El pasado 18 de enero conocíamos una novedosa sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea según la cual, la incapacidad permanente de un trabajador no puede ser causa de extinción automática de un contrato laboral. 

Esta causa de extinción de la relación laboral, sin embargo, estaba reconocida hasta el momento en el artículo 49.1 del Estatuto de los Trabajadores, con la salvedad de que “dicha situación tenga una previsión de mejoría en el plazo de dos años”.

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El Tribunal Supremo ha estimado que los convenios colectivos se deben aplicar a todos los trabajadores de una empresa, aunque su categoría profesional no esté recogida.

De esta manera se anula el fallo del juzgado de lo Social de Lugo y del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, y se estima la demanda de una trabajadora que realizaba labores de peón en el Grupo Municipal de Intervención Rápida (Grumir) del Concello de Viveiro en Lugo, y que reclamaba la diferencia salarial entre su sueldo y el de una limpiadora, correspondiente al salario mínimo reconocido en el convenio.

En este recurso de casación para la unificación de doctrina, el tribunal señala que “lo que no cabe es que, por no figurar en el convenio colectivo la categoría asignada al trabajador, la entidad empleadora deje de aplicar a ese trabajador un convenio colectivo que está constitucional y legalmente obligada a aplicarle”.

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El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha presentado a la Secretaría de Estado de la Seguridad Social una lista de once nuevas condiciones médicas para ampliar los casos en los que los trabajadores con discapacidades del 45% o más pueden optar por la jubilación anticipada.

El propósito de esta propuesta, según el Cermi es implementar lo establecido en el Real Decreto 370/2023, de 16 de mayo, que contempla la inclusión de nuevas condiciones médicas que generen discapacidad, permitiendo así la jubilación anticipada, y su posterior actualización y ampliación.

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Las empresas no pueden alegar el impago de sus clientes para evitar ser multadas por falta de ingreso de sus cotizaciones sociales. Por tanto, y con independencia del origen de su insolvencia, serán sancionadas por la Administración, sin que esta eventualidad se considere, a efectos legales, una situación extraordinaria de fuerza mayor.

Así lo expresa una reciente sentencia de la Audiencia Nacional (cuyo texto puede consultar aquí), que confirma la sanción de más de 105.000 euros impuesta por el Secretario de Estado de la Seguridad Social y Pensiones a una empresa que no pagó 132.000 euros en concepto de cuotas a la Seguridad Social. La mercantil alegó que, a pesar de sus esfuerzos, no había podido cobrar las deudas de sus clientes. El fallo, sin embargo, descarta equiparar esta eventualidad a una fuerza mayor que, de acuerdo con la normativa, habría impedido la multa.

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