El Tribunal Supremo en una reciente sentencia, ha unificado doctrina estableciendo que una sociedad disuelta y liquidada tiene personalidad jurídica a efectos del pago de las deudas que tenga pendientes, por tanto puede ser demanda para que cumpla con ellas.

En este caso, una mujer compró un piso a una promotora que más tarde se disolvió y fue liquidada. Cuando la compradora quiso reclamar a la sociedad determinados defectos en la vivienda, demandó a dicha empresa para que se hiciera cargo de las reparaciones necesarias para que el piso tuviera las condiciones  que se pactaron en el contrato de compraventa. La sociedad liquidadora fue quien en representación de la promotora, que ya estaba disuelta, compareció y contestó a la demanda.

En primera instancia, el juzgado condenó a la promotora vendedora a reparar el perjuicio derivado del cumplimiento defectuoso de su prestación, es decir, volver a instalar correctamente el terrazo del piso, conforme a lo convenido, a pesar de estar disuelta y liquidada. Y en el caso de que no lo hiciera, al pago del coste de reparación que cifraba en la cantidad reclamada, 48.822,39 euros.

La sentencia fue recurrida en apelación por la empresa liquidadora ante la Audiencia provincial de Valencia, que revocó la resolución anterior y decidió que la sociedad demandada carecía de capacidad para ser parte. Los razones en las que basó su fallo fueron que la empresa estaba disuelta, liquidada e inscrita en el Registro Mercantil la correspondiente escritura de disolución y liquidación en el momento en el que se presentó la demanda. Ante esta resolución la dueña del piso interpuso un recurso de casación.

Finalmente, el Supremo ha unificado doctrina sobre este asunto del que existían pronunciamientos contradictorios, determinando que «no debe privarse a [...]

Casi dos años ha durado la cruzada de Naty López, de 35 años, para lograr que el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) reconozca su incapacidad para desarrollar su trabajo habitual, de auxiliar administrativa. La joven atesora una historia clínica con un infarto de miocardio en 2011 y un ictus en 2014, una dolencia de la que todavía arrastra secuelas. En 2015, la joven pasó varias semanas acampada ante el Instituto Catalán de Evaluaciones Médicas (ICAM) después de que el organismo, encargado de evaluar las bajas médicas, le diese el alta al considerarla apta para trabajar. Ahora, un juez reconoce que Naty «debe ser declarada en situación de incapacidad permanente total para su profesión habitual».

«¿Quién va a contratar a una persona que tiene que ir al médico al menos tres veces por semana?», cuestionaba allá por 2015 la joven desde su tienda de campaña. Según el médico forense citado en la sentencia, Naty arrastra, como consecuencia del ictus, una afasia de expresión (un trastorno del lenguaje) y cefaleas similares a la migraña. Además, padece un trastorno neuropsicológico y un trastorno ansioso-depresivo. «La demandante presenta dificultades de memoria, estado de ánimo ansioso-depresivo, afasia leve con bloqueo del lenguaje, alteración de la velocidad de procesamiento, alteraciones en la flexibilidad mental y en la fluencia verbal y dificultades en el cálculo», reza el documento. Todas estas secuelas han inclinado la balanza a favor de Naty. «No está en condiciones de desempeñar su profesión habitual», concluye el juez.

La historia de Naty fue el germen de la PAICAM, la plataforma de afectados que denunciaba las «altas injustificadas» del organismo catalán. Con su protesta, la joven se convirtió en un símbolo de la lucha contra las decisiones del ICAM, [...]

Las vendedoras ocasionales de Thermomix en España han disparado las alarmas por las recientes inspecciones laborales que han terminado en sanciones. Una sentencia judicial contra una comercial ocasional de Valencia le ha obligado a pagar en cuotas de autónomos el triple de lo que había ingresado con la venta ocasional de la Thermomix.
La ama de casa, tras haber vendido una Thermimix durante 3 meses seguidos, fue condenada a pagar unos mil euros por concepto de tres meses de cuota de autónomos en la Seguridad Social tras haber ingresado apenas 300 euros, según ha informado la Asociación de Trabajadores Autónomos, ATA.
El juzgado concluyó que la ama de casa tenía una actividad aconómica habitual a pesar de sus bajos ingresos. El caso ha conmocionado a las amas de casa que venden el robot de cocina para generar ingresos adicionales y temen una inspección sorpresa que les obligue a incurrir en pérdidas.

Nueva estructura de ventas
Para evitar nuevos conflictos con la inspección del trabajo, Thermomix acaba de modificar la estructura de su red de vendedoras en España. La compañía que lidera la venta de robots de cocina ha decidido clasificar a los comerciales en dos grupos: los vendedores regulares, que están dados de alta como autónomos en la Seguridad Social, y los ocasionales que no alcanzan en un año el salario mínimo interprofesional.
La empresa alemana ha recibido inspecciones laborales para aclarar la situación de sus 8.500 comerciales que venden el robot de cocina en presentaciones privadas y con el sistema de puerta fría, según reconoció a este medio Ignacio Fernández-Simal, director de Themomix en España.

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La polémica sobre si las empresas están o no obligadas a registrar a diario la jornada de sus trabajadores podría haber llegado a su fin. Y el veredicto es que no están obligadas. Así lo acaba de admitir la Inspección de Trabajo, después de dos sentencias del Tribunal Supremo en ese sentido, que ya han dictado jurisprudencia.

De esta forma, la Inspección acaba de emitir una nueva instrucción interna, a la que ha tenido acceso CincoDías, en la que se “complementa” otra instrucción anterior de marzo de 2016, en la que se pedía a los inspectores y subinspectores de Trabajo que exigieran a las empresas el registro diario de jornada como método obligatorio para poder comprobar si existía la realización de horas extras. De no existir este registro, la Inspección podía considerarlo infracción grave en materia de jornada, lo que reporta sanciones de hasta 6.260 euros.

Pero lo cierto es que en lugar de “complementar” la instrucción de 2016, lo que ha hecho en realidad la Inspección de Trabajo es una rectificación en toda regla.

En la citada instrucción de 2016, este organismo decidió exigir este registro diario de la jornada laboral a las empresas, a pesar de que el Estatuto de los Trabajadores solo lo requiere para los trabajadores a tiempo completo y solamente si el empleado hacía horas extra.

Esta decisión estuvo motivada por tres sentencias de la Audiencia Nacional –del 4 de diciembre de 2015 (caso Bankia); del 19 de febrero de 2016 (caso Abanca) y del 5 de mayo de 2016 (caso Sabadell)– en las que se indicaba esta obligación de registro de la jornada, aunque no se realizaran horas extraordinarias en la compañía. Tras estos pronunciamientos, los inspectores de Trabajo recibieron, por tanto, [...]