La primera reunión sobre la reducción de jornada, el principal eslogan del acuerdo de Gobierno de PSOE y Sumar, se cerró el 25 de enero con deberes autoimpuestos para sindicatos y patronales. Ambas partes propusieron mantener una negociación paralela en la que definirían los detalles sobre cómo ejecutar el recorte de la jornada ordinaria. El Gobierno aceptó ese planteamiento y, a la vez, mantuvo abierto el diálogo tripartito para aportar su punto de vista. Hubo una segunda reunión en el ministerio el 19 de febrero y este jueves se ha celebrado la tercera, a la que los agentes sociales llegaron sin acuerdos sustanciales alcanzados por su cuenta. Este encuentro con la participación de Trabajo no ha cambiado las cosas, y al término del mismo ni siquiera han comparecido los sindicatos, que suelen hacerlo, para ofrecer su valoración de la reunión. Pero el acuerdo puede tomar impulso en breve: una vez logrado el acuerdo para reformar el subsidio de paro, el departamento de Yolanda Díaz prioriza esta negociación.

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Las empresas no pueden prorratear las pagas extraordinarias de los trabajadores si el convenio colectivo lo prohíbe. Tampoco pactar esta forma de cobro con la plantilla. En caso de incumplir el convenio, los trabajadores pueden reclamar dichas pagas, incluso si se las hubieran ingresado ya en la nómina mes a mes.

Así se desprende de una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (cuyo texto puede consultar aquí). El fallo ordena a una empresa de Las Palmas a abonar a un trabajador despedido tres pagas extras no incluidas en su finiquito. Aunque en la práctica se aceptó la prorrata, el convenio colectivo prohibía expresamente esa posibilidad. Por esta razón, el tribunal considera todo pago a prorrata como “salario ordinario” y permite al cesado cobrar las pagas de modo independiente.

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Los detectives privados no pueden investigar a sus objetivos en sus domicilios particulares. Sin embargo, una sentencia acaba de exceptuar de esta regla las partes exteriores de las viviendas, como las azoteas, cuando los hechos inspeccionados puedan observarse desde la calle.

Así se desprende de un reciente fallo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Canarias (cuyo texto puede consultar aquí), que declara lícito el informe de un detective que vigiló, exclusivamente, la azotea de la casa de un trabajador que estaba de baja. El tribunal concluye que los hechos informados eran fácilmente visibles desde el exterior y, por ello, no resultó afectada la intimidad del vigilado. El informe sirvió para que su empresa lo despidiera, pues fue sorprendido realizando trabajos de albañilería durante una baja médica.

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La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) confirma la sentencia nº 142/2023, de 28 de noviembre, del Juzgado de lo Social único de Eibar que reconoció el derecho de un trabajador a recibir una indemnización adicional de 30.000 euros por daños y prejucios, además de la compensación económica por despido improcedente de 493,49 euros. 

La sentencia resuelve el caso de un trabajador que cesó de un empleo indefinido en la empresa Roda Iruna, S.A. para comenzar una nueva etapa laboral como técnico de personal del ayuntamiento de Oñati, que le prometió un contrato de al menos un año y máximo hasta tres. Sin embargo, al mes extinguieron su contrato de forma verbal argumentando un error en la contratación, lo que conforme a la normativa nacional supone una indemnización tasada en 493,49 euros. Compensación que el trabajador consideró insuficiente para la reparación de los daños y prejuicios.

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