El Comité Europeo de Derechos Sociales, órgano que vela porque se cumpla la Carta Social Europea, critica que España limite a los jueces la posibilidad de que los trabajadores reciban una indemnización adicional adecuada por los perjuicios causados por un despido improcedente. El Comité hace este reproche en el marco de los despidos por embarazo o durante la baja de maternidad.

Con esta conclusión ya deja entrever cuál será su resolución sobre las dos reclamaciones de CCOO y UGT de 2022 admitidas a trámite para cambiar el sistema de indemnizaciones por despido y valorar indemnizaciones adicionales, respuesta que se prevé que llegue a inicios de 2025.

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El Tribunal Supremo ha establecido que debe ser la empresa —y no la Seguridad Social— la que debe hacerse cargo de la baja médica de una empleada que sufrió un accidente no laboral y a la que la compañía no tenía dada de alta en el sistema. En una sentencia fechada el pasado 21 de febrero, y conocida ahora, la Sala de lo Social rechaza el recurso de una empresa contra un fallo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) de mayo de 2020.

El caso se remonta a septiembre de 2014, cuando una trabajadora, que desempeñaba labores de comercial desde junio de ese año, sufrió fuera de su horario laboral una fractura por la que causó baja hasta mayo de 2015. El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) denegó en aquel momento la prestación porque la trabajadora no estaba de alta o situación asimilada en el sistema cuando sucedieron los hechos.

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El Gobierno pactó el año pasado una reforma de las pensiones que incluía una mejora sustancial para los trabajadores parciales. La nueva norma estableció que un día trabajado por estos empleados equivalía a un día cotizado, al igual que para los trabajadores a jornada completa. Es una situación mucho mejor que la que regía cuando se beneficiaban de un coeficiente multiplicador de 1,5. Lo que no se esperaba es que este cambio, por el camino, perjudicase a otro colectivo de empleados, los fijos discontinuos. El Gobierno ha planteado este lunes en la mesa de diálogo de Seguridad Social abordar este asunto. Los sindicatos indican que el departamento de Elma Saiz se ha comprometido a solucionarlo.

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El recorte de la jornada laboral a 37,5 horas a partir de 2025 que están negociando por un lado de forma bilateral patronal y sindicatos y, por otro, en un formato tripartito, los agentes sociales junto al Ministerio de Trabajo incluye toda una serie de cambios posibles que afectarían a la regulación del tiempo de trabajo en España. Entre esos asuntos, la normativa sobre las horas extra —con las que se compensarían las necesidades productivas cuando la jornada máxima legal sea de 37,5 horas—, será una cuestión clave. Además, el sindicato UGT, ha planteado este jueves que la realización de horas extra se incorpore también como uno de los nuevos parámetros que los agentes sociales están negociando con la Seguridad Social para poder adelantar la jubilación, sin penalización, por desgaste del trabajador.

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