La globalización y la digitalización favorece la contratación por parte de autónomos de  ciertos servicios y empleados fuera de nuestras fronteras. Especialmente en el ámbito de la digitalización es posible que un profesional por cuenta propia necesite de ciertas habilidades o experiencia que no encuentre con facilidad en su entorno.

En estos casos, ¿puede el autónomo en cuestión deducirse las cuotas de empleados en el extranjero? Esto es, precisamente, lo que un informático ha preguntado a Hacienda.

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Va faltando menos para que arranque la campaña de la declaración de la Renta correspondiente al ejercicio 2021, que este año dará comienzo el día 6 de abril hasta el 30 de junio. Una de las principales novedades es el cambio de los tramos -porcentajes- del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF), que pasan a ser seis en vez de cinco.

PSOE y Unidas Podemos pactaron incluir en los Presupuestos Generales del Estado de 2021 una subida impositiva para las rentas más altas y, en conjunto, afectarán a cerca de 36.200 contribuyentes, un 0,17% del total. El nuevo tramo (el sexto) aplicable contempla un aumento de dos puntos del tipo estatal que grava las rentas del trabajo de más de 300.000 euros, hasta el 47%.

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Faltar al compromiso de contratar a alguien en el último momento puede tener consecuencias para la compañía. Así lo ha determinado el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid en una sentencia, en la que ha condenado a la empresa, que ofreció empleo a una mujer y que después se echó atrás, a pagarle una indemnización de 3.600 euros (consulte el texto aquí).

La trabajadora tras recibir la oferta oficial para incorporarse a su nuevo empleo abandonó voluntariamente el que era su puesto de trabajo en ese momento en otra empresa. Sin embargo, apenas un día antes de la fecha fijada para comenzar a trabajar en la nueva compañía, ésta le comunicó que finalmente no iban a contratarla porque habían recibido malas referencias suyas.

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Las empresas que estando en Erte o dentro del Mecanismo RED contraten a personas para cubrir funciones que pueden ser desarrolladas por su personal tendrán que abonar una sanción que oscila entre 1.000 a 2.000 euros en su grado mínimo, de 2.001 a 5.000 euros en su grado medio y de 5.001 a 10.000 euros en el máximo. La gran novedad es que antes de la entrada en vigor de la reforma laboral, las infracciones graves similares se sancionaban con 8.000 euros por empresa y a partir de hoy será de hasta 10.000 euros, por cada trabajador contratado.

Esta infracción -aprobada en los últimos días de negociación- sometida a esta nueva modalidad de sanción, se suma a otra queel Gobierno presentó en el borrador del 25 de noviembre sobre la transgresión de los contratos temporales en fraude de ley. Regulada por el artículo 7.2 de la Lisos, ya se añadía específicamente que «a estos efectos se considerará una infracción por cada una de las personas afectadas».

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