Las empresas tienen que establecer normas generales para regular el reparto de los días, pero deben ofrecer flexibilidad para adaptarse a las necesidades de sus empleados.
La llegada de los meses de verano es sinónimo de vacaciones para la mayoría de empresas españolas. Pero en algunas compañías el reparto de estos días libres provoca enfrentamientos entre los compañeros y caos en la organización debido a la ausencia de una parte importante de la plantilla. En muchos casos, estos problemas están provocados por estructuras que siguen viejas rutinas, poco eficaces y sin flexibilidad para adaptarse a los casos individuales.

«Muchas empresas se obsesionan con mantener sus procesos productivos durante este periodo e infravaloran la importancia que las vacaciones tienen en los índices de satisfacción del personal, especialmente entre las nuevas generaciones», afirma Luis Goyares, director de People Excellence. Para satisfacer ambas necesidades, las empresas deben adoptar unos sistemas en los que establezcan los estándares básicos de funcionamiento, pero que se ajusten a las características de cada departamento y a las preferencias de sus empleados.

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La Constitución Española, en su artículo 37.1, concreta la posibilidad de negociación de los representantes de los trabajadores y establece la obligación de regular legalmente ese derecho. Debido a la difícil situación en la que se encuentran los representantes de los trabajadores en las empresas, teniendo que negociar las condiciones laborales y defender los intereses de sus compañeros enfrente de la dirección, su puesto de trabajo está revestido de una protección especial que garantice el ejercicio de esta representación libremente.

Los representantes de los trabajadores encuentran reguladas sus garantías mínimas en el artículo 68 del Estatuto de los Trabajadores, que luego podrán ser ampliadas en los convenios en los que así se decida. Una de ellas establece la obligación de abrir un expediente contradictorio cuando se sancione al representante por faltas graves o muy graves, con trámite de audiencia y posibilidad de rebatir los hechos de los que se le acusa. En materia de despidos en la empresa, tiene prioridad de permanencia respecto de los demás empleados cuando el despido se produzca por causas tecnológicas o económicas.

Otra de las garantías es la imposibilidad de ser despedido durante el ejercicio de sus funciones ni hasta un año después de que abandone sus funciones. Sin embargo, existen situaciones en las que la justicia ha dado la razón a la empresa a la hora de despedir a un trabajador que ostentaba el cargo de miembro del comité de empresa y, por tanto, representante de los trabajadores, cuando este no tenía relación con sus actividades representativas.

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La proposición de ley de Ciudadanos para atajar la morosidad llega al Pleno del Congreso de los Diputados. En concreto, la formación naranja propone el establecimiento de un régimen sancionador, con multas de entre 60 y 819.780 euros para aquellos que contraigan deudas con las empresas, especialmente pymes, las más afectadas por este tipo de prácticas. Asimismo, se busca poner en marcha un sistema de arbitraje que dirima los conflictos entre empresas.

Estas sanciones quedaron ya recogidas en el pacto de investidura que Ciudadanos firmó con el PP. Sin embargo, ante la pasividad de esta formación política, el pasado mes de mayo Ciudadanos registró su iniciativa. La misma está auspiciada por asociaciones de autónomos, pymes y la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMCM).

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La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha concretado finalmente hoy, la cuantía de la ayuda que el Gobierno estaba estudiando para los jóvenes desempleados y sin formación. Esta ayuda,será en forma de complemento salarial y consistirá en 430 euros mensuales para aquellos jóvenes conocidos comúnmente como ninis (que ni estudian ni trabajan) que logren que les hagan un contrato de formación.

Así, cobraran lo estipulado en dicho contrato más los citados 430 euros. Teniendo en cuenta el salario de los contratados para formación no puede ser inferior al salario mínimo interprofesional (707,70 euros en 2017), los futuros beneficiarios de estas ayudas pasarán a cobrar como mínimo 1.138 euros al mes. El tiempo de cobro de este complemento salarial podría ser de hasta 18 meses, si bien este punto aún no es definitivo.

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