implica ese registro, como la cuota que hay que pagar mensualmente a la Seguridad Social. Aunque, en este punto, puede beneficiarse de la famosa tarifa plana de autónomos.
Esta tarifa plana permite a los autónomos reducir el pago mensual en cuotas a la Seguridad Social durante el primer año de existencia de su actividad, esa época en la que el negocio puede resultar especialmente complicado por la dificultad de generar ingresos regulares y por la tendencia a tener mayores pérdidas.
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El incremento de la cotización a la Seguridad Social de 0,6 puntos entre 2023 y 2032 pactado recientemente entre el Gobierno y los sindicatos con el rechazo patronal, para costear parte del incremento de gasto que supondrán las jubilaciones de los nacidos en el baby boom, no solo afectará a los 16,35 millones de asalariados y a sus empleadores sino que también los 3,3 millones de trabajadores autónomos tendrán que abonar este aumento en su cuota.
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El incremento lo asumirán fundamentalmente las empresas. La distribución de la subida será de un sobrecoste de 0,5 puntos para las compañías y de 0,1 de incremento para el trabajador.Precisamente este reparto ha sido uno de los principales argumentos en contra por parte de la patronal CEOE, que lo considera injusto por sobrecargar a las empresas con más costes.
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