La justicia ha condenado a una gestoría por realizar un trámite tributario a un cliente sin seguir lo que preveía la norma, lo que resultó en una sanción para la demandante. La Audiencia Provincial de Navarra confirma, en su sentencia (disponible en este enlace), la responsabilidad contractual de la gestoría y la condena a resarcir el 50% de la cantidad reclamada.

La demandante contrató los servicios de la entidad demandada para tramitar las gestiones de aceptación de herencia y liquidación de impuestos. Presentada la liquidación aplicando un tipo beneficiado, la administración tributaria reformuló propuesta de liquidación e incoó un expediente sancionador administrativo del que derivó una sanción cuyo importe reclama la demandante a la gestoría.

Considera el tribunal que el punto nuclear de la controversia es el relativo a la identificación de quién decidió presentar la autoliquidación tributaria aplicando un tipo beneficiado a todas luces improcedente.

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El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, insistió en la entrevista realizada hace escasos días con elEconomista en que la reforma de pensiones que negocia el Gobierno con los agentes sociales en este momento no afectará a aquellos trabajadores y ciudadanos que estén en este momento a punto de jubilarse o preparando una salida anticipada del mercado laboral. Ahora, fuentes de Moncloa confirman a este medio que en efecto se abrirá una ventana hasta el próximo 30 de septiembre para que las empresas den a conocer sus planes de ajuste de plantilla para los próximos meses y, más concretamente, sobre las posibles salidas por la vía de la jubilación anticipada y así garantizar que estos trabajadores no se vean afectados por el endurecimiento de los coeficientes reductores, que precisamente se agravarán en la cohorte de las rentas más altas -ya que son estas las que más anticipan la jubilación y donde más se eleva la penalización, mientras que se reduce en el 90% de casos restantes-.

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La vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha asegurado este martes tras la celebración del Consejo de Ministros, que el Gobierno realizará una reforma «de fondo, de calado», para reducir el uso excesivo de los contratos temporales y que se exigirá a las empresas una mayor justificación de los mismos. «El principio fundamental de la contratación en España va a ser la estabilidad en el empleo y sólo se va a acudir a una modalidad temporal cuando exista una causa que lo justifique», ha explicado la ministra, quien ha evitado dar más detalles ya que todavía continúan las negociaciones al respecto con la mesa de diálogo social.

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La coyuntura económica ocasionada por la pandemia ha originado que muchos profesionales se hayan visto avocados a solicitar ayudas, dando lugar a numerosas dudas acerca de cómo han de tributar ese tipo de ingresos.

En este sentido, la Subdirección General de Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas (SGIRPF) aclara, en una reciente consulta vinculante (cuyo texto puedes ver aquí), que se considerarán rendimientos de actividades económicas las cantidades otorgadas por una fundación privada, establecidas como consecuencia de la crisis provocada por la epidemia de Covid-19. La consulta fue elevada por una abogada en ejercicio en referencia a las ayudas concedidas por parte de la citada fundación para poder financiar las cuotas del Colegio de Abogados.

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